Consumo expedienta a otra gran inmobiliaria por imponer cláusulas «abusivas» como contratar un seguro de impago

el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente sancionador a otra gran inmobiliaria por posible prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler. En esta ocasión no se conoce el nombre, pero desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy aseguran que se trata de una empresa que «alquila miles de viviendas» en varias comunidades autónomas.

Consumo ha detectado cuatro potenciales infracciones como obligar a la parte arrendataria a contratar un seguro de impago o la incorporación «de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión». También habla de una penalización «desproporcionada» por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, así como de la incorporación de una cláusula que impone al inquilino gastos y penalizaciones «injustificados» relacionados con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de los mismos.

En caso de ser consideradas como «muy graves», las multas podrían ser de hasta un millón de euros por cada una de las infracciones, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Por lo que está agencia inmobiliaria se enfrenta a una sanción de hasta 4 millones de euros.

Con este ya son tres los expedientes de este tipo que abre Consumo. En marzo de 2025 lo hizo con Alquiler Seguro, y el pasado abril ratificó una multa de 3,6 millones de euros, también por «prácticas abusivas» contra sus inquilinos por cometer seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave. Además, en junio de 2025 abrió un segundo expedientes, del que tampoco ha transcendido el nombre de la agencia inmobiliaria.

Tampoco han escapado del control de Consumo los portales inmobiliarios, y es que a algunos también se les ha abierto expedientes por incluir anuncios de alquileres en zonas tensionadas con precios que están por encima de la ley.

Aunque por el momento el más afectado ha sido Airbnb. La cartera dirigida por Pablo Bustinduy impuso a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas una multa de 64 millones por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia. Esto es seis veces por encima del beneficio que obtuvieron.

La Dirección General de Consumo es la que se está encargando de estos expedientes y recuerda que su apertura «no prejuzga el resultado final de la investigación».