La gran ilusión universitaria española: cómo el Estado oculta sus límites, vulnera derechos fundamentales y bloquea la libertad educativa

Las mejores universidades del mundo son mayoritariamente privadas, pero conviven con instituciones públicas de excelencia. La evidencia internacional muestra que el éxito no depende del modelo de propiedad, sino de la capacidad de atraer talento, financiar investigación y operar en un marco regulatorio estable.

Según la EUCT 2024–2025 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en España existen 42 universidades privadas con actividad, que representan alrededor del 20 % de los titulados de grado y más del 50 % de los titulados de máster. Alrededor de unos 400.000 estudiantes cursan estudios en ellas. Su aportación es significativa: generan entre 60.000 y 80.000 empleos, movilizan miles de millones de euros que dinamizan la economía, atraen talento internacional, investigan sin apenas financiación pública, es decir sin cargo al contribuyente, y evitan la fuga de estudiantes españoles. Constituyen, por tanto, un sector estratégico para la economía y para el desarrollo del capital humano.

Los Estados suelen moldear percepciones para que los ciudadanos no adviertan los costes reales de las políticas públicas. El sistema universitario español es un ejemplo claro: se proyecta la idea de que la universidad pública es autosuficiente y preferible, cuando en realidad depende del sector privado para evitar el colapso y se beneficia enormemente de su existencia. El resultado es un modelo sostenido sobre ilusiones políticas, económicas y jurídicas que conviene poner a la vista.

La ilusión de legitimidad normativa

Exigir una ley autonómica para reconocer una universidad privada constituye una excepción injustificada en el contexto europeo y una anomalía jurídica. En la práctica, convierte lo que debería ser un procedimiento administrativo técnico –evaluado por agencias independientes y sometido a control judicial– en un acto político discrecional condicionado por mayorías parlamentarias, vetos ideológicos, ciclos electorales y negociaciones partidistas, de modo que transforma un derecho constitucional –la libertad de creación de centros docentes– en un privilegio político otorgado discrecionalmente por un Parlamento. El problema no es solo la politización, sino que dicho diseño vacía de contenido el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva en la protección de dicho derecho reconocido en el art 27.6 de la Constitución.

Conviene recordar que esa exigencia obviamente no deriva de un mandato constitucional sino de una opción legislativa adoptada en un momento histórico concreto para mantener el control político sobre el sistema universitario. Con el tiempo, se ha generado la ficción de que este requisito es natural o protector del interés general. Pero la comparación internacional muestra lo contrario si se mira a Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Gran Bretaña, etc. En ninguno de estos países la autorización depende de una votación parlamentaria.

En España no se necesita una ley para crear un hospital, una clínica, un colegio, un instituto de FP, un centro de investigación, un banco, una aseguradora, una central eléctrica, una empresa de telecomunicaciones, una fundación, un museo, ni para un medio de comunicación –ya sea un periódico, una radio, una televisión o un medio digital–, pese a que influyen de manera directa en la opinión pública, en la fiscalización del poder y en el funcionamiento de la democracia. Para su creación basta, en su caso, con cumplir los procedimientos administrativos correspondientes, siempre sometidos a control judicial. Resulta difícil imaginar por ejemplo que se exigiera una ley para crear un partido político, cuya constitución es libre conforme a la Constitución.

Exigir una ley autonómica para reconocer una universidad constituye una excepción injustificada, desproporcionada y contraria a los principios básicos del Estado de Derecho. Lo más grave no es solo la politización, sino que este sistema como ya se ha mencionado elimina por completo la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Cuando la autorización depende de un procedimiento administrativo, el solicitante tiene derecho: a que su solicitud sea tramitada, a una resolución expresa, a conocer los motivos, a subsanar, a ser oído, a recurrir, a acudir a los tribunales.

La inactividad parlamentaria no puede impugnarse. El solicitante queda sin expediente, sin audiencia, sin motivación, sin defensa y sin juez

Pero cuando la autorización depende de una ley, todos estos derechos desaparecen para el solicitante. El Parlamento no tiene obligación de tramitar, no tiene obligación de resolver, no tiene obligación de motivar, no tiene plazos, no genera un acto recurrible, no está sometido a control judicial.

La inactividad parlamentaria no puede impugnarse. El solicitante queda sin expediente, sin audiencia, sin motivación, sin defensa y sin juez.

Esto supone una violación directa del art. 24 CE, que garantiza la tutela judicial efectiva frente a cualquier actuación o inactividad del poder público. Aquí, en cambio, el poder público se sitúa fuera del control judicial.

La libertad de crear instituciones educativas –reconocida constitucionalmente– queda convertida en un privilegio otorgado discrecionalmente por el poder político, no en un derecho ejercitable.

La ilusión de autosuficiencia pública

El Estado mantiene la apariencia de que la universidad pública puede absorber toda la demanda educativa. Pero arrastra desde hace años infrafinanciación crónica, plantillas envejecidas, infraestructuras saturadas y rigidez normativa. España invierte en educación superior el 1,2 % del PIB, frente al 1,5 % de la UE y el 1,7 % de la OCDE.

Si la pública hubiera tenido que absorber a los 400.000 estudiantes que hoy estudian en la privada, habría sido necesario incrementar el presupuesto anual en unos 4.000 millones de euros, además de construir nuevas infraestructuras y contratar miles de docentes. La ilusión consiste en ocultar que la pública ya está al límite de su capacidad.

La ilusión de que la pública investiga más porque es mejor

La pública investiga más porque recibe casi todos los fondos públicos de investigación:

• 93 % de los proyectos competitivos nacionales.

• 97 % de las infraestructuras científicas singulares.

• Más del 90 % de los fondos autonómicos.

La ilusión consiste en confundir causa y efecto: la pública investiga más porque recibe financiación, no por una superioridad intrínseca.

La ilusión de gratuidad

La pública es barata para el estudiante porque es muy costosa para el contribuyente. La privada, en cambio, libera miles de millones de gasto público, pero se la presenta como un actor sospechoso o mercantilista. La ilusión consiste en ocultar quién sostiene realmente la capacidad del sistema universitario español.

La ilusión de protección regulatoria

El R.D. 905/2025 ha venido a introducir con dudosa legalidad una batería de requisitos discrecionales y restrictivos –tamaño mínimo, solvencia reforzada, condiciones para promotores y directivos, controles de calidad vinculantes y adicionando obligaciones en la tarea investigadora– que se presentan como garantías de calidad, pero funcionan como barreras de entrada difíciles de justificar. El resultado es un marco que limita la competencia, protege a instituciones públicas debilitadas y frena la innovación.

En la raíz del problema: la incuria presupuestaria

España invierte menos que la media europea y, dentro de ese gasto insuficiente, la asignación es ineficiente. Mientras educación, sanidad y justicia sufren carencias estructurales, se han destinado miles de millones a proyectos fallidos – aeropuertos sin aviones, infraestructuras ruinosas, organismos duplicados subvenciones clientelares, rescates de infraestructuras ruinosas, etc.–. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de prioridades.

La ilusión final: que la privada es prescindible

España se ha consolidado como destino universitario internacional: más de 600.000 estudiantes extranjeros, un impacto económico que supera los 6.300 millones, y un liderazgo claro de la universidad privada en captación internacional. En grado triplica a la pública y en máster la duplica, gracias a programas bilingües, procesos de admisión ágiles, acuerdos globales y titulaciones con alta empleabilidad. En la práctica, ha sido el motor de la internacionalización universitaria española.

La realidad es evidente: la privada es beneficiosa en sí misma, pero además es imprescindible para absorber demanda, sostener la oferta y mantener la competitividad del sistema, atraer talento internacional, investigar y seguir generando un impacto económico favorable.

Conclusión

No se trata, en ningún caso, de promover la mercantilización de la educación ni de debilitar el papel del Estado como garante del interés general. La existencia de un sector universitario privado no excluye -ni debe excluir- un marco regulatorio exigente, transparente y orientado a la calidad, ni la responsabilidad pública de asegurar igualdad de oportunidades y cohesión social, algo que también las universidades privadas atienden en su actividad cotidiana. Precisamente por eso es necesario sustituir la discrecionalidad política por procedimientos técnicos sometidos a control judicial: para que la regulación sea equilibrada, proporcional y basada en criterios objetivos, no en mayorías coyunturales.

Evidenciar las ilusiones es defender que un sistema plural no implica renunciar a la protección del estudiante, a la justa supervisión pública ni a la función social de la universidad; implica, simplemente, evitar que la educación quede atrapada entre la ideología y la arbitrariedad. España necesita un modelo europeo: técnico, garantista y sometido a control judicial, no un sistema politizado que convierte derechos en privilegios. Y necesita devolver a los ciudadanos algo esencial en democracia: la posibilidad de defender su libertad educativa frente al poder público.