Pedro Sánchez interviene en un acto en defensa de una universidad de calidad, en una imagen de archivo
Nada escapa de su control
El Gobierno interviene los planes educativos y financieros de las universidades privadas por decreto
La nueva norma, que irá próximamente al Consejo de Ministros, impone un número mínimo de estudiantes, investigaciones y titulaciones, así como un aval bancario para garantizar su viabilidad
El Gobierno ya tiene a punto el real decreto con el que pretende endurecer las condiciones para la apertura y el mantenimiento de las universidades privadas, con el argumento de que su tarea como Gobierno es conservar «el elevado nivel de calidad y de excelencia en la docencia y en la investigación». El texto no irá aún al Consejo de Ministros de este martes, según fuentes del Ejecutivo, pero su aprobación y entrada en vigor es cuestión de semanas.
El real decreto (que, como tal, tiene rango de reglamento) reforma de arriba abajo el que actualmente rige para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que fue aprobado en 2021. Es decir, por el Gobierno de Pedro Sánchez. Impone un número mínimo de estudiantes, de investigaciones y de titulaciones, así como un aval bancario o similar para garantizar su viabilidad financiera. Además, el equipo director del centro deberá tener experiencia en gestión universitaria obligatoriamente, y la propuesta tendrá que incluir una relación de las empresas e instituciones en las que los futuros alumnos harán las prácticas académicas.
La memoria de la universidad solicitante deberá incluir la previsión de que, a los seis años de actividad, el número de alumnos matriculados supere los 4.500, bajo amenaza de cierre en el caso de que no llegue. Y ofrecer un mínimo de diez títulos oficiales de Grado, seis de Máster y tres programas especiales de Doctorado de, al menos, tres de las cinco ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).
El personal docente investigador deberá tener un mínimo de dos publicaciones en los tres años previos. Asimismo, las universidades privadas deberán captar el 2 % de su presupuesto anual o más en programas y contratos de investigación, incluidas las cátedras y la valorización de patentes. Y tanto públicas como privadas deberán disponer de alojamiento para, al menos, el 10 % de su alumnado de Grado en el cuarto año de vigencia de esta norma. Por lo que respecta a las universidades con docencia exclusiva mayoritaria no presencial, el 75 % de su personal docente e investigador deberá residir en España o en otro país de la UE.
El Ministerio hace y deshace
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant se garantiza tener la última palabra para que una universidad privada abra o no sus puertas. Algo que, a juicio de las comunidades del PP, invade las competencias autonómicas en el ámbito de la educación superior. Y también podría comprometer la autonomía de la que disponen las universidades, en base al artículo 27.10 de la Constitución («se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca»). Ello anticipa una batalla ante el Tribunal Constitucional entre el Gobierno central y algunas autonomías, puesto que ya hubo escaramuzas en abril, cuando el Consejo de Ministros vio el real decreto en primera vuelta, antes de trasladárselo a los órganos consultivos.
La ministra de Universidades, Diana Morant
Cualquier proyecto de apertura deberá contar con el visto bueno de dos informes previos, preceptivos y vinculantes. El primero lo recabará la comunidad autónoma y lo elaborará la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) o la agencia de calidad de dicha comunidad, en el plazo de un año. Si pasa el primer corte, el Ministerio redactará un segundo y definitivo informe, poniendo especial atención a la «sostenibilidad económica de la propuesta», y lo elevará a la Conferencia General de Política Universitaria.
En abril, cuando el departamento de Morant llevó este real decreto por primera vez al Consejo de Ministros, había en España 50 universidades privadas y 46 públicas. Entre todas ofertaron la cifra récord de 9.765 titulaciones en el curso 2023-2024. El Gobierno asegura en la exposición de motivos: «La reforma no obstaculiza ni el crecimiento del sistema universitario español, ni la creación de nuevas universidades públicas ni la libertad de iniciativa privada en el mismo (...). Quiere encauzarlo en un contexto dinámico, innovador y garantista».
Como ha contado este periódico, el Consejo de Estado y tres ministerios han puesto algunos peros a la norma durante el proceso de recopilación de informes preceptivos. El máximo órgano consultivo del Estado emitió un dictamen en el que cuestiona que el Gobierno no haya redactado un nuevo real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, en lugar de remozar por completo el real decreto que actualmente está en vigor, el 640/2021. Por su parte, el Ministerio de Economía alegó que, algunos de los requisitos exigidos, «no necesariamente están vinculados con la calidad de la enseñanza o formación impartida».
