El Consejo de Estado cuestiona la próxima norma de universidades del Gobierno: «Es parca e insuficiente»

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2025, ha emitido un informe en el que cuestiona algunos puntos del nuevo reglamento de universidades que está preparando el Ministerio de Universidades de la socialista Diana Morant y que se presentará en los próximos días, según ha informado el propio Gobierno central.

Después de recopilar documentos de diferentes organismos, el Consejo de Estado ha criticado en primer lugar que a pesar de haberse celebrado el trámite de audiencia e información pública, el decreto no ha pasado por consulta pública previa. Asimismo, afea que la alternativa normativa adecuada habría sido «la elaboración de un nuevo real decreto» en vez de modificar uno ya existente.

El informe prosigue criticando la memoria de la norma, de la que destaca que «carece de una valoración específica de impacto presupuestario que tendrá en las universidades, las comunidades autónomas y el propio Estado». En línea con esto anterior, el Consejo de Estado asegura que la valoración presupuestaria es «parca y, desde luego, insuficiente», por lo que instan al Ejecutivo a «analizar el impacto económico de forma más precisa».

El decreto estima que «en ningún caso una universidad podrá tener centros propios o adscritos que no tengan naturaleza universitaria», a lo que el informe del Consejo de Estado contesta que «no se alcanza a comprender el alcance de esa 'naturaleza universitaria'». «Llama la atención que no se incluya mención alguna a la posibilidad de adscribir centros de formación profesional de grado superior», advierte el organismo estatal.

Es desproporcionada la exigencia de la acreditación de esa experiencia

Asimismo, respecto a que se exija a los promotores de nuevas universidades experiencia previa en este campo, el Consejo de Estado considera que «es desproporcionada la exigencia de la acreditación de esa experiencia a las personas físicas o jurídicas que promueven la universidad, requisito que solo se impone a universidades privadas», afea. A renglón seguido, estima que la experiencia previa de los promotores «no guarda necesariamente relación con la calidad del proyecto universitario», finalidad última de la norma defendida por el Gobierno.

Agencias de calidad y profesores

Sobre la intervención de agencias de calidad en el procedimiento de creación o reconocimiento de universidades, que vincula la creación de universidades a un informe vinculante de la agencia, el Consejo de Estado se muestra contundente: «Supone una mutación de la competencia que queda así vinculada por el contenido del informe. En estos términos, debe evaluarse si una previsión de este tipo puede imponerse por norma básica con rango de real decreto», alerta el escrito.

Es por esto, que de acuerdo además con la jurisprudencia, «no cabe que la norma reglamentaria básica imponga un informe de ese género dentro de la organización de las comunidades autónomas». Por consiguiente, los informes de las agencias de calidad pueden introducirse con carácter preceptivo, pero en ningún caso vinculante.

En esta misma línea, el Consejo de Estado afea que se obligue a los profesores de centros no presenciales a residir en España o en algún país de la Unión Europea, ya que «no hay correlación entre la residencia de los profesores y la calidad de la universidad que imparte formación mayoritariamente virtual».

Respecto a que las nuevas universidades que se creen tengan que dar una opción de alojamiento, el informe sostiene que «carece de menciones específicas a las soluciones de alojamiento» y que se trata de «una habilitación más que dudosa». Además, se excluye a las universidades que ya tienen iniciada su actividad académica, «exclusión que carece de explicación en la memoria».

Crítica de tres ministerios

En primer lugar, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que lidera Carlos Cuerpo, a pesar de valorar de manera favorable el proyecto, señala que algunas de las novedades que se introducen en el régimen jurídico de las universidades, como el requisito de 4.500 alumnos matriculados, la exigencia de tres ramas del conocimiento, la exigencia de disponer plazas de alojamiento o la experiencia previa en gestión universitaria, son «requisitos que no necesariamente están vinculados con la calidad de la enseñanza o formación impartida».

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz afirma que el nuevo reglamento de universidades de su Gobierno «cuestiona la idoneidad» de la exigencia de que en las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial el 75 % del personal docente e investigador resida en España o en la UE. En concreto, Trabajo considera que este hecho «podría contravenir las libertades de circulación y residencia de los trabajadores europeos».

Asimismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por el también socialista Óscar López, deniega la aprobación previa del Proyecto, ya que considera que «debe reformularse la valoración de las cargas administrativas que contiene la memoria analizada».

Entre otros extremos, el informe elaborado por esta cartera indica, en relación con la introducción de informes vinculantes para la apertura de nuevas universidades, que «existe una reserva de ley para la introducción de este tipo de informes en los procedimientos, debiendo indicarse en qué norma legal se ampara la novedad del Proyecto».