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Análisis económicoJosé Ramón Riera

El gasto en prestaciones sociales superará los 300.000 millones y el Gobierno no tiene plan para pagarlo

La parálisis presupuestaria dispara el gasto social al triple de la inflación y aboca a las cuentas públicas al precipicio financiero

El hecho de no tener Presupuestos Generales del Estado tiene muchas ventajas para el Gobierno: no necesita retratarse delante de sus socios, que cada día le dan más bofetadas y no le aprueban absolutamente nada en el Congreso. Tampoco tiene que retratarse ante la oposición, ni en el Congreso ni en el Senado, con lo cual los tiene completamente a ciegas sobre sus planes de gastos e ingresos, porque todo lo hace a base de Consejo de Ministros y sin ninguna planificación.

Hoy este Gobierno, que pierde todas las propuestas que lleva a las Cortes y todas las elecciones a las que se presenta ante los ciudadanos, solo aguanta porque se autoaprueba lo que le da la gana para poder seguir gastando sin ningún control.

Pero el gran problema para todos los ciudadanos es que ni siquiera ellos saben cuánto van a ingresar y, si lo saben, se lo callan como tumbas. Todo apunta a que aquí nadie sabe nada porque nadie coordina a los ministerios, que gastan lo que les viene en gana siempre que se lo aprueban en el Consejo de Ministros de cada martes.

El problema, muy serio, que tiene este asunto es que nadie exige a ningún ministerio que explique cómo va a financiar ese gasto que se amplía semana a semana. Solo se lleva el gasto a aprobación, sin contrapartida de ingresos y, por lo tanto, nadie sabe la implicación que va a tener esa partida en el déficit del Estado o en el de un organismo tan importante como la Seguridad Social.

Los ingresos se van produciendo porque el sistema de recaudación es perfecto. Sin embargo, lo que el sistema no puede predecir es si las contingencias de la crisis del petróleo ya están dañando la economía y los efectos que esto puede tener o va a tener sobre la recaudación. Nadie lo sabe porque nadie trabaja en ello.

Todo el Gobierno juega a que el día siguiente llegue sin demasiadas noticias sobre la corrupción, sobre que la UCO no publique un nuevo escándalo o que la UDEF no se lleve por delante a Zapatero, como parece que se lo va a llevar ya imputado por blanqueo de capitales. Pero nadie está sentado con un grupo de trabajo analizando escenarios y previsiones, porque nadie tiene un presupuesto sobre el que basarse y poder analizar alternativas a posibles problemas.

Estamos ante un grupo de pollos sin cabeza que corren como salvajes, sin saber a dónde van, manchando y destrozando por donde pasan hasta que se mueren. No queda una sola mente pensante para establecer qué va a pasar en la economía. El que debería y puede hacerlo tiene tantos frentes abiertos que no sabe cómo meterle mano al problema de no tener unos presupuestos aprobados desde diciembre de 2022. Camino ya de tres años y medio, no se sabe otra cosa que lo que dice la Contabilidad Nacional, que no define ninguna estrategia, sino que refleja lo gastado, suponiendo –que es mucho suponer– que todo esté bien.

Para que vean que el gasto va completamente desbocado y que se nos presenta un cierre de ejercicio que puede ser de locura, les voy a mostrar qué ha pasado con las prestaciones sociales en el primer trimestre y mis estimaciones de lo que puede ocurrir al cierre del año.

Ya hemos gastado 66.022 millones en cinco grandes conceptos de gasto y el llamado «resto», que incluye temas como nacimientos y lactancia, farmacia, prestaciones por baja de actividad, transferencias especiales a otros organismos, comunidades y ayuntamientos, subsidios por discapacidad, síndrome tóxico y otro porrón de conceptos. Pero el problema no son los 66.000 millones, que también, sino que el crecimiento es de un 9 %, casi el triple que la inflación.

La partida más importante, las pensiones contributivas, están creciendo un 5,8 %, pero en cuanto entren nuevos pensionistas y las pagas extras, esta cifra crecerá hasta casi un 6,5 % y mi estimación me dice que llegaremos a 194.000 millones.

La Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) se ha convertido ya en el segundo gasto individual más importante de la Seguridad Social y crece un 14,4 %. Al ritmo que lleva, seguro que superará por primera vez los 20.000 millones; mi estimación es que llegará a 21.200 millones.

Por su parte, las pensiones no contributivas crecen un 13 % y todo indica que este año esta cifra estará en el entorno de los 14.100 millones. El Ingreso Mínimo Vital sigue como un cohete, crece al cierre del primer trimestre un 14,5 % y se colocará en unos 7.500 millones.

El cajón de sastre, que es un auténtico pozo sin fondo y que obviamente parece que no está controlado por nadie, crece un 26,2 % y a este ritmo se disparará hasta casi los 43.000 millones.

Por último están las prestaciones por desempleo. Aunque el paro oficial no para de bajar, las prestaciones no paran de subir y, aunque solo crecen un 2,8 %, como la posible crisis mundial llegue, no sé a dónde podremos ir a parar. Mi estimación conservadora es que estaremos en 25.500 millones.

Al borde del precipicio financiero

Todo esto suma 305.100 millones de euros. Es decir, el 94 % de los ingresos de 2025 de la Agencia Tributaria se van en estos conceptos. Por mucho que crezca la recaudación, este gasto no dejará de suponer en 2026 el 88 % de la recaudación total.

El Gobierno tendrá que buscar dinero debajo de las piedras para poder pagar parte de estos gastos con impuestos y parte con deuda. Si son impuestos, los pagaremos este año; si es deuda, pagaremos los intereses también, y el principal cuando se tenga que amortizar porque algún día no se pueda renovar.

Cada uno que piense lo que quiera, pero cada día que pasa con tanto pollo descabezado corriendo sin hacer nada, nuestro país se coloca más al borde del precipicio de no poder pagar todo lo que nos gastamos.

Para que tengamos claro que las cosas pueden explotar en cualquier momento, el barril de petróleo sigue a 110 dólares en el momento que escribo esto. Esto implica inflación, mayores tipos de interés y dificultades para endeudarse para los estados, las empresas y las economías domésticas. También supone una caída del consumo, de las exportaciones y de la producción, así como una subida del desempleo, menos ingresos para el Estado y más gastos en prestaciones sociales.

Pero a este Gobierno le importa todo un pimiento.