El Gobierno exige hasta 40.000 euros a los beneficiarios del IMV: «Es una trampa burocrática de la que no puedes escapar»

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en una trampa para aquellos beneficiarios que consigan unos ingresos, por muy exiguos que sean. La Administración está exigiendo a miles de perceptores la devolución de los pagos, en algunos casos de decenas de miles de euros, por cobros indebidos como consecuencia de su diseño ineficiente. Los afectados piden una reforma de la ley, pero el Gobierno no parece por la labor.

Esta prestación se concede en función de la renta del año anterior, sin tener en cuenta la situación real del beneficiario. Cuando la Seguridad Social cruza los ingresos obtenidos durante el ejercicio en el que se recibió la ayuda, aparece el desajuste. Cualquier ingreso puntual, por bajo que sea, acaba provocando que la Administración exija la devolución de las ayudas. Además, el Estado tiene hasta cuatro años para regularizar la prestación, por lo que –en algunos casos– los beneficiarios han recibido notificaciones reclamando cantidades acumuladas de hasta 40.000 euros.

Manu explica que avisó a la Seguridad Social del incremento de los ingresos y mandó la documentación requerida, pero siguió cobrando la prestación, ya que desde el organismo le aseguraron que «si lo estaba cobrando, es que me pertenecía». Sin embargo, tiempo después, ha recibido una carta exigiendo la devolución de 5.500 euros. «He reclamado, mandado copia de los correos que mandé con los documentos y nada de nada», señala.

En el caso de Lorena, la reclamación vino por los beneficios que sacó de la venta de una casa que luego destinó a la compra de otra vivienda. «Todo lo que gané en la venta fue para pagar la otra casa, íntegro y sin pedir hipoteca. Lo comuniqué a la Seguridad Social y ahora me reclaman el dinero que cobré tras la venta de la casa a pesar de no haber tenido ganancias», comenta.

El diseño de la prestación incluye además la responsabilidad solidaria de la deuda, que involucra en la devolución a todos los integrantes de la unidad de convivencia, incluidos los menores de edad. Es decir, si los padres no pueden pagar, la deuda puede trasladarse a los hijos cuando estos se incorporen al mercado laboral.

De acuerdo con los datos del Tribunal de Cuentas, la deuda pendiente de pagos indebidos rozaba los 74,61 millones de euros a finales de 2023, un 93,2 % más que el año anterior. Esta institución ha instado al Ministerio de Elma Saiz a que la valoración del riesgo de pobreza se haga con datos recientes y ha exigido al INSS «adelantar la revisión anual» para evitar que se sigan pidiendo devoluciones de importes tan elevados a familias vulnerables.

La AIReF, por su parte, ha advertido de la baja efectividad del IMV para reducir la pobreza y el riesgo de desincentivación laboral entre los perceptores con menores ingresos. En su Cuarta Opinión, la autoridad fiscal calculaba que, en 2024, el 68 % de los perceptores sufrieron modificaciones en su nómina debido a la revisión de rentas del año anterior y un 12 % de los hogares causó baja definitiva de la prestación como consecuencia directa de este cruce de datos fiscales.

Asociaciones como ATD Cuarto Mundo han elevado una queja a Estrasburgo y el Defensor del Pueblo ha propuesto limitar la obligación del IMV cuando quede acreditada la buena fe de los beneficios o el error sea atribuible a la Administración. El Gobierno, sin embargo, lleva años haciendo caso omiso a la petición de condonar estas deudas y se ha limitado a anunciar un sistema de doble cruce anual de datos fiscales para intentar reducir el desfase burocrático, una medida que no soluciona el problema de los afectados.

Desde el colectivo IMV Afectados denuncian que una herramienta que nació para combatir la pobreza y la exclusión social «se ha convertido en una trampa burocrática». «No se puede construir un discurso de protección social mientras se obliga a familias vulnerables a devolver cantidades imposibles años después, muchas veces sin información clara, sin capacidad real de defensa y soportando las consecuencias de fallos administrativos ajenos», concluyen.