a presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz presenta el Estudio sobre la regla de gasto de pesiones
Aviso de la AIReF: la reforma del Gobierno no garantiza que se puedan pagar las pensiones
El Gobierno ha vuelto a pasar el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre su reforma de pensiones. La institución dirigida por Inés Olondriz constata el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, clave a la hora de ajustar las cotizaciones, igual que hizo en 2025, pero asegura que no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
El informe de la AIReF supondrá que el Gobierno no tendrá que negociar con los agentes sociales una nueva propuesta para corregir el exceso de gasto, pero tampoco sale «ileso». Este organismo alerta de problemas de diseño en la regla de gasto.
En primer lugar, las referencias no guardan relación la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, su cumplimiento es compatible con un incremento de la deuda en los próximos años, hasta alcanzar el 123 % del PIB en 2050, de los cuales, casi 34 puntos corresponderá al pago de las pensiones.
En segundo lugar, el diseño de la regla está vinculado a la previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea publicado en 2024, algo que la presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, ha asegurado que se ha quedado «desfasado». De hecho, Eurostat ya ha publicado nuevas previsiones demográficas que serán la base para el nuevo informe de Bruselas y que difieren sustancialmente de las anteriores.
Tomando los supuestos del Informe de Envejecimiento, estima un impacto medio anual de las medidas de ingresos adoptadas del 1,6 % del PIB para el periodo 2022-2050. Están incluidas en esa estimación el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la evolución de las bases máximas de cotización, el impuesto de solidaridad, la reforma del régimen de autónomos, las transferencias del Estado a la Seguridad Social -incluidas recientemente por el Gobierno a través de real decreto- y el impacto sobre los ingresos del incremento del SMI.
En tercer lugar, la regla de gasto de pensiones no encaja en el nuevo marco fiscal europeo. Y es que, por un lado se toma como referencia el nivel de deuda pública que no ha sido considerada en ningún momento por el Gobierno. Por otro, Bruselas sitúa como variable clave el «gasto primario neto de medidas de ingresos en términos de tasas de variación anuales y acumuladas», sin embargo, la regla de gasto de pensiones se determina en nivel del PIB.
Por ello, la AIReF propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla de gasto de pensiones para que guarde más consistencia con la sostenibilidad de las cuentas públicas y con el cumplimiento de los compromisos del marco fiscal nacional y europeo.
Impacto nulo de la regularización
La AIReF mantiene su estimación del impacto de las medidas del informe anterior, salvo en el caso de la reforma de las cotizaciones de trabajadores autónomos, que ahora se estima con los datos reales de los rendimientos declarados en 2023 y 2024 frente a las estimaciones del año anterior.
En cuanto a la regularización de inmigrantes, la autoridad estima un impacto «prácticamente nulo» a largo plazo, concretamente de 0,03 puntos porcentuales sobre el PIB en el promedio 2022-2050.
En la presentación este viernes del informe sobre el gasto en pensiones, la AIReF ha calculado que la regularización tendrá un impacto sobre las cotizaciones de 1.074 millones de euros (0,067 puntos porcentuales de PIB) en el primer año, un cálculo que está sujeto a una gran incertidumbre.
Para ello, la AIReF ha evaluado el impacto que tendrá la regularización que estima en unas 762.646 personas actualmente irregulares, dejando fuera del impacto los 186.230 solicitantes de asilo internacional dado que muchos ya cuentan con permiso de trabajo.
De esas 762.646 personas irregulares (más de la mitad proceden de América del Sur y en su mayoría son mujeres) la AIReF calcula que son potenciales ocupados 384.000, una vez restados los que no solicitarán su regularización y a los que se la denegarán y teniendo en cuenta una tasa de actividad del 83 %. Así, terminarán trabajando 337.000, que son los que finalmente contribuirían a la Seguridad Social.