Las autonomías explotan el blindaje del Estado para disparar su burocracia a costa de hundir la inversión

En las últimas dos décadas, las comunidades autónomas han aprovechado el blindaje financiero del Estado frente a las crisis para disparar su maquinaria administrativa en detrimento de la inversión en infraestructuras. Esta huida hacia adelante ha permitido a los ejecutivos regionales maquillar las cuentas gracias a las transferencias extraordinarias, pero las deja expuestas ante nuevas recesiones.

La historia reciente de las finanzas autonómicas en España es la historia de una desconexión entre la realidad económica y el gasto público, de acuerdo con el último informe de Fedea sobre el estado de las finanzas regionales entre 2003 y 2025. A pesar de los profundos baches que han supuesto la crisis financiera de 2008, la pandemia del coronavirus y el shock inflacionario por la guerra de Ucrania, las arcas autonómicas han disfrutado de una suerte de burbuja protectora gracias a las transferencias extraordinarias y entregas a cuenta del Estado central.

Esta sobreprotección ha logrado un auténtico «milagro» contable, especialmente visible durante la pandemia. Lejos de hundirse, los ingresos reales por habitante de las comunidades autónomas se incrementaron en 17 puntos porcentuales entre 2019 y 2021. Este aumento de los recursos superó en cinco puntos al crecimiento de sus gastos en ese mismo periodo. El saldo es que, gracias a las inyecciones no retornables fuera del sistema de financiación ordinario, las comunidades pudieron reducir su déficit aparente.

Sin embargo, el informe elaborado por el economista Ángel de la Fuente advierte de que el precio de esta estrategia ha sido un mayor agujero para el Estado y «el gradual debilitamiento de la responsabilidad fiscal de unas comunidades autónomas que están siendo sobreprotegidas».

Además, las autonomías han aprovechado esta inyección económica para engordar su maquinaria administrativa a costa de sacrificar la inversión productiva. De acuerdo con los datos de Fedea, la partida de inversión regional –las operaciones de capital– se redujo rápidamente a partir de 2008, desplomándose hasta situarse en 2017 en torno a la mitad de su valor inicial. Y aunque las estadísticas muestran un aparente repunte a partir de los años 2020 y 2021, el documento califica este resurgimiento de «engañoso» ya que no responde a un plan propio de modernización de infraestructuras, sino al aumento de las ayudas directas inyectadas a empresas y autónomos para paliar los efectos de la pandemia, así como a los fondos europeos coyunturales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el extremo opuesto, el gasto corriente –la gran partida que engloba las nóminas de los asalariados públicos, la compra de bienes y servicios y las prestaciones– ha seguido una escalada imparable tras la crisis hasta marcar máximos históricos. En 2025, el gasto corriente por habitante (descontando el pago de intereses y calculado a precios constantes) fue superior en al menos un 34 % al nivel observado en el año 2003 en todas y cada una de las comunidades autónomas. En promedio nacional, las regiones gastan hoy un 43 % más por ciudadano en su funcionamiento ordinario que hace dos décadas.

Cataluña, a la cabeza del despilfarro

El aumento del gasto en burocracia ha sido desigual por comunidades. Cataluña, el País Vasco y Baleares se sitúan como las tres regiones donde más ha crecido el gasto corriente por habitante –neto de intereses y a precios constantes– durante todo el periodo analizado. Tomando como base el año 2003, Cataluña ha disparado este gasto en un 59 %, seguida muy de cerca por el País Vasco con un aumento del 55 % y Baleares con un 50 %. Estas cifras superan ampliamente la ya abultada media nacional, que refleja un encarecimiento del 43 % en el funcionamiento ordinario de las autonomías.

Además, las administraciones regionales no muestran intención alguna de cerrar el grifo una vez superadas las emergencias. Si se descuenta la factura extraordinaria del coronavirus y los fondos del plan de recuperación europeo, el gasto estructural ordinario de las autonomías aumentó de golpe en 1,55 puntos de PIB entre 2019 y 2020. A día de hoy, y a pesar de la rápida recuperación económica, solo han revertido el 40 % de este incremento.