Por qué Hacienda prefiere la multa de Bruselas antes que liberar a los autónomos

La pasividad de Hacienda está dejando a pymes y autónomos españoles en franca desventaja respecto a sus competidores europeos. La negativa del Gobierno a transponer la directiva comunitaria sobre el IVA franquiciado ha llevado a Bruselas a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. El desbloqueo de esta medida podría simplificar la vida a cerca de 770.000 profesionales por cuenta propia que podrían llegar a ahorrarse unos 660 euros en cargas administrativas.

La directiva europea permite que aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año queden exentos de incluir el 21 % del IVA en sus facturas y se liberen de la obligación de presentar las farragosas declaraciones trimestrales, una medida que aplican todos los países de la UE salvo España. En la práctica, mientras que cualquier autónomo europeo puede exportar por todo el continente sin cargas, el español se ve atrapado en una maraña burocrática por la parálisis de su Ejecutivo, que le impide registrarse para facturar sin IVA a sus clientes comunitarios.

El problema no es la implantación del modelo, ya que la directiva comunitaria otorga plena libertad a cada país para decidir si aplica o no la exención dentro de sus fronteras. Lo que Bruselas denuncia es que España se resiste a trasladar las disposiciones que permiten a sus pymes y autónomos aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros.

Detrás de esta resistencia se encuentran motivos presupuestarios. El modelo de IVA franquiciado implicaría la salida del radar de Hacienda de miles de pequeños contribuyentes, con el consiguiente mordisco tributario. Además, la Agencia Tributaria teme que la falta de control en la facturación suponga un incentivo para la economía sumergida: si se pierde el rastro del IVA en el último eslabón de la cadena, dificultará la fiscalización a las empresas de mayor tamaño que proveen de materiales o servicios a estos mismos autónomos.

También hay un problema de base. En España existe desde hace décadas el régimen de estimación objetiva –el llamado sistema de módulos–, un modelo fuertemente arraigado en sectores como la hostelería, el pequeño comercio y el transporte. Estos módulos ya ofrecen una tributación simplificada mediante el pago de una cantidad fija al año basada en indicadores externos, como el tamaño del local o el número de empleados. La directiva europea obligaría a reconfigurar el IRPF, un melón que Hacienda prefiere no abrir.

La situación, no obstante, es insostenible. España debería haber transpuesto las directivas antes del 31 de diciembre de 2024 y comunicarlo a la Comisión en el plazo establecido. A falta de dicha comunicación, el 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento al Gobierno, seguidas de dictámenes motivados del 17 de julio de ese mismo año. Ante el silencio de nuestro país, Bruselas ha propuesto al tribunal que imponga sanciones económicas que variarán en función de la importancia de la norma, el periodo por el que no se ha aplicado y la capacidad de pago del país.

No es la única normativa pendiente de transposición, de hecho. De acuerdo con el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo, España tiene pendientes de tramitar 52 iniciativas legislativas procedentes de las instituciones europeas y acumula 92 infracciones susceptibles de sanción, en su mayoría por no cumplir en plazo la incorporación de normativa europea.