La SEPI, en el ojo del huracán: lo de Zapatero y Plus Ultra es solo el aperitivo

Durante los últimos meses, yo diría años, he venido denunciando a través de estas líneas el intervencionismo del Estado en las empresas privadas y semipúblicas a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una empresa pública creada en 1995 para «administrar, gestionar y rentabilizar sus participaciones empresariales del Estado».

Las primeras alarmas sonaron en 2021 con el rescate de Plus Ultra una operación que acaba de salpicar a José Luis Rodríguez Zapatero. Al expresidente del Gobierno se le acusa de haber maniobrado para que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatara a la compañía con 53 millones de euros a cambio de comisiones. Pero aquel rescate fue solo el aperitivo.

Es un hecho que el último año en el que hay publicadas cuentas de la SEPI –es decir 2024– este organismo perdió la friolera de 501 millones de euros. La SEPI justifica estos números rojos en que ese ejercicio tuvo que inyectar dinero a Correos y a Navantia. Pero hay muchas empresas más en el ajo. Correos, hoy presidida por Pedro Saura, es otro afectado por el caso Plus Ultra. Y si miramos a Navantia, resulta que su anterior presidenta, Belén Gualda, es la actual presidenta de la SEPI, sustituta de Vicente Fernández, todo un personaje en las tramas que ahora se investigan. Vamos con él.

Vicente Fernández había sido secretario de Industria, Innovación y Energía e interventor general en la Junta de Andalucía a las órdenes de María Jesús Montero, su amiga y mentora en los años posteriores. Sólo ahora, y gracias a las llamadas agendas de Leire Díez que incautó la UCO (Unidad Central Operativa), se ha podido recomponer su trayectoria desde que dejó Andalucía para hacerse cargo de le SEPI. Recordemos que el luego presidente de la SEPI tuvo que dimitir en octubre de 2019 tras ser imputado por el caso Aznalcóllar.

Pues bien, como decía, ahora hemos sabido que aquella imputación puso en marcha una operativa contra los jueces: primero contra la magistrada Mercedes Alaya, instructora del procedimiento de los ERE y también del caso Aznalcóllar; y hoy contra los que investigan al PSOE como Santiago Pedraz. Y que Fernández formó parte –siempre supuestamente claro– de aquella trama.

Pero sigamos con las agendas de Leire: «Si decidimos sacrificar a Vicente [Fernández] estamos abriendo la veda para que hagan lo propio con otros» escribió la fontanera en 2019. E insiste: «¿Dónde puede estar Vicente [Fernández] para que siga tutelando la acción de SEPI si tenemos claro que es la persona que reúne las mejores condiciones para ello?». Tutelar. Hermosa palabra para definir al financiador de sus desmanes.

Pero era algo más que un tutelaje. La UCO de la Guardia Civil señala al respecto que se creó «una trama paralela para favorecer contratos y rescates públicos» y cifraban «en 132,9 millones de euros» el montante financiador. Y es que las veinte agendas incautadas a Leire Díez están repletas de alusiones a la SEPI y a empresas públicas como Correos, Tragsa y la Agencia EFE. Alusiones que demuestran la confianza en Fernández aunque ya hubiera dejado la presidencia de la SEPI.

La SEPI paralela

Pero siguiendo con la SEPI, no está mal recordar cómo, tras la dimisión de Fernández en 2019, el Gobierno se resistió a nombrar un nuevo presidente nada menos que durante 16 meses. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo designó a Belén Gualda en marzo de 2021, tras muchos meses de vacío empresarial. ¿Y dónde aterrizó Fernández? Pues nada menos que en Servinabar la constructora navarra de Cerdán y AntxÓn Alonso donde trabajó como director comercial entre mayo de 2021 y febrero de 2023. Un trabajo que compatibilizó con la asesoría –durante cuatro años– de Tubos Reunidos, que recibió una inyección de 112,8 millones de la SEPI. Una de las cinco operaciones bajo sospecha realizadas por la llamada SEPI paralela. ¿Y qué era esta SEPI paralela?

La UCO recoge en su informe como, a pesar de estar fuera de la SEPI, Fernández siguió manteniendo contacto profesional con sus antiguos empleados. También señala la UCO que, año y medio después del nombramiento de Gualda, en las Navidades de 2022, Moncloa fue advertida de la existencia de una trama que llama la SEPI paralela: un montaje mucho más complejo.

La UCO documenta que la SEPI paralela tenía dos sedes sociales. La primera, hasta julio de 2021, en la residencia oficial del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En ella, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Fernández y Leire Díez se reunirían de forma habitual. La segunda sede estaba en Diego de León, 36, un despacho que Fernández había alquilado en 2019 a 600 metros de la sede central de la SEPI para seguir trabajando tras su dimisión.

Sus antiguos colaboradores recuerdan cómo su vicepresidente, Bartolomé Lora, despachaba cada semana con Fernández, como si aún fuera el presidente; y que allí se fraguaron los rescates de Air Europa (noviembre de 2020) y Plus Ultra (marzo de 2021). Por eso, aunque Pedraz investiga a Leire Díez por montar una estructura con Cerdán desde abril de 2024, el sumario del caso demuestra que ya operaban desde finales de 2019 a raíz de los ERE de Andalucía.

Pues bien, esta semana la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, tuvo que intervenir ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, para informar sobre las participaciones del Estado en Indra y Telefónica. Pero no eran los escándalos de estas empresas las únicas explicaciones que tuvo que dar. Un juez acaba de imputar al vicepresidente del organismo, el ya mencionado Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación por el préstamo de 475 millones de la SEPI concedió a Air Europa en noviembre de 2020.

Las explicaciones que aportó Gualda en el Congreso sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASE), sobre que «ninguna de las empresas rescatadas estaba en crisis» en el momento de recibir el apoyo financiero, no se lo creyeron ni los diputados socialistas. Por supuesto la UCO sigue investigando los controles de la SEPI sobre los rescates de la época de Sánchez: Air Europa, Duro Felguera o Tubos Reunidos, entre otros.

Y aquí llegamos a la conclusión. ¿Tiene sentido que una empresa que está en el punto de mira de la Justicia, siga dilapidando el dinero de los contribuyentes de esta forma? ¿Es razonable que el Gobierno siga usando a la SEPI como un instrumento de poder e interferencia en las empresas privadas? Son preguntas retóricas. La respuesta la podría dar hasta el niño que besó Pedro Sánchez en Canarias.