El Banco Mundial condena de nuevo a España por los impagos a las renovables y eleva la deuda total a los 2.333 millones

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de dirimir disputas entre Estados e inversores extranjeros, ha fallado contra España en el caso DCM Energy, en alianza con otras compañías, por los impagos de las renovables. Y ha fijado que el Estado español debe pagar una indemnización de 23,9 millones de euros, a lo que se le sumarán intereses de demora y costas por un valor aproximado de 900.000 euros, dejando la factura total en el entorno de los 25 millones.

La demanda fue presentada en 2017 por un consorcio de inversores alemanes y suizos, entre los que figuran DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG, DMC Energy GmbH & Co. Solar 2 KG, Edisun Power Europe A.G. y entidades vinculadas al grupo Hannover Leasing. Y se centra en los cambios regulatorios adoptados por España que modificaron de forma retroactiva el régimen retributivo de las energías renovables.

Con esta nueva condena, el volumen total de compensaciones pendientes de pago por parte de España asciende a 1.779 millones de euros. A esta cifra se añaden 553 millones de euros adicionales en concepto de intereses de demora, costas judiciales y otros recargos, lo que eleva la deuda total a los 2.333 millones de euros.

Hasta la fecha, España solo ha satisfecho uno de los laudos, correspondiente al caso JGC. Permanecen, por tanto unas 28 decisiones arbitrales pendientes de ejecución y en situación técnica de impago. Esto coloca a España como la jurisdicción con mayor cifra de incumplimientos de esta obligación, por delante de Rusia o Venezuela.

Los acreedores han reiterados que «la situación actual es insostenible» y han instado a «alcanzar una solución negociada que permita evitar un mayor deterioro de la seguridad jurídica y de la imagen internacional de España».

El conflicto de las renovables está entrando ya en una fase de ejecución internacional cada vez más avanzada, con implicaciones crecientes tanto en el ámbito financiero como en la proyección exterior de España.

Durante los últimos meses se han intensificado las acciones de cobro en distintas jurisdicciones, mientras los tribunales continúan rechazando los intentos de España de frenar la ejecución de los laudos internacionales. De hecho, diversas resoluciones dictadas en Estados Unidos y otras jurisdicciones han reforzado la posición de los inversores y abierto nuevas vías para la localización y embargo de activos públicos.