La advertencia viral de este experto en vivienda sobre el nuevo decreto: «Sacrifica la oferta para contentar a los socios de Sánchez»

El Gobierno vuelve a mover ficha en materia de vivienda con un nuevo decreto que pretende intervenir algunos de los segmentos que habían escapado hasta ahora a la regulación. Tras pactar con Sumar un paquete que incluye el control del alquiler temporal y por habitaciones, la recuperación de las prórrogas extraordinarias de los contratos y una subida del IVA de las viviendas turísticas, el Ejecutivo abre una nueva batalla en uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos y que volverá a poner a prueba su frágil mayoría parlamentaria.

Mientras el Gobierno defiende que las medidas buscan contener los precios y movilizar vivienda asequible, parte del sector inmobiliario interpreta el anuncio en sentido contrario. Entre las voces más críticas se encuentra Iñaki Unsain, personal shopper inmobiliario, que considera que el Ejecutivo insiste en una estrategia que «vuelve a penalizar la oferta en lugar de favorecer su crecimiento».

Para el experto, el anuncio de las nuevas medidas supone encontrarse «con más de lo mismo» y condiciona la propuesta a fines políticos y no sociales. «Es un Gobierno condicionado por sus socios más a la izquierda, que vuelve a aprobar medidas para garantizar su estabilidad parlamentaria y no para resolver el problema de la vivienda» critica.

El núcleo del decreto gira en torno al mercado del alquiler. El Ejecutivo pretende aprobar una regulación específica para los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades cuyo peso ha aumentado en los últimos años mientras muchos propietarios abandonaban el alquiler residencial tradicional. A ello se suma la recuperación de las prórrogas extraordinarias de los contratos, que ya estuvieron en vigor durante apenas unas semanas antes de decaer en el Congreso, y una bonificación en el IRPF para los propietarios que reduzcan las rentas.

Para Unsain, todas estas iniciativas comparten un mismo efecto: aumentar la incertidumbre de los propietarios. «Regular los alquileres temporales, obligar a prolongar contratos o seguir aumentando la presión fiscal solo conseguirá reducir todavía más la oferta. Ya hemos visto ese efecto en Cataluña y sorprende que ahora quieran extender exactamente ese modelo al conjunto de España», señala.

El debate llega en un contexto marcado por el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. España arrastra un déficit estimado de unas 750.000 viviendas y la creación de nuevos hogares continúa creciendo por encima del ritmo de construcción, una brecha que numerosas organizaciones del sector consideran el principal origen del problema.

«La inversión inmobiliaria necesita estabilidad. Si cada vez resulta más difícil alquilar o construir con seguridad jurídica, el capital buscará otros mercados. El resultado será menos promociones, menos vivienda disponible y una oferta todavía más reducida», recuerda, que cuestiona además la capacidad de la Administración para compensar la retirada de inversión privada mediante la promoción pública de vivienda. «Si la propiedad privada deja de construir, ¿quién lo hará? El Estado no tiene la capacidad para equilibrar la oferta y la demanda. Lo que necesitamos es facilitar que se construya más, no poner nuevos obstáculos» apunta.

A su juicio, la prioridad debería centrarse en incentivar la producción residencial mediante rebajas fiscales, una mayor disponibilidad de suelo y una agilización de los trámites urbanísticos. «España necesita exactamente lo contrario de lo que plantea este decreto: menos barreras para construir, menos carga fiscal y más incentivos para que la inversión privada vuelva a levantar viviendas», sentencia Unsain.