Sumar obliga a retrasar el Consejo de Ministros una hora tras amagar con un plantón a Sánchez por el decreto de vivienda

«Vamos a negociar hasta el último momento y no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución». La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía al PSOE que no aceptarán cualquier tipo de real decreto para atajar la insostenible situación de la vivienda en España. Las conversaciones entre los socios del Gobierno de coalición han precipitado el retraso de la reunión del Consejo de Ministros que, prevista para iniciar a las 09:30, arrancaba una hora más tarde.

García llamaba a «ser ambiciosos y obligar a todos a que seamos ambiciosos, incluido el Congreso de los Diputados» ante las voces de «la calle, los expertos y los vecinos» por el «drama» que sufren las familias «que no llegan a fin de mes, que se tienen que ir de sus barrios y de jóvenes que no pueden emanciparse».

Durante una entrevista en La hora de la 1, la ministra de Sumar reclamaba «cortar las vías de la especulación», que pasan por regular «la renovación de contratos de quien paga religiosamente y las habitaciones y alquileres de temporadas». «Sabemos las cosas que no han funcionado para regular un mercado que está vorazmente especulativo. Las rebajas fiscales no funcionan y plantear que vamos a construir muchos pisos de aquí a unos años tampoco», agregaba.

«Hemos llegado a un punto de inflexión, nosotros llevamos peleando muchos meses con el PSOE para que vean la realidad de las familias, ese caldo de cultivo de una sociedad que se está rompiendo por el problema del acceso a la vivienda. Hoy, a lo largo de la mañana, intentaremos que se materializa en un real decreto», advertía García.

«Preferiría prohibir la compra de fondos de inversión»

Aunque comentaba que «el problema es que estamos en un mercado único europeo», advertía la necesidad de regular la compra de vivienda pública por parte de los fondos de inversión, a los que culpaba de «desangrar nuestra sociedad y nuestra estabilidad». «Nos están robando la certidumbre de poder tener un proyecto de vida», decía la Ministra de Sanidad.

Así, denunciaba que estos «se cuelan en la regulación de las habitaciones, de los pisos turísticos y de esos contratos que terminan a los 5 años». «Hay que poner freno», aseveraba con rotundidad, para, a renglón seguido que ella «prohibiría la compra de viviendas por parte de los fondos de inversión».

Sobre los contratos de alquiler temporal, Mónica García defendía una «renovación automática» a quien esté pagando. «En los últimos años, la rentabilidad de los alquileres ha subido entre un 30 y un 70 % Esto es inasumible. Subir los alquileres un 30 % es especular», apostillaba, aludiendo a la existencia de un «clamor social»: «la gente ha dicho 'basta' y nosotros vamos a decir también 'basta'. Necesitamos medidas urgentes, valientes y ambiciosas».

Por otro lado, cargaba contra «las derechas» por ser «parte fundamental de este problema, que han estado votando sistemáticamente en contra de todas las medidas» aportadas por su partido al Congreso. «Además, regulan la mayoría de comunidades autónomas con competencias exclusivas. Tienen que dar respuesta a las Maricármenes y a las familias, tan patriotas que son», sentenciaba la titular de Sanidad.

Sumar envía un nuevo borrador

La coalición de extrema izquierda ha enviado al PSOE un nuevo borrador del real decreto, haciendo hincapié en la falta de acuerdo pese a haber estado durante toda la noche negociando –según fuentes de la formación–.

Desde el PSOE mencionan que el texto busca ser «ambicioso y transversal», incluyendo medidas urgentes entre las que se encuentran la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa de los fondos buitre, estabilizar los contratos de alquiler, regular el de temporada o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda.

Desde Sumar, y el Sindicato de Inquilinas, aluden a la prórroga automática de los contratos de alquiler como una de sus líneas rojas.

De llegar a un acuerdo final en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo tendrá un mes para llevarlo a la Cámara Baja, donde necesitará del apoyo de sus socios. Desde Junts ya han avisado de que el último borrador se habría alejado sustancialmente de sus exigencias y ERC dice que deben incluirse la suspensión de los desahucios a personas vulnerables y la aplicación de los índices de contención de rentas a los alquileres habitacionales para apoyar el real decreto.