El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras
Sánchez pagará más a Cataluña aunque el resto de autonomías rechacen su financiación, y castigará a las que se opongan
El Estado asumirá las transferencias necesarias «en el caso de que haya Comunidades Autónomas que no acepten el modelo»
Hacienda avanza con el nuevo modelo de financiación, que garantizará más recursos a Cataluña aunque lo rechacen, como es previsible, el resto de comunidades autónomas.
Según una carta remitida a las comunidades autónomas, «en el caso de que haya Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía que no acepten el Modelo previsto en este Acuerdo, el cálculo de la financiación de aquéllas que sí lo acepten se realizará considerando que este Modelo de Financiación se aplica a todas ellas asumiendo la Administración General del Estado las transferencias del Mecanismo de Nivelación Horizontal que procediesen».
El documento, revelado por El Mundo, recoge que aquellas autonomías que no acepten la nueva financiación se mantendrán en el actual modelo, aprobado en 2009, por lo que perderán recursos.
Todas las comunidades de régimen común, salvo Cataluña, se han manifestado en contra del nuevo modelo, negociado únicamente entre el Gobierno y Oriol Junqueras, líder de ERC. Incluyendo Asturias y Castilla La Mancha, dos regiones gobernadas por el PSOE.
Según organizaciones como Fedea la reforma que ultima Hacienda beneficia descaradamente a esta comunidad autónoma a través de mecanismos como el fondo climático o el reparto del IVA de las pymes.
Hacienda ha ofrecido a las autonomías gestionar más porcentaje de impuestos, del 50 % al 55 % en el caso del IRPF y en el del IVA, del 50 % al 56,5 %.
Tras el envío del borrador, el pasado viernes, el próximo martes día 14 de julio está prevista una reunión del comité técnico para discutir la propuesta y, posteriormente, el día 29, se reunirá a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, las regiones apenas tendrán tres días para analizar los detalles técnicos del documento.
La intención es que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, vaya después del verano a aprobación en el Consejo de Ministros y, luego, al Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que aprobar por parte de los grupos parlamentarios, con el objetivo de que entre en vigor en 2027.
