La paradoja de Holaluz, la eléctrica que nació para batir a las grandes y puede acabar 'regalándoles' sus clientes

Una mala experiencia con una compañía eléctrica «de siempre» y una factura de luz de más de 700 euros despertó en Carlota Pi, Oriol Vla y Ferran Nogué la convicción de que había un largo camino por recorrer en el sector eléctrico. Sin pensarlo, estos tres catalanes se pusieron, hace ya 16 años, manos a la obra para fundar Holaluz, un referente de energía 100 % renovable y pionera en el autoconsumo.

En 2013 dieron su gran salto al ganar la subasta de energía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo que les permitió multiplicar por diez su cartera de clientes y profesionalizar su modelo. Seis años después Holaluz salió a Bolsa, en el BME Growth, para financiar su gran proyecto: la «revolución de los tejados», un modelo que consistía en instalar placas solares en los tejados de los clientes sin inversión inicial, pagando una cuota fija mensual por la energía y compensando los excedentes vertidos a la red.

Fue en 2024 cuando comenzaron las turbulencias para Holaluz. La pequeña comercializadora catalana sufrió fuertes problemas financieros arrastrada por la caída de los precios de la energía y un elevado endeudamiento. De hecho, el fondo Icosium Investment tuvo que inyectar 22 millones euros para fortalecer la sociedad.

Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico activó el pasado sábado el procedimiento administrativo para inhabilitarla al considerar que la comercializadora de energía eléctrica ha incumplido las obligaciones exigidas para el ejercicio, afectando de manera directa a sus casi 140.000 clientes.

El expediente todavía no es definitivo. La compañía dirigida por Carlota Pi tiene ahora un plazo de diez días hábiles –a contar desde el domingo– para presentar sus alegaciones. Tras ello la cartera dirigida por Sara Aagesen tendrá hasta tres meses para resolver el asunto. Durante ese tiempo el suministro está garantizado, aunque los consumidores podrán decidir irse de la compañía.

Cuando el Miteco publique la resolución de la inhabilitación en el BOE, se otorgará un plazo de ocho días para que los clientes afectados puedan formalizar un contrato de suministro con un comercializador de libre mercado.

Si trascurre dicho plazo y no se formaliza el contrato, pasarán directamente a una comercializadora de referencia –Endesa, Naturgy, Iberdrola, Repsol y TotalEnergies–, que son aquellas que tienen la tarifa semirregulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Aunque, con carácter general, y tal y como marca la norma, serán las comercializadoras a las que estén conectados los clientes afectados los que reciban los abonados.

Y esto resulta paradójico, porque una eléctrica que nació para plantar cara a las grandes comercializadoras, puede acabar regalándoles sus clientes.