Sánchez forzaría la legalidad con unos Presupuestos sin el respaldo del Congreso al déficit

España lleva ya tres años fuera de ruta presupuestaria, pero está a punto de entrar en territorio desconocido: presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en las Cortes sin que estas hayan avalado previamente una senda de déficit.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga al Consejo de Ministros a aprobar unos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública antes de iniciar el trámite presupuestario. El Ejecutivo debe remitirlos a las Cortes Generales, que tienen la obligación de debatirlos y pronunciarse al respecto.

La Ley aclara qué ocurriría en el caso de que el Senado, como ha sucedido también en esta legislatura, los rechace. En ese caso, deben someterse a una nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose por mayoría simple.

En caso de decaer en el Congreso, como también ha ocurrido tres veces en esta legislatura, la Ley establece que el Gobierno debe aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos de nuevo a las Cortes para someterse «al mismo procedimiento». Y aquí acaba el camino marcado por la ley, precisamente en el punto en el que estamos después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara, el 21 de julio, la misma senda que el Congreso ya rechazó a principios de mes, y que volvió a tumbar el 23 de julio. De hecho, en 2024 y en 2025 el Gobierno optó en ese momento por poner fin a la aventura presupuestaria.

Los técnicos de Hacienda destacan que no hay consenso en la vía a la que trata de aferrarse el ministerio

Los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, han reclamado modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aclarar qué efectos tiene un segundo rechazo parlamentario a los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En julio, Hacienda llevó al Congreso un déficit público del 1,8 % del PIB en 2027, del 1,6 % en 2028 y del 1,5 % en 2029, dejando solo un margen de una décima a las comunidades autónomas y reservando el resto para el Estado y la Seguridad Social. Su baza para tratar de seducir al PP, que gobierna la mayoría de autonomías, era precisamente esa décima, que supone un margen añadido de gasto para las regiones de 5.849 millones de euros.

Al haber decaído su propuesta por segunda vez, sin embargo, Hacienda planea redactar los Presupuestos con los objetivos pactados con Bruselas en el marco del Plan Fiscal Estructural a medio plazo. En esta hoja de ruta, España se comprometió a tener un déficit del 2 % en 2027; del 1,5 % en 2028; y del 1,2 % en 2029.

El ministerio ampara esta postura en un informe elaborado por la Abogacía del Estado en 2023, que señala que «a falta de aprobación, conforme a la legislación interna (...) resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo [Europeo].

La base legal, sin embargo, resulta cuestionable para muchos expertos, entre los que se encuentra José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que comparte sus dudas con este periódico.

«No hay consenso en esta interpretación, pues un sector doctrinal mantiene que la aprobación parlamentaria prevista en el artículo 15 de la Ley Orgánica es un requisito previo para elaborar el proyecto presupuestario», consideran también los técnicos de Hacienda, aunque añaden que el informe «contiene criterios interpretativos que pueden proyectarse al Presupuesto de 2027».

Dichas metas, además, solo vinculan al Estado, y ese es uno de los motivos que también suscitan dudas entre los expertos. Esta situación genera «un vacío legal financiero», según trasladó a este periódico el catedrático de Economía Aplicada en la Pablo de Olavide e investigador de Fedea, Diego Martínez López. El experto considera además que el informe de la Abogacía «ya no es operativo, porque se trata de una recomendación de la Comisión Europea, y no es tan vinculante como una Ley Orgánica».

Recursos en el Constitucional

Hacienda tiene otro as bajo la manga. Ya lo esbozó la propia María Jesús Montero en el último intento de aprobar una senda de déficit, en noviembre de 2025, para las no natas cuentas de 2026. Se trata de referenciarse a la Constitución «que fija el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas», según trasladó Montero en rueda de prensa.

Para Martínez López esta opción es «una amenaza poco creíble», dado que «exige calcular el déficit estructural, que nunca se ha hecho oficialmente, y el Estado no saldría bien parado». En suma, Hacienda se enfrentaría «a un jaleo de mil demonios», que podría causar además la anomalía de que el Estado tuviera un objetivo de déficit y las comunidades autónomas no. «Sería una disciplina fiscal a dos o tres velocidades».

Mientras tanto, se está también a la espera de dos procedimientos interpuestos en el Tribunal Constitucional por la no presentación de proyecto de Presupuestos de 2024 a 2026 y las sucesivas prórrogas presupuestarias, promovidos por el Senado; y también un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 15.6 de la Ley Orgánica, que suprimió la posibilidad del Senado de vetar los objetivos fiscales.