El Tribunal de Cuentas alertó meses antes de la tragedia de Ceuta del caos en la gestión de las inversiones fronterizas

La mayor crisis migratoria vivida en la historia de Ceuta, que ha dejado decenas de fallecidos tras una avalancha masiva en la frontera, vuelve a poner el foco sobre el estado de las infraestructuras de seguridad en las ciudades autónomas. Meses antes de la tragedia, el Tribunal de Cuentas ya había advertido de importantes deficiencias en la gestión de las inversiones del Ministerio del Interior destinadas a la protección de las fronteras españolas.

El informe de fiscalización sobre la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, publicado en diciembre de 2025, muestra un panorama marcado por la falta de planificación, la ausencia de criterios para asignar recursos y diversas carencias en el control de infraestructuras situadas en Ceuta y Melilla.

Uno de los programas examinados por el Tribunal es el denominado Plan Inmigración Sur, destinado a financiar actuaciones en los perímetros fronterizos de ambas ciudades autónomas. Entre 2021 y 2024, este programa movilizó 40,32 millones de euros, una cifra que el propio organismo destaca como una de las pocas partidas con verdadera entidad dentro de las inversiones gestionadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sin embargo, la ejecución presupuestaria presenta fuertes bandazos. En Ceuta, las obligaciones reconocidas –el dinero real ejecutado y comprometido para pagar las obras– pasaron de 11,65 millones de euros en 2022 a apenas 6.928 euros en 2024. En Melilla, las inversiones también descendieron tras el máximo registrado en 2022, aunque mantuvieron una ejecución superior, con algo más de 3,1 millones de euros en 2024.

El Tribunal critica la forma del reparto de las inversiones. En uno de los puntos más duros del informe, esta institución aprecia un «excesivo grado de discrecionalidad» en la distribución de los recursos destinados a inversiones inmobiliarias y elementos de transporte. Añade que Interior no documentó por escrito el proceso de decisión ni los criterios utilizados para determinar cuándo una actuación debía financiarse desde la Secretaría de Estado de Seguridad o desde los presupuestos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

El Tribunal considera preocupante esa ausencia de criterios objetivos cuando las inversiones no forman parte de proyectos previamente definidos, ya que dificulta conocer por qué unas actuaciones reciben financiación y otras quedan relegadas. Destaca que no existe ningún criterio escrito que explique por qué determinadas inversiones se sufragan con cargo a la Secretaría de Estado de Seguridad mientras otras se imputan directamente a los presupuestos de la Policía o de la Guardia Civil.

Como consecuencia, el Tribunal recomienda al Ministerio que incorpore criterios objetivos y transparentes en la selección de inversiones y documente por escrito todas las decisiones presupuestarias.

Sin actuaciones concretas

Respecto a la planificación, el Tribunal destaca que la primera actualización del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise) se elaboró sin concretar actuaciones específicas sobre los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, pese a tratarse de uno puntos calientes.

El informe añade además que la Dirección General de la Policía tampoco pudo facilitar información homogénea sobre el estado de conservación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), lo que impidió al órgano fiscalizador evaluar de forma uniforme el estado de estas instalaciones.