Los intereses de la deuda autonómica se triplicarán en 2029 hasta los 11.500 millones

La deuda de las comunidades autónomas amenaza con convertirse en una carga cada vez mayor para sus presupuestos. Las haciendas regionales se encaminan hacia una factura de 11.528 millones de euros anuales solo en intereses en 2029, más del triple de los 3.608 millones que destinaban a este concepto en 2022. Y lo harán pese a que la ratio de deuda autonómica caerá desde el 23 % hasta el 17,1 % del PIB.

En el último informe de Fedea sobre la evolución del coste de la deuda autonómica hasta 2029, los investigadores advierten de que la reducción del endeudamiento en términos de PIB puede ofrecer una imagen engañosa de la presión que soportarán realmente las cuentas regionales. El problema ya no será únicamente cuánto deben las comunidades, sino cuánto tendrán que pagar cada año por seguir financiando esa deuda.

En 2022, el gasto autonómico en intereses ascendía a 3.608 millones. Un año después saltó hasta los 6.468 millones y alcanzó los 7.452 millones en 2024. En 2025 se situó en 7.487 millones y Fedea calcula que seguirá aumentando hasta 7.945 millones este año, 8.786 millones en 2027, 9.981 millones en 2028 y finalmente 11.528 millones en 2029. En apenas siete años, por tanto, la factura habrá aumentado en 7.920 millones, un 220 %.

Fedea parte de que las comunidades cerrarán 2026 con un déficit de apenas el 0,1 % del PIB, alcanzarán el equilibrio presupuestario en 2027 y registrarán un superávit del 0,1 % en 2028 y 2029. También asume que las diferencias presupuestarias entre territorios se reducirán progresivamente, entre otros motivos, por una eventual reforma del sistema de financiación autonómica.

Bajo estas hipótesis, la ratio de deuda autonómica pasaría del 23 % del PIB en 2022 al 17,1 % en 2029, una reducción de 5,9 puntos. Sin embargo, detrás de esa caída se encuentra el crecimiento de la economía, con incrementos del PIB superiores al 4 % durante todo el periodo y el cumplimiento estricto de los objetivos fiscales por todas las comunidades. Un escenario poco realista.

En términos absolutos, de hecho, la deuda no disminuye respecto a 2022. El conjunto de las autonomías debía entonces 317.093 millones de euros y Fedea estima que cerrará 2029 con 347.012 millones, casi 30.000 millones más. La mejora de la ratio deuda/PIB procede así fundamentalmente del crecimiento del denominador y de los superávits previstos para los últimos ejercicios de la proyección.

El verdadero problema aparece al refinanciar los vencimientos acumulados durante los años del dinero barato. Entre 2016 y 2022, los tipos de interés llegaron a permanecer próximos al 0 %, permitiendo a las administraciones financiarse en unas condiciones extraordinariamente favorables. Ese escenario ha desaparecido.

La nueva vuelta de tuerca llegó el pasado junio. Las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento del petróleo tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán llevaron al Banco Central Europeo a elevar los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 2,4 %, con efectos desde el 17 de junio. Fedea considera que estas presiones hacen improbable un regreso a los tipos prácticamente nulos de la década pasada.

Para realizar sus cálculos, los economistas toman como referencia un coste del 3 % para las nuevas emisiones de deuda y estiman que refinanciar los vencimientos implicará asumir un sobrecoste de 1,9 puntos de interés respecto a las condiciones en las que se emitió originalmente esa deuda en el periodo 2017-2024. Los tipos se mantienen constantes hasta 2029 en la simulación. El resultado es una lenta transmisión de la subida de tipos a toda la cartera autonómica. El tipo medio de la deuda de las comunidades era del 1,1 % en 2022 y alcanzará el 3,3 % en 2029. En siete años, el coste medio se habrá triplicado.

Otras políticas públicas

La factura continuará aumentando incluso mientras la ratio de endeudamiento disminuye ya que cada vencimiento obliga a sustituir deuda antigua y barata por financiación nueva contratada a tipos superiores. Los autores advierten de que, incluso cumpliéndose el favorable escenario fiscal utilizado en sus cálculos, el incremento de los intereses obligará a redirigir una cantidad creciente de recursos desde otras políticas públicas hacia el servicio de la deuda. Cada euro adicional destinado a intereses reduce, salvo que aumenten los ingresos o se recorten otras partidas, el margen presupuestario disponible para financiar el resto de competencias.

Desde 2012, los mecanismos extraordinarios de financiación han convertido al Estado en el principal acreedor de las comunidades, con cerca del 60 % de su deuda. Fedea, sin embargo, deja fuera cualquier eventual quita de sus cálculos. Entre los supuestos empleados para elaborar las proyecciones, los investigadores asumen que no se va a producir ninguna condonación de deuda pública autonómica en poder del Estado.

Los autores también llaman a las comunidades a extremar la prudencia ante nuevas políticas fiscales expansivas. En particular, advierten de que reducciones significativas de impuestos o nuevos programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas regionales en un escenario en el que una porción cada vez mayor de los presupuestos estará comprometida de antemano por el coste de la deuda.