Los nuevos amos de la deuda pública: cómo los fondos especulativos ponen contra las cuerdas a los Estados

Tras las profundas cicatrices económicas que dejaron la crisis financiera de 2008, la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, la deuda pública de las principales economías ha escalado hasta niveles que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el mayor riesgo para las finanzas de los Estados ya no se encuentra únicamente en cuánto dinero deben, sino en quién compra esa deuda.

En su último informe anual, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) advierte de que se ha producido un cambio de enorme trascendencia en el funcionamiento de los mercados de deuda. Los bancos tradicionales han perdido protagonismo y buena parte de su papel como intermediarios ha sido asumido por las denominadas instituciones financieras no bancarias (NBFI), un amplio grupo que incluye fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y hedge funds. En las economías avanzadas, estos inversores ya poseen el 53 % de la deuda pública, frente al 44 % que controlaban hace apenas cinco años.

Dentro de ese universo, el BPI pone el foco especialmente sobre los hedge funds, cuyo peso en la negociación de deuda soberana ha crecido con rapidez durante los últimos años.

Para el ciudadano, que cambien los compradores de la deuda pública puede parecer un detalle sin importancia, pero el BPI sostiene que altera las reglas del juego. Mientras los bancos suelen mantener una parte importante de los bonos en sus balances, muchos hedge funds basan su estrategia en operaciones altamente apalancadas. Para obtener rentabilidades relativamente pequeñas sobre activos considerados seguros, piden prestadas enormes cantidades de dinero a muy corto plazo y multiplican así el volumen de sus inversiones.

El informe revela hasta qué punto este modelo depende de unas condiciones de financiación extremadamente favorables. Más de la mitad de los préstamos en euros y alrededor del 70 % de los denominados en dólares que reciben estos fondos se conceden sin exigir garantías adicionales, una práctica conocida en los mercados como zero-haircut. En otras palabras, los prestamistas financian prácticamente el 100 % de la operación. Este sistema funciona mientras la confianza se mantiene intacta. Pero también hace que el mercado sea mucho más vulnerable si aparece cualquier episodio de tensión.

La institución que dirige Pablo Hernández de Cos advierte, no obstante, que se puede producir una crisis de financiación incluso antes de que un Estado tenga un problema real de solvencia. Si los prestamistas endurecen las condiciones o reclaman más garantías, los hedge funds pueden verse obligados a vender rápidamente parte de la deuda pública que mantienen en cartera para obtener liquidez. Esa oleada de ventas reduciría la liquidez del mercado y provocaría caídas en el precio de los bonos, lo que a su vez elevaría los intereses que los gobiernos deben pagar para financiarse.

El organismo denomina a este fenómeno el nuevo «nexo de estabilidad fiscal-financiera»: un sistema en el que la estabilidad de las cuentas públicas depende cada vez más del comportamiento de unos mercados financieros mucho más sensibles a cambios bruscos de confianza.

El precedente británico

Este riesgo ya dejó de ser una hipótesis en 2022. Tras el anuncio del denominado mini-budget del Gobierno británico, numerosos fondos de pensiones se vieron obligados a vender deuda pública de forma acelerada para hacer frente a las exigencias de liquidez de sus posiciones financieras. La presión vendedora disparó los costes de financiación del Reino Unido y obligó al Banco de Inglaterra a intervenir de urgencia para estabilizar el mercado.

Según los cálculos del BPI, aproximadamente la mitad de la caída registrada entonces en el precio de los bonos no respondió al deterioro de los fundamentos económicos del Reino Unido, sino a las ventas forzadas y a la pérdida de liquidez del mercado.