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El presidente de Correos, Pedro Saura.Europa Press

Correos dilapida más de 5,7 millones de euros en gastos jurídicos y pago de multas

A raíz de esta información del Portal de Transparencia, el sindicato CGT lamenta que no haya dinero para mejorar las condiciones de los trabajadores mientras se gasta este dinero en el ámbito judicial

El Portal de Transparencia de Correos ha respondido a la pregunta que el sindicato CGT le planteó hace unos meses sobre el gasto total que la compañía ha desembolsado en los últimos años en el ámbito judicial, y la cantidad es significativa.

Entre los años 2023 y 2026, Correos ha tenido que abonar 4.239.477,76 euros a la Abogacía General del Estado. Más de un millón anual se ha destinado a defenderse de los trabajadores y organizaciones sindicales que judicializan sus conflictos con la empresa.

Además de los convenios con la Abogacía General del Estado, Correos ha contratado asistencia jurídica especializada externa. Su coste ha sido de 523.000 euros en el año 2024 y 7.030 euros en el año 2025 sin incluir IVA y otros impuestos indirectos. Estos 530.000 euros, añadidos a los 4,2 millones anteriores, suman 4,8 millones.

En cuanto a las costas por los juicios, Correos se ha visto obligada a abonar 76.431,98 euros: 33.130,05 euros en 2024 y 43.031,93 en 2025.

La compañía también invierte mucho más dinero en multas por requerimientos y expedientes sancionadores de Inspección de Trabajo que en la aplicación de medidas preventivas para evitar que esté en riesgo la salud de los trabajadores. En total ha tenido que pagar 837.165 euros en los últimos cuatro años: 73.794 euros en 2022, 139.510 euros en 2023, 287.434 euros en 2024 y 336.427 euros en 2025, según el Portal de Transparencia.

Mientras aparecen estos datos, en CGT lamentan que «nos dicen que no hay dinero para contratar, para mejorar las condiciones laborales y salariales, para reconvertir las jornadas parciales en completas y dotarnos de materiales y vehículos en buen estado para desemepeñar las labores diarias. Por el contrario, los datos evidencian que se gastan millonadas no solo en sueldazos y bonus directivos, sino en la batalla judicial contra la plantilla, el mantenimiento del maltrato a nuestros derechos y la falta de seguridad en los centros directivos».