El fracaso del Gobierno con los fondos europeos

Los fondos europeos Next Generation EU nacieron como respuesta excepcional a una crisis excepcional. La pandemia exigía medidas extraordinarias y la Unión Europea optó por una fórmula inédita de financiación común para impulsar la recuperación y acelerar la transformación económica de los Estados miembros. Más allá del debate sobre la conveniencia de mutualizar deuda o financiar transferencias directas –una decisión discutible desde el punto de vista económico–, una vez aprobados los fondos la cuestión dejó de ser si eran el mejor instrumento y pasó a ser cómo gestionarlos con la máxima eficiencia.

España tenía ante sí una oportunidad difícilmente repetible. Nunca había dispuesto de un volumen semejante de recursos para modernizar su estructura productiva sin aumentar de forma inmediata la presión sobre sus cuentas públicas. El objetivo debía ser impulsar proyectos capaces de elevar la productividad, favorecer la innovación, reforzar la competitividad y estimular la inversión privada. En definitiva, aumentar el crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, todo apunta a que esa oportunidad se ha desaprovechado en buena medida.

La Comisión Europea ha mostrado cierta flexibilidad al aceptar que algunos desembolsos puedan computarse aunque determinadas actuaciones no hayan concluido materialmente. Esa interpretación facilita el cumplimiento formal de algunos hitos, pero no resuelve el problema esencial: la capacidad real de ejecutar proyectos útiles dentro de los plazos previstos.

El éxito de un programa de inversión pública no depende del dinero movilizado, sino de la calidad de los proyectos financiados

Como he dicho ya aquí, la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno ha sido un fracaso. El verdadero problema es la cuestión de fondo, más allá del calendario: España no ha aprovechado plenamente el potencial transformador de estos recursos. El éxito de un programa de inversión pública nunca depende exclusivamente del dinero movilizado, sino de la calidad de los proyectos financiados. Estos fondos debían servir para mejorar infraestructuras estratégicas, acelerar la digitalización, impulsar la innovación empresarial, reforzar el capital humano y crear un entorno favorable para que el sector privado multiplicara el efecto inicial de la inversión pública. Esa era la verdadera finalidad del programa.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha confundido ejecutar presupuesto con transformar la economía. La selección de proyectos ha estado excesivamente condicionada por criterios políticos y por la necesidad de exhibir resultados inmediatos. Se ha priorizado el anuncio sobre la evaluación económica y el reparto de los fondos sobre su rentabilidad social. Se ha confundido gasto con inversión.

A ello se ha sumado una burocracia extraordinariamente compleja. Empresas, autónomos y administraciones territoriales han denunciado convocatorias difíciles, retrasos en las resoluciones, incertidumbre sobre los criterios de adjudicación y procedimientos excesivamente lentos. Numerosos proyectos con capacidad real para generar crecimiento han encontrado obstáculos administrativos que han retrasado o incluso impedido su ejecución.

En muchos casos, las empresas han encontrado más trabas que estímulos.

La paradoja resulta evidente. España recibía una financiación excepcional en un contexto de elevado endeudamiento público y escaso margen presupuestario. Precisamente por ello, estos recursos debían concentrarse en actuaciones capaces de elevar de forma permanente la capacidad productiva del país. Era el momento de acometer inversiones estratégicas y de crear un marco que incentivara al sector privado a ampliar sus propias inversiones. Sin embargo, en muchos casos, las empresas han encontrado más trabas que estímulos.

La economía crece cuando los incentivos funcionan correctamente. El sector público puede impulsar proyectos estratégicos y facilitar la inversión inicial, pero el crecimiento sostenido depende de la capacidad del sector privado para invertir, innovar y competir. Cuando la prioridad pasa a ser simplemente distribuir recursos, el efecto multiplicador disminuye y la eficiencia se resiente.

Por ello, el balance de los fondos europeos no debería limitarse al porcentaje finalmente ejecutado. La cuestión relevante será cuánto crecimiento adicional han generado, cuánta productividad han incorporado a la economía y hasta qué punto han fortalecido la competitividad de España. Esas son las variables que determinarán si el programa cumplió realmente su objetivo.

Lamentablemente, todo indica que el resultado habrá quedado muy por debajo de lo que una oportunidad histórica de esta magnitud permitía alcanzar, con una parte sin ejecutarse completamente y que los ya desembolsados no produzcan el impacto estructural esperado.

España tardará muchos años en volver a disponer de una ocasión semejante. Por eso, el verdadero juicio sobre los fondos europeos no dependerá del dinero recibido ni del volumen de gasto certificado, sino de las mejoras permanentes que hayan dejado sobre la productividad, la competitividad y el crecimiento potencial. Si esa transformación no llega a producirse, la mayor inyección de recursos públicos de las últimas décadas habrá terminado convirtiéndose en una de las grandes oportunidades perdidas de la política económica española.