La pobreza real asciende al 23,5 % si se tiene en cuenta el coste de la vivienda

Alrededor de 1,95 millones de personas en España se encontraban en situación de «pobreza oculta» en 2025, es decir, no eran clasificadas como pobres bajo el criterio convencional de renta disponible monetaria, pero caían por debajo del umbral de la pobreza una vez afrontado el coste de acceso a la vivienda.

Así lo revela el estudio El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014-2025 publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y Universidad Complutense de Madrid) y Álvaro Pinto (Fedea y Universidad de Alcalá).

El informe, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), constata que incorporar el coste habitacional «no revierte la mejora de la pobreza registrada entre 2014 y 2025, pero sí eleva sistemáticamente su nivel».

En concreto, la tasa de pobreza relativa convencional se situó en 2025 en el 19,5 % de la población, pero repuntaría hasta el 23,5 % si se descuenta de la renta el coste de acceso al alojamiento.

Los autores recalcan que «la vivienda no sólo hace que más personas crucen el umbral de la pobreza, sino que agrava la situación económica de muchas de quienes ya se encontraban por debajo de él».

Jóvenes y extranjeros, los vulnerables

El estudio refleja que la vulnerabilidad asociada a la vivienda presenta un marcado perfil social y territorial, concentrándose sobre todo en hogares con una persona de referencia joven, nacida fuera de la Unión Europea y ubicada en zonas residenciales tensionadas, como Madrid, Baleares o Cataluña.

Asimismo, Fedea subraya que al contrastar las mediciones monetarias con la Carencia Material y Social Severa (SMSD), la pobreza convencional sólo identifica al 46,7 % de las personas en privación material severa en 2025.

En cambio, esta cobertura sube al 56,9 % al descontar el coste de acceso a la vivienda y alcanza el 66,1 % si se considera el gasto residencial total.

Fedea concluye que la renta disponible por sí sola «resulta insuficiente para distinguir plenamente entre hogares que, pese a disponer de ingresos similares, conservan capacidades económicas muy distintas después de pagar el alojamiento».

Por ello, los autores recomiendan incorporar de forma explícita el coste habitacional en el diseño de las políticas públicas de garantía de ingresos –como el Ingreso Mínimo Vital– con el fin de «ajustar mejor la protección pública a su capacidad económica efectiva y detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar fuera cuando el test de recursos se basa exclusivamente en la renta antes de vivienda».