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Dos personas muestran sus llaves durante una concentración en apoyo a Maricarmen tras su desahucio en Madrid, ante la Delegación del Gobierno, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta ha sido convocada tras el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid.

Lorena Sopêna / Europa Press
23 SEPTIEMBRE 2026;MANI;MARICARMEN;DESAHUCIO;FONDO BUITRE;LLAVES;LLAVERO;CASA;ALQUILER
23/9/2026

Dos personas muestran sus llaves durante una concentración en apoyo a Maricarmen tras su desahucio en MadridEuropa Press

Afectados por la Ocupación advierte que «el falso decreto para proteger a los vulnerables» blinda a las mafias

Sumar ha advertido que no asistirá al próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el decreto de vivienda que estaba previsto para julio

La Plataforma de Afectados por la Ocupación destaca su «profunda preocupación y rechazo» ante las posibles medidas que se adopten en el Consejo de Ministros para blindar la prohibición de desahucios porque consideran que estas «legitiman la okupación».

En un comunicado, la Plataforma advierte que «bajo el falso prisma de proteger a los vulnerables», las decisiones que puede adoptar el Gobierno «no hacen sino blindar de facto el negocio de las mafias okupas y de aquellos perfiles que ocupan u hostigan viviendas de grandes tenedores».

Este posicionamiento llega después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el pasado miércoles su vivienda de alquiler tras 70 años, haya colocado el problema de la vivienda en el foco político y social.

Sumar ha advertido que no asistirá al próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el decreto de vivienda que estaba previsto aprobar inicialmente en julio.

A juicio de esta plataforma antiocupación, «prohibir los desalojos en grandes tenedores sin distinguir la casuística alimenta la falsa creencia de que ocupar inmuebles corporativos o de fondos carece de consecuencias, abriendo la puerta a que se consolide la situación de los okupas».

«Trasladar la carga social y el coste de la emergencia habitacional a los hombros de terceros es inaceptable en nuestra sociedad —con el agravante de enviar un mensaje de impunidad a quienes ocupan de forma irregular—», sostiene la Plataforma en el comunicado.

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