Ricardo Alonso (Urbagestión): «Nosotros cumplimos la Ley. Que la ministra nos explique qué ha hecho ella por Maricarmen»

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada de su piso en Madrid, en pleno barrio del Retiro, ha tenido todo el foco mediático en la última semana. Casi una semana después se ha conocido que la empresa dueña del inmueble, Urbagestión, y los representantes legales de la madrileña han llegado a un acuerdo que le permitirá seguir viviendo en el piso a cambio de una renta que no superará el 30 % de sus ingresos.

Tras ello, Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, ha asegurado en una entrevista con El Debate que «económicamente no es viable», pero que están «haciendo una labor de protección dada su vulnerabilidad».

–Han llegado a un acuerdo con los representantes de Maricarmen para que vuelva a su casa...

–Hemos presentado una propuesta de arrendamiento con una renta de carácter social para que la señora Abascal pueda volver a la vivienda, ya que no le ha convencido otra solución planteada por el Ayuntamiento de Madrid u otros servicios sociales. Queremos que no se radicalice más la situación, de la que se está sacando provecho.

Hemos tratado de adaptarnos a los criterios de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), cuya actividad en el seguimiento y gestión de viviendas protegidas es ejemplar. Hemos fijado una renta en línea con lo que hace la empresa municipal, que establece un rango que nunca supere el 40 % de la renta neta de la unidad familiar. En esto caso hemos bajado la horquilla a un 30 % de su renta neta, con lo que prácticamente se le queda la misma renta que tenía anteriormente, unos 500 euros.

–¿Es viable para Urbagestión el acuerdo alcanzado?

–¿Por qué no se hizo antes?

–Por un lado, la tutela judicial efectiva llega hasta el final. Por otro, existía una gran desconfianza con la interlocución. Las abogadas pertenecen al sindicato, ella está sindicada y todo su entorno forma parte de ese movimiento. Con lo cual ella es una persona clave, de hecho la han convertido en un auténtico ídolo. Tenían pensados todos los pasos que iban a dar y era la persona idónea para ello. No supimos verlo ni pensábamos que se llegaría a este extremo, pero en cuanto vieron la ventana de oportunidad, la aprovecharon rápidamente.

Con independencia de eso, lo importante es la situación real de una persona. Esto es cuestión de humanidad y sentido común. Si fuera un familiar nuestro haríamos lo mismo si no hay otra opción. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho esfuerzos notables a través de Servicios Sociales; han estado muy pendientes de ella, ofreciéndole incluso plaza en una residencia, pero no ha querido porque prefiere mantenerse en su vivienda habitual.

Ahora mismo hay muy poco margen de maniobra, así que no nos queda otra que ceder. Estamos sufriendo un daño reputacional gigantesco y una persecución brutal. Creo que buscan cancelarnos, que está muy de moda. En esa dinámica nos hemos visto envueltos, intentando gestionar la situación de la mejor manera posible.

Con el sindicato la interlocución fue prácticamente inexistente debido a la falta de confianza

–¿Se le llegó a ofrecer un nuevo contrato a Maricarmen cuando adquirieron la vivienda?

–Existe mucha información difamatoria intencionada promovida desde el entorno del sindicato. Urbagestión es una pequeña pyme madrileña con ocho trabajadores y dos socios, dedicada al asesoramiento en inversión a terceros. No somos inversores directos.

En la compra del inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda en 2018, nuestra función fue asesorar a la empresa cotizada Renta Corporación, que compró el edificio entero a una familia de herederos. Renta Corporación realizó reformas en zonas comunes, fachadas, cubierta y ascensor, y posteriormente decidió vender los pisos de forma individual para obtener rentabilidad. Nos ofrecieron varias viviendas que quedaban por vender, entre ellas una que contaba con inquilina. Adquirimos ese inmueble mediante hipoteca como una inversión.

Tras la compra, revisamos la documentación y detectamos irregularidades en la subrogación del contrato. La madre de la inquilina falleció en 2005 y ella notificó la subrogación alegando antigüedad y empadronamiento, pero sin acreditar la minusvalía superior al 65 % exigida legalmente. Al solicitárselo en 2018, solo alegó verbalmente una incapacidad del 30 % derivada de una operación de cadera, sin presentar el certificado oficial de la Comunidad de Madrid.

Al no cumplir los requisitos legales ni la normativa derivada del Decreto Boyer, el contrato se encontraba extinguido desde 2007. Llevamos el asunto a los juzgados y, tras ser apelado, la Audiencia Provincial de Madrid en 2022 y posteriormente el Tribunal Supremo en diciembre de 2023 ratificaron que una situación ilegal de origen no deviene legal con el tiempo, declarando que llevaba años en situación de precario sin título legal.

Al negarse a firmar un nuevo contrato o desalojar la vivienda, la jueza de primera instancia ejecutó la sentencia tras tres años de proceso. Cuando intentamos negociar una renta con un descuento de entre el 40 y el 50 % sobre el precio de mercado, el sindicato difundió la propuesta en redes acusándonos de exigir precios abusivos, politizando el conflicto y rompiendo la comunicación directa.

–¿La negociación fue con Maricarmen o con el Sindicato de Inquilinas?

–Con el sindicato la interlocución fue prácticamente inexistente debido a la falta de confianza. Tras ejecutarse el lanzamiento y constatarse la vulnerabilidad de la inquilina, decidimos retomar el diálogo por un cauce serio. Este lunes mantuvimos una larga reunión con las abogadas del sindicato y un familiar, alcanzando un principio de acuerdo para un contrato de arrendamiento social por ocho años (ampliable a tres más) con una renta equivalente a la que abonaba antes.

–¿Recibieron alguna propuesta de compra o de alquiler por parte de Casa 47, la empresa pública de vivienda?

–A principios de julio se puso en contacto la gerente de Casa 47 para mediar. Tras comprobar que no podían adquirir la propiedad por limitaciones estatutarias ni presentar ofertas formales por escrito, las conversaciones no prosperaron. Llegaron a plantear propuestas informales para compartir la renta o alusiones a compradores interesados, pero sin concreción ni seriedad.

–Durante los años que duró el proceso judicial, ¿se llegó a subir el alquiler?

–No, apenas tuvo variaciones. La mensualidad rondaba los 198-204 euros, a los que se sumaban unos 230 euros de gastos comunitarios que incluían calefacción central y agua.

–¿El Sindicato de Inquilinas tuvo en algún momento intención real de negociar, o solo buscaban alcanzar esta situación?

–Es una apreciación personal, pero considero que no tenían disposición real de alcanzar un entendimiento. Vamos, es fácilmente apreciable. Ante la ruptura de la confianza, el canal directo se cerró y recurrieron a presionar para que interviniera el Ministerio a través de Casa 47, sin que se tradujera en avances hasta esta última reunión.

- ¿Qué le parecen las declaraciones de la ministra de Vivienda sobre su empresa? (a la que calificó en tras el Consejo de Ministros de «pyme buitre, muy carroñera»)

- Respeto a la ministra, pero lamento que desde el Consejo de Ministros se descalifique con insultos a una pequeña empresa que se ha limitado a cumplir la ley. Hay una sentencia firme de la Audiencia Provincial, confirmada por el Tribunal Supremo. Aun así, y sin ninguna obligación, Urbagestión ha acordado con la EMVS del Ayuntamiento un nuevo contrato de alquiler con una renta social para que Doña Maricarmen pueda volver a su casa. Será un contrato de ocho años de vigencia, prorrogable, que le garantiza su vivienda con plena seguridad jurídica, algo que hoy no tenía. Si eso es ser un buitre, que nos explique la ministra qué ha hecho su ministerio por Doña Maricarmen.