La política económica del sanchismo (y IV)

Hemos visto cómo desde 2018 hasta finales de 2025 la renta real per cápita no subió nada y la renta real per cápita disponible disminuyó en 1105 euros al final del periodo. La diferencia entre esos dos tipos de rentas la determinan el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB.

El total de ingresos públicos en 2018 fue de 468.000 millones de euros y de 672.000 millones en 2025. Lo que supuso el 38'9 % del PIB en 2018 y el 41'44 % sobre el PIB de 2025. Por si eso no fuera suficiente el conjunto de Administraciones públicas se endeudó adicionalmente desde los 29.000 millones en 2018 hasta los 60.000 millones en 2025.Un crecimiento continuo de año tras año que nos ha explicado una y otra vez José Ramón Riera en sus artículos en El Debate sobre la evolución de ingresos y gastos públicos. La deuda pública total era de 1.173.000 millones en 2018 y de 1.698.000 millones en 2025. En junio de 2026 la deuda pública se había disparado hasta los 1.763.000 millones, 68.000 millones más en solo 6 meses.

Con esos ingresos públicos, y aumentando su endeudamiento, el gasto público que alcanzó los 501.000 millones en 2018, el 41'8% del PIB de ese año se incrementó hasta 728.000 millones en 2025, el 43'1% del PIB de 2025. Un aumento de 227.000 millones desde 2018 hasta 2025.

La gran incógnita a despejar es saber a qué ha dedicado el gobierno de Sánchez esa enorme cantidad de dinero. Si se hubiera dedicado a mejorar la productividad de la economía española el gran sacrificio que están teniendo que hacer todos los residentes en España habría tenido una recompensa. En caso contrario habría sido un sacrificio en vano. Veámoslo.

En 2018 el gasto en protección social, que comprende el gasto en pensiones contributivas y no contributivas, desempleo y dependencia (ingreso mínimo vital) fue de 169.500 millones. En 2025 alcanzó los 245.000 millones. Un aumento debido, en gran parte, a la revalorización de todo tipo de pensiones que ocurrieron tras la reforma que hizo el insensato Escrivá, que es ahora gobernador del Banco de España. El gasto en pensiones de todo tipo pasó de 145.000 millones en 2018 a 218.000 millones en 2025.

Los gastos por desempleo aumentaron desde los 17.700 millones de 2018 hasta los 23.800 millones de 2025, a pesar de que el número de parados era de 3.480.000 personas en 2018 (el 15'3 % de tasa) y de 2.720.000 en 2025 (11'2 % de tasa). Un aumento debido a la mayor generosidad a la hora de conceder estos subsidios, que ha aumentado desde su concesión al 58% de los desempleados en 2018 hasta el 70 % en 2025. De tal forma que el gasto nominal anual por desempleado ha pasado de los 17.700 euros en 2018 a los 23.800 euros en 2025.

El conjunto de lo que se denomina gasto social, que comprende además de la protección social el gasto en educación y sanidad y un gasto mínimo (11.000 millones en 2025) en vivienda, ha pasado de los 294.500 millones de euros en 2018 a los 432.000 millones en 2025.

El gasto en sueldos, salarios y cotizaciones sociales en las Administraciones públicas ha pasado de 125.000 millones en 2018 a 172.000 millones en 2025. Un aumento debido al crecimiento de los empleados públicos desde los 2.570.000 de 2018 hasta los 2.980.000 en 2025.

He puesto de relieve todos esos gastos porque ponen en evidencia el deseo del gobierno de satisfacer las necesidades de grupos de personas que son, además, potenciales votantes.

En total, en 2025 había 9.200.000 pensionistas, 2.720.000 desempleados y 2.980.000 empleados públicos tras añadir otros 400.000 desde 2018. Lo que no ha hecho el gobierno es incrementar el gasto en inversiones públicas e incentivar las privadas para atender las necesidades de más de 4.100.000 inmigrantes, que presionan a toda la economía nacional en viviendas, comunicaciones, transportes y gastos sanitarios. Tampoco ha tenido en cuenta las necesidades de incrementar las inversiones en el sector eléctrico, tanto en alta como en tensión media, una carencia que afecta a toda la economía nacional. En relación con las comunicaciones y transportes, las limitaciones afectan a toda la población, que sufre las constantes averías y accidentes en las vías férreas, así como a las necesidades del sector del turismo, el más importante y el más dinámico de toda la economía nacional.

En 2018 el total de las inversiones públicas (Formación Bruta de Capital Fijo) alcanzó los 23.800 millones de euros, un 2% del PIB. En 2025 se incrementaron hasta los 41.500 millones, un 2'5% del PIB. Un aumento de 17.700 millones, una cantidad ridícula cuando, como hemos visto, los ingresos públicos habían crecido en 204.000 millones en ese periodo.

Una parte considerable del incremento en las inversiones públicas se hizo gracias a las transferencias de los fondos comunitarios los Next Generation.

Esos fondos, aprobados por la Unión Europea en 2021 para ayudar a la recuperación económica de los países miembros tras la crisis del Covid, se cifraron en 90.000 millones de euros en subvenciones para España. Había que utilizarlos entre 2021 y 2026. El Gobierno de Sánchez no ha sabido, o querido, utilizarlos en su totalidad para incrementar las inversiones públicas. Lo que si han hecho el resto de los países miembros de la Unión Europea. No está claro que subvenciones se han aplicado en 2025 si han sido 7.000 o 16.000 millones de euros. Si hubieran sido de 7.000 millones esa cantidad habría supuesto un 0,43% del PIB del ejercicio. Sin ellos, la inversión pública habría sido de 34.500 millones de euros, un 2'12% del PIB de ese año. En cualquier caso, la inversión pública sumó 41.500 millones, el 2,5% del PIB de 2025.

Merece la pena comparar esos niveles de inversión pública con los de Alemania, Francia e Italia, tres países próximos en los que, como ya vimos, el peso de la inmigración en su población es muy inferior al de España. En 2025 en Alemania, la inversión pública fue de alrededor del 2'8% de su PIB; en Francia fue del 4% y en Italia, con una población en retroceso muy significativo, fue del 3'6% de su PIB. En el conjunto de la Unión Europea el porcentaje fue del 3'8% del PIB comunitario.

No hay ninguna razón que explique el bajísimo nivel de las inversiones públicas. Es evidente que el gobierno de Sánchez primó el gasto social a corto plazo. Parece claro que sus intereses electorales le han llevado a huir de la inversión, porque de todos es sabido que los resultados de las inversiones se manifiestan a largo plazo. Aún más grave que la limitación de las inversiones públicas ha sido la falta de incentivación a las inversiones privadas. En 2018 las inversiones privadas alcanzaron los 219.000 millones de euros, un 18'2% del PIB de ese año. En 2025 llegaron a los 280.000 millones, en torno al 17% del PIB. Mientras en Alemania fueron del 18'5%; en Francia del 19'8% y en Italia del 18'2% (frente al 15% de 2018). En el conjunto de la Unión Europea el promedio fue del 18'3%.

La descomposición de las inversiones totales en España nos ilustra respecto a cuáles no han sido las preocupaciones del gobierno. En 2018, la construcción de inmuebles e infraestructuras alcanzó los 149.000 millones, un 9'5% del PIB y un 48% de las inversiones totales. En 2025, la inversión en esas construcciones llegó a los 184.000 millones, solo un 10,5 % del PIB, un 43% del total de las inversiones. La construcción de infraestructuras en 2018 fueron un 56% de las inversiones públicas. En 2025 se redujeron al 38% del total de esas inversiones. El porcentaje más bajo en muchas décadas.

No cabe duda de que la baja inversión pública responde a una política económica determinada, la de permitir el deterioro de las infraestructuras, lo que obligará al gobierno que siga al sanchismo a destinar muchos más recursos a esas inversiones, lo que, a su vez, podría reducir los gastos sociales, con el consiguiente malestar de los afectados, pensionistas, desempleados, receptores de subvenciones como los mínimos vitales, o el de los empleados públicos, si no se subieran los salarios en relación con la inflación.

Lo que no esperaba probablemente el gobierno del sanchismo es que el deterioro de las infraestructuras se manifestara tan pronto. Los problemas de todas las vías férreas, con Adamuz a la cabeza, se han producido por la falta de mantenimiento de las infraestructuras existentes. El apagón ocurrió por la falta de inversión en redes eléctricas, inducida por una política de baja remuneración de las inversiones en redes y por haber primado inversiones masivas en energía eólica y en placas solares sin preocuparse por las inversiones imprescindibles en baterías de todo tipo para evitar apagones como el que ya nos ha afectado. Hasta el punto de que continuamente hay que cortar el suministro eléctrico a los grandes consumidores para evitar los apagones. Lo más chusco del caso es que el sanchismo ha tenido que olvidarse de su plan de eliminación de la energía nuclear por ese mismo motivo.

Conclusiones

Con todo ello, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. La política económica del sanchismo ha sido el mayor disparate de la historia económica de España desde 1959. Sólo comparable a los años de autarquía del franquismo.

2. Pretender que funcione una política de crecimiento sobre la base de integrar a más de 4 millones de inmigrantes mientras se persigue a las empresas que tienen que emplearlos o es el fruto de la estupidez o del deseo de envenenar el clima social.

3. No es lo mismo que la población crezca en más de 4 millones de habitantes de una forma natural, con nacimientos que superen en ese margen a las defunciones lo que, permite asimilar ese incremento a lo largo de varias décadas que absorber en 8 años ese volumen de nuevos habitantes ya en edad de trabajar. Esa gran cohorte de 4 millones de habitantes necesita viviendas, energía eléctrica, comunicaciones, transporte, servicios de salud y apoyo para la formación profesional. Todo lo cual supone un enorme incremento del gasto público.

4. La incompresible política de bajas inversiones públicas ya ha tenido consecuencias de todo tipo, como se ha expuesto anteriormente.

5. La política de defensa de la okupación de viviendas ha agravado el problema de los alquileres. Los datos públicos apuntan a que más de 400.000 viviendas han dejado de ofrecerse en el mercado de alquileres.

6. Por último, la política económica del sanchismo no solo ha reducido la renta per cápita real disponible en los últimos 8 años. Las limitaciones a las que se ha hecho referencia anteriormente han repercutido negativamente en esas rentas reales per cápita que afectan no sólo a los más de 4 millones de recién llegados sino a los más de 46 millones de habitantes que vivían en España en 2018.