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El ministro para la Transformación Digital, Óscar López.EP

El Gobierno acelera las exigencias energéticas a los centros de datos pese a las objeciones de Competencia

La norma obligará a cubrir el 80 % del consumo con renovables bajo determinados requisitos y el Ejecutivo quiere aprobarla antes de las elecciones

El Gobierno quiere aprobar antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre el real decreto que regulará las exigencias energéticas de los centros de datos en España. La norma obligará a estas instalaciones a acreditar que al menos el 80 % de su consumo eléctrico procede de autoconsumo o de contratos vinculados a nueva generación renovable, una condición que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado flexibilizar.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo mantiene su intención de sacar adelante el decreto antes de los comicios. «Estamos trabajando en ese decreto y yo espero que podamos aprobarlo antes de las elecciones, porque es muy importante», ha señalado en una entrevista en TVE.

El proyecto, impulsado por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, introduce nuevas condiciones para el suministro eléctrico de los centros de datos. En concreto, establece que al menos el 80 % de su consumo anual deberá proceder de autoconsumo o de contratos de suministro a largo plazo asociados a instalaciones renovables cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del propio centro de datos.

Esta última exigencia, conocida como requisito de adicionalidad, pretende vincular la creciente demanda eléctrica de estas instalaciones con la incorporación de nueva capacidad de generación renovable. En la práctica, no bastaría con que una empresa contratara electricidad de origen renovable, sino que tendría que acreditar que cumple las condiciones establecidas sobre la antigüedad de las instalaciones que la producen.

La CNMC ya ha emitido su informe sobre el proyecto de real decreto y ha recomendado introducir modificaciones en su diseño. En particular, el organismo regulador considera conveniente flexibilizar tanto el requisito de adicionalidad como las exigencias de correlación horaria entre el consumo eléctrico y la generación renovable contratada.

Estas condiciones resultan relevantes para las empresas que planean construir o ampliar centros de datos en España, ya que afectan a la forma en que deberán garantizar su suministro eléctrico y contratar la energía necesaria para mantener sus instalaciones en funcionamiento.

Pese a las observaciones del regulador, el Ejecutivo mantiene su intención de culminar la tramitación en las próximas semanas. Una vez incorporado el informe de Competencia al expediente, el texto deberá someterse al examen jurídico del Consejo de Estado.

La previsión del Gobierno es llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre, mediante una tramitación urgente, para que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de las elecciones.

Impacto sobre el recibo de la luz

El ministro ha defendido las nuevas exigencias por la necesidad de garantizar la sostenibilidad de unas instalaciones cuyo consumo energético puede ser muy elevado.

López ha advertido de que el crecimiento de los centros de datos puede tener consecuencias sobre el precio de la electricidad que pagan los hogares si no se establecen condiciones adecuadas para su desarrollo.

«Este Gobierno ha dicho: usted quiere mi energía, usted quiere mi agua, usted quiere mis datos, y yo le digo que, muy bien, tiene que ser sostenible», ha afirmado.

En este sentido, ha señalado lo que, a su juicio, está ocurriendo en países como Irlanda y en distintos estados de Estados Unidos, donde el desarrollo de estas instalaciones ha abierto un debate sobre su impacto energético.

«Te va a subir el recibo de la luz para que un señor se forre en California», ha asegurado el ministro, que también ha criticado la utilización de los datos de los ciudadanos por parte de las grandes compañías tecnológicas.