Campañas electorales con nuestro dinero

Las campañas electorales son una pesadilla. Los políticos que se han pasado cuatro años haciendo que hacían, no tienen más remedio que lanzarse a la calle. Con lo poco que les gustaba a algunos hacerla. Y visto lo visto, creo que resultan mucho más interesantes en sus casas que montando el número por las calles de nuestros pueblos y ciudades.

Pero como además de cantar y bailar deben pronunciar discursos y hacer promesas, se multiplican los desatinos. Todo vale con tal de conseguir más votos en las urnas el próximo 29 de noviembre. Y debe funcionarles. Un 34 % de audiencia de Pedro Sánchez en La Revuelta lo demuestra, aunque un amigo experto en la cosa del share lo justifique con las que consiguen los Sálvame de turno.

Dicho lo cual, la campaña deja para la breve historia algunas promesas y trucos que conviene analizar. Y vamos con ellos.

Cuando el Gobierno se dio cuenta de que la vivienda ya no iba a ser el motor electoral que pensaban —muchos han señalado el desastre de sus políticas y leyes en este campo–, han decidido centrar sus discursos y mítines en los llamados colectivos vulnerables: pensionistas, funcionarios, viudas, víctimas, y cualquier otro grupo que se deje. Y lo digo porque el Gobierno ha decidido llevar cada martes al Consejo de Ministros medidas –que denomina sociales– que recuerdan mucho la campaña para las elecciones de 2019. Nada nuevo bajo el sol. Aquellas medidas supusieron más de 2.700 millones de euros sobre el presupuesto. Pero claro, como ahora no hay tal –me refiero al Presupuesto– han decidido repetir el gesto que, el mejor de los casos, nos les tocará a ellos pagar, sino de nuevo a todos los españoles.

Vamos, que si la vivienda ya no vende –o eso piensan ellos– mejor regar a los votantes de promesas que permanecer de brazos cruzados

En esa línea se sitúa la mejora de las pensiones de viudedad para personas no casadas, que aprobó esta semana el Gobierno. También las nuevas subidas del sueldo de los funcionarios, del salario mínimo y de las pensiones. ¡Barra libre para el gasto! Han sido más de 450 millones en un solo Consejo de Ministros. Hasta el PNV, tan solidario con este Gobierno, les ha acusado de electoralismo por aprobar unas ayudas sociales que vetó en septiembre. ¡Pero ahora hay elecciones, Iñaki!

Los 450 millones de euros se reparten en 180 millones en subvenciones directas para las autonomías que han declarado zonas de mercado residencial tensionado; 45 millones para crear 2.000 plazas en residencias universitarias y otros 45 para nuevas prestaciones de la Seguridad Social. Pero hay más: 150 millones de euros en indemnizaciones a víctimas del terrorismo; casi 30 millones para agricultores y ganaderos afectados por los incendios, 1,3 millones para proteger a mujeres víctimas de violencia de género en Ceuta –ahora les importa Ceuta– y un millón para profesionales del sector marítimo. Una fiesta. Y el remate.

Sánchez ha decidido también subir el gasto público en 5.170 millones de euros con la mencionada subida de las pensiones y salarios de funcionarios. Pero no crean que estas medidas y otras más se les acaban de ocurrir. Estaban previstas en los Presupuestos del Estado que –incumpliendo una vez más sus palabras– nunca presentaron al Congreso. Ahí figura también la cotización con cargo al Estado de las cuidadoras no profesionales de dependientes y la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, unas iniciativas que suponen unos 610 millones, y a la que habría que añadir la inminente aprobación del subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años con un coste aproximado de otros 300 millones de euros. Y claro, ¿a quién no le van a gustar un Imperio Romano que decía la otra?

Pero faltaba una traca final para cerrar la fiesta, y el Consejo de Ministros prepara una oferta pública de empleo (OPE) para antes de las elecciones. Y aunque el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no ha facilitado aún números, se prevé superar las 30.000 plazas convocadas por el Estado en 2018. Otra fiesta cuando Europa está liquidando la oferta pública en todos los países. Algunos expertos han cifrado ya en 1.319 millones el coste de esta operación.

Vamos, que si la vivienda ya no vende –o eso piensan ellos– mejor regar a los votantes de promesas que permanecer de brazos cruzados, aunque para ello deban modificar la reforma laboral de 2012 e incluir la implantación en las empresas de un registro de la jornada de sus trabajadores, recuperar la ultraactividad de los convenios, dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa y modificar la regulación de las subcontratas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

Me dirán que es mucho que mejor que canten y bailen que ponerles a prometer lo que no pueden cumplir. Y estoy de acuerdo, pero al final todo este chandrío, que dicen en mi tierra, es el mejor retrato de estas dos legislaturas: utilizar siempre el dinero público –¡nuestro dinero oiga!– para sus intereses. Esta vez para la campaña electoral. Lo dicho: mejor que bailen, aunque la ausencia de Iceta le deje a Sánchez un poco perdido en los escenarios de los mítines.