La herencia del próximo Gobierno: por qué hay que levantar las alfombras de Sánchez aunque asuste lo que hay debajo

El expresidente Calvo Sotelo solía quejarse de que Felipe González se escudaba en la gestión de Gobiernos anteriores para no dar explicaciones sobre los problemas de España («Ya está bien de la herencia recibida, señor presidente», El País, 16 de febrero de 1995).

Es un argumento de manual echar la culpa al que gobernaba antes. Pero, a veces, hay razones objetivas para hacerlo. Y, en cualquier caso, los ciudadanos tenemos derecho a conocer la situación real que va a dejar Pedro Sánchez cuando abandone la Moncloa. Algo que, si aciertan las encuestas, ocurrirá pronto.

Alberto Núñez Feijóo ha prometido una auditoría de las cuentas públicas cuando sea presidente. Me parece una decisión acertada. Tendrá que averiguar qué margen de maniobra le queda para gobernar, después de los compromisos adquiridos por Sánchez.

En España tenemos experiencia

Cuando Aznar llegó a la Moncloa, en mayo de 1996, González llevaba más de trece años gobernando. Poco después, el nuevo Ejecutivo aprobó créditos extraordinarios por 721.169 millones de pesetas, unos 4.334 millones de euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores y regularizar anticipos.

Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en diciembre de 2011, tras más de siete años de Gobierno de Zapatero. El hundimiento de la construcción y la destrucción de empleo habían reducido la recaudación, mientras aumentaba el gasto en prestaciones por desempleo. Los ingresos ligados a la burbuja habían desaparecido, pero buena parte de los compromisos de gasto seguían ahí.

Zapatero había acordado con Bruselas reducir el déficit de 2011 al 6 % del PIB. Sin embargo, en febrero de 2012, Hacienda presentó un primer cierre del 8,5 %. La desviación ascendía a unos 27.000 millones de euros.

¿Qué encontrará quien suceda a Sánchez?

Sánchez va dejando compromisos de gasto para el siguiente ejercicio. El Gobierno ha reafirmado la subida salarial del 4,5 % para los empleados públicos en 2027, y acaba de aprobar una ampliación del acceso a la pensión de viudedad para parejas con hijos, además de otras mejoras en prestaciones sociales. Todo ello presentado a pocas semanas de las elecciones, en una sucesión de martes sociales de evidente rentabilidad política.

También llegará la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que ya está prevista por ley.

Cada compromiso de gasto que deje firmado Sánchez condicionará al próximo Gobierno. Por eso conviene aclarar desde el principio quién contrajo esas obligaciones, cuánto cuestan y cómo se van a pagar. De lo contrario, se dará la paradoja de que quienes dejaron las facturas pendientes podrían acabar encabezando las protestas contra quienes tengan que pagarlas. Una escena ya conocida.

El camino a evitar

Francia cerró 2025 con un déficit público del 5,1 % del PIB y una deuda del 116 % del PIB. Una deuda descomunal que ha seguido aumentando en 2026.

Durante décadas, Francia se acostumbró a un Estado que prometía mucho y emitía deuda cuando los impuestos no bastaban. Mientras endeudarse salía barato, se podía seguir repagando la deuda. Hasta que saltaron las alarmas: la desconfianza de los inversores encareció la financiación y dejó al descubierto la incapacidad política para contener el gasto.

La debilidad económica complica ahora la corrección de las cuentas públicas. Con una economía enferma se gasta más y se recauda menos y aumenta la deuda sobre el PIB.

Francia es una advertencia para España

Un Gobierno puede aplazar el ajuste y dejarle la factura al siguiente. Lo que no puede garantizar es que, cuando llegue el relevo, su sucesor conserve margen para elegir dónde recortar y a qué ritmo.

Y una vez realizada la auditoría… ¿Debería Feijóo temer que publicarla inquiete a los mercados? Lo que realmente debería preocuparle más es que los mercados descubran los problemas por su cuenta. De ahí que publicar las cuentas con un plan creíble para sanearlas pueda reforzar la confianza. Pero si los mercados descubren el agujero, costará más financiarlo.

Lo que más debería inquietar a Feijóo es que los mercados descubran los problemas por su cuenta

Después vendrá la tarea difícil: el próximo presidente del Gobierno deberá abordar una reforma de las Administraciones que llevamos años aplazando. Revisar subvenciones, suprimir organismos, privatizar empresas públicas y eliminar trámites. Preservar la inversión en educación e investigación exige dejar de financiar gastos que aportan poco.

Francia muestra lo que ocurre cuando se llega tarde y España todavía puede evitar parte de ese coste. Feijóo tiene razón al querer levantar las alfombras y los españoles tenemos derecho a conocer las cuentas que deja Sánchez, además de una herencia ruinosa de 35.168 euros de deuda pública por habitante.

Subir subiendo los impuestos, como ha hecho el actual Gobierno, resulta más cómodo. Reformar el aparato público obliga a enfrentarse a quienes viven de él. Ahí se medirá la voluntad real de cambio.