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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.EP

Puente resta importancia a que Talgo quede fuera del macroconcurso de Renfe tras invertir el Estado 75 millones

El ministro defiende que la intervención pública buscaba evitar que el fabricante español acabara en manos rusas y justifica las exigencias de la licitación por la necesidad urgente de nuevos trenes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que «no es relevante» que Talgo haya quedado fuera del concurso de Renfe para adquirir 30 nuevos trenes de alta velocidad por 1.362 millones de euros, pese a que el Estado invirtió 75 millones en el fabricante español para contribuir a garantizar su continuidad.

Preguntado por El Debate durante su intervención este lunes en el Foro de Nueva Economía, Puente ha defendido que la operación respondió a motivos de seguridad nacional y que la licitación ferroviaria tiene unas condiciones especiales por la urgencia de incorporar nuevo material rodante. «Sobre ella se cernía una OPA de una empresa supuestamente húngara –que, por cierto, ha quebrado– tras la cual se escondía capital ruso e intenciones del Gobierno ruso», ha señalado.

«Creíamos que no era razonable dejar una empresa estratégica española –no solo por su valor, sino por su simbolismo– en manos del Gobierno ruso, aunque fuera indirectamente», ha añadido.

En diciembre de 2025, la SEPI ejecutó su entrada en Talgo mediante una ampliación de capital de 45 millones de euros y la suscripción de otros 30 millones en bonos convertibles. La operación otorgó al Estado una participación del 7,8 %

La intervención formaba parte de un plan de reestructuración más amplio que incluyó la entrada del consorcio vasco encabezado por Sidenor, una financiación sindicada de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de 500 millones, ambas con garantías parciales de Cesce.

Puente ha defendido que Talgo dispone de una tecnología singular que justifica el interés del Ejecutivo en mantener su carácter español. Entre otras características, ha destacado sus sistemas de rodales, su menor altura y su tecnología de cambio de ancho.

El ministro también ha recordado la presencia internacional de la compañía, particularmente en Arabia Saudí. «Talgo es una empresa que el Gobierno lleva en la mochila cuando se mueve por el mundo», ha afirmado, antes de insistir en la importancia de preservar su tecnología y sus puestos de trabajo en España.

Un concurso «casi de urgencia»

Respecto a las condiciones de la licitación de Renfe, Puente ha explicado que el procedimiento responde a la necesidad de incoporar nuevos trenes en el menor tiempo posible, después de los retrasos acumulados en la entrega de material rodante.

«Este concurso tenía unas características casi de urgencia», ha reconocido. Según el ministro, las empresas que han concurrido son aquellas que pueden garantizar el suministro de trenes capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora en un plazo reducido. «Es verdad que el concurso no lleva la vitola de urgencia ni emergencia, pero en el fondo lo es: necesitamos los trenes cuanto antes», ha asegurado.

La licitación contempla inicialmente la adquisición de 30 trenes de alta velocidad por 1.362,5 millones de euros sin IVA, ampliables a otros diez. El valor estimado global del expediente supera los 4.145 millones, incluyendo las opciones y prestaciones previstas en el procedimiento.

Los requisitos establecen que las primeras cinco unidades deberán entregarse antes de 40 meses y que la totalidad de la flota deberá estar disponible en un máximo de 78 meses. Además, los nuevos convoyes tendrán que alcanzar los 350 kilómetros por hora, una velocidad para cuya explotación comercial todavía será necesario adaptar la infraestructura ferroviaria. Estas condiciones han reducido la competencia a dos fabricantes extranjeros, Siemens y Hitachi, mientras que Talgo, CAF y Alstom no participan en la fase final.

Capacidad industrial española

El pasado 29 de septiembre, la Comisión de Transportes del Congreso aprobó una proposición no de ley del PP que reclamaba reformular las exigencias técnicas y los plazos de la licitación para facilitar la participación de fabricantes con capacidad industrial en España.

La iniciativa contó con el apoyo de Vox y ERC, la abstención de Junts y BNG y el rechazo de PSOE y Sumar. También instaba al Gobierno a revisar la continuidad del procedimiento y, si concurrían las causas legales necesarias, convocar un nuevo concurso.

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