Dos tragedias, un mismo responsable: la deuda política de Urda

Dos tragedias ferroviarias en nueve meses. Ciento quince muertos, al menos. Es la repetición de un fallo institucional bajo la responsabilidad política del mismo Gobierno y del mismo ministro. Tras Adamuz, el país esperaba respuestas: una investigación independiente (hoy sin terminar), un plan de seguridad (hoy sin hacer), una revisión seria del mantenimiento (sin iniciar) y una aceptación clara de responsabilidades (hoy sin asumir). Y sin embargo, lo que España ha recibido, nueve meses después, es Urda. Otro accidente grave. Otra investigación. Otra cadena de explicaciones y excusas. Y otra lista de muertos.

La ley 2/2024 crea la nueva Autoridad Independiente (AITAT) para cumplir con la independencia que la legislación europea exige. En julio de este mismo año, la AITAT se hace cargo de la labor no terminada de la CIAF en Adamuz. Es decir, que aunque la ley se aprobó el 1 de agosto de 2024, la AITAT inició sus funciones en julio de 2026. Después de Adamuz y cuatro meses antes de Urda.

La Autoridad no tiene, por tanto, recorrido suficiente para enfrentar estas tragedias simultáneamente. Y aunque está llamada a examinar con autonomía qué falló en Urda, ha sido nombrada por departamento de Transportes, del que también depende Adif, el gestor de la infraestructura cuya actuación se somete a escrutinio. Y Adif administra, conserva y desarrolla una red de más de 16.000 kilómetros, utilizada por más de 550 millones de viajeros al año. Detrás de esa función pública hay una plantilla superior a los 13.000 empleados, una amplia cúpula directiva y una deuda que, sumando Adif y Adif Alta Velocidad, supera los 21.000 millones de euros.

Esa cifra no debería leerse con indiferencia. Repartida entre toda la población española, desde bebés hasta ancianos, exigiría unos 450 euros por persona para cubrirla. Mientras la deuda pesa sobre el conjunto del país, el presidente de Adif percibe 195.000 euros anuales, una retribución que lo sitúa entre los altos cargos mejor remunerados del Ministerio.

Esa deuda, claramente, condiciona la capacidad del gestor para mantener, modernizar y asegurar la infraestructura. Una entidad creada para invertir en el mantenimiento y la ampliación de la red ve cómo esa misma deuda limita su capacidad de actuar. Y la situación se agrava porque España acumula tres ejercicios con presupuestos prorrogados, aprobados en una legislatura anterior y sin capacidad para responder a las necesidades reales del ferrocarril.

La prórroga presupuestaria impide aprobar nuevos programas, comprometer financiación adicional, reasignar partidas, hacer frente al crecimiento del tráfico o absorber el encarecimiento de los costes. También dificulta el pago puntual a los contratistas y resta agilidad a la gestión ordinaria. Adif queda reducido a administrar la escasez: sostener la deuda, aplazar decisiones y mantener la apariencia de una planificación que, en la práctica, no puede desarrollarse.

A esta fragilidad financiera se añade la inestabilidad de su dirección. En los últimos veinte años, Adif ha tenido ocho presidentes. La rotación no garantiza renovación: garantiza discontinuidad. Adif no tiene presupuestos actuales ni modernos que le permitan invertir en seguridad, evitar caídas de sistemas, modernizar la seguridad. Y eso es entera responsabilidad política. No hay capacidad para responder al aumento del tráfico, al encarecimiento de los costes o a las necesidades de mantenimiento si el Gobierno ha decidido no presentar cuentas nuevas. Esa parálisis es claramente una decisión política. Es entera responsabilidad política.

La responsabilidad política consiste en haber creado, tolerado o mantenido las condiciones que hicieron posible la catástrofe. El ministro de Transportes dirige el departamento del que dependen Adif, la política ferroviaria y la supervisión del sistema. No puede presentarse como un comentarista de los fallos que ocurren bajo su autoridad.

La AITAT debe determinar qué falló técnicamente en Urda. Pero la responsabilidad política es anterior y más amplia: ¿por qué el sistema llegó a ese punto? ¿Por qué persisten deficiencias de seguridad? ¿Por qué la inversión y el mantenimiento no responden a la dimensión real de la red? ¿Por qué un Gobierno que ha sufrido dos catástrofes en menos de un año no ha activado una respuesta institucional a la altura del drama? El ministerio de Puente desoyó cuatro avisos de riesgo de error humano antes del accidente. Adif avisó de que el estrés por las averías afectaría a la seguridad. Muchos de los trabajadores de los centros de control carecen de experiencia. El año pasado hubo 12 descarrilamientos, 15 colisiones, 69 accidentes.

Y por todo eso, la tragedia de Urda tiene que tener un responsable político. El ministro ha tenido tiempo para explicar, prometer y relativizar. Lo que no ha hecho es responder ante el país por la seguridad de un sistema que no ha renovado y que ha vuelto a cobrarse vidas. La responsabilidad política no se elude con comparecencias, informes provisionales o promesas de futuro ni con vergonzosas apelaciones al calvario que al ministro le queda por afrontar, reconvertido así en víctima en vez de en responsable.

El ministro debe dimitir o ser cesado, porque esa es la mínima deuda política de Urda. De lo contrario, el ministro y el presidente del Gobierno se moverán en el miserable error de considerar que los españoles no tienen dignidad ni vivos ni muertos.