El Gobierno aprueba 30 millones en ayudas para las víctimas de Urda y medidas contra las subidas abusivas de precios

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas de 30 millones de euros para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto-ley que contempla compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos y los heridos, anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil y medidas para evitar las subidas abusivas de precios tras la tragedia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que el Ejecutivo aplicará el mismo esquema de ayudas establecido tras el accidente de Adamuz. Los familiares de los fallecidos podrán recibir una ayuda directa de 72.121,46 euros, mientras que las compensaciones por lesiones oscilarán entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de su gravedad.

Estas ayudas tendrán carácter no reembolsable, estarán exentas de tributación en el IRPF y serán compatibles con otras subvenciones o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

Además, el Gobierno establece un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil, con las mismas cuantías previstas para las ayudas directas. Puente ha precisado que los beneficiarios no tendrán que devolver las cantidades adelantadas aunque la indemnización definitiva resulte inferior.

El decreto también contempla medidas extraordinarias de protección social para los afectados por el accidente. Las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán excepcionalmente la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica, lo que permitirá cobrar desde el primer día y recibir una cuantía superior a la correspondiente a una baja por contingencias comunes.

Asimismo, las pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y otras prestaciones derivadas del accidente se calcularán conforme a las reglas previstas para los accidentes de trabajo cuando resulten más favorables para los beneficiarios. En el caso de los funcionarios incluidos en el régimen de clases pasivas, se aplicará el sistema de pensiones extraordinarias siempre que permita obtener una prestación superior.

Estas medidas se reconocerán de oficio, sin necesidad de presentar una solicitud, y tendrán efectos retroactivos incluso cuando la baja laboral haya finalizado o la pensión ya hubiera sido reconocida.

Oficinas de atención a las víctimas

El Gobierno también creará oficinas de atención integral a las víctimas de Urda a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Estos servicios ayudarán a los afectados a tramitar las ayudas y los anticipos de indemnizaciones. Además, quienes no puedan desplazarse hasta una oficina podrán recibir atención en su propio domicilio, independientemente de dónde residan dentro del territorio nacional.

Precios multiplicados

El Consejo de Ministros también ha aprobado un mecanismo para limitar las subidas abusivas de precios de productos y servicios en situaciones de emergencia. Puente ha denunciado que, tras el accidente de Urda, se han registrado incrementos extraordinarios en los precios de determinados servicios necesarios para los afectados y sus familiares.

«Hemos visto incrementos tremendos en las horas próximas al accidente y ahora vemos precios que se han multiplicado por ocho y por nueve respecto a las fechas anteriores al accidente. No es de recibo», ha afirmado.

El ministro ha responsabilizado al PP, Vox y Junts de que el Gobierno no dispusiera ya de un mecanismo para intervenir ante estas situaciones, después de que el Congreso rechazara una propuesta anterior. «Si hoy nos vemos en la necesidad de arbitrar un mecanismo es porque no lo tenemos porque el Parlamento lo rechazó», ha señalado. La nueva regulación permitirá limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia para evitar que los afectados tengan que afrontar sobrecostes extraordinarios en momentos de especial necesidad.