La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
El Gobierno estrecha el control sobre las ayudas de vivienda y obliga a las autonomías a comunicar cada pago
Las comunidades deberán remitir información mensual, notificar los movimientos de las subvenciones y presentar informes trimestrales y anuales sobre la ejecución del plan
El Gobierno estrecha el control sobre las ayudas públicas destinadas a vivienda. El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez obligará a las comunidades autónomas a comunicar cada concesión, modificación o pago de las subvenciones financiadas a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Las autonomías también deberán remitir información mensual sobre la ejecución de los fondos y presentar informes periódicos para justificar su utilización y el cumplimiento de los objetivos previstos.
Las nuevas obligaciones aparecen recogidas en una orden ministerial publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del plan. La norma establece un sistema de intercambio continuo de información entre el Ministerio y las comunidades autónomas, así como con las ciudades de Ceuta y Melilla.
El objetivo es supervisar la utilización de los recursos públicos destinados a las tres grandes líneas de actuación del programa: el incremento de la oferta de vivienda social y asequible, la rehabilitación y renovación urbana y rural, y las ayudas para reducir el esfuerzo económico de los hogares y favorecer la emancipación de los jóvenes.
Una de las principales novedades es la obligación de informar de manera prácticamente inmediata sobre cualquier movimiento relevante relacionado con las ayudas. Las comunidades deberán notificar cada concesión, modificación, revocación o pago a los beneficiarios, así como los cambios que se produzcan en las actuaciones financiadas y el cumplimiento de los hitos establecidos.
Además, estarán obligadas a remitir un informe completo con los indicadores de ejecución de cada mes natural. Este envío deberá realizarse durante los cinco primeros días naturales del mes siguiente.
El intercambio de información se efectuará de manera automatizada entre los sistemas informáticos de las distintas administraciones, a través de la Red SARA. El Ministerio dispondrá de un cuadro de mando único para centralizar los datos y comprobar su evolución. Cada comunicación recibirá una validación que permitirá identificar posibles errores, avisos o rechazos en la información transmitida.
La orden contempla un periodo transitorio hasta el 1 de junio de 2027 durante el cual Vivienda podrá facilitar herramientas alternativas a las comunidades que encuentren dificultades para integrar sus sistemas informáticos. Esta flexibilidad, sin embargo, no las eximirá de cumplir los plazos y las obligaciones de información.
Informes trimestrales
El control no se limitará a las comunicaciones mensuales. Las comunidades autónomas también tendrán que elaborar informes trimestrales sobre la evolución de las ayudas y el grado de cumplimiento de los objetivos. Estos documentos deberán recoger las posibles desviaciones respecto a las metas previstas, explicar sus causas y detallar las medidas correctoras planteadas.
A ello se sumará una evaluación anual que deberá presentarse antes del 31 de enero de cada ejercicio. En ella se incluirán los resultados del año anterior, las previsiones para el siguiente y un balance de las auditorías y controles realizados sobre las subvenciones.
Las administraciones autonómicas tendrán que identificar las irregularidades detectadas durante las inspecciones, así como las correcciones aplicadas. El Ministerio también podrá difundir públicamente datos agregados sobre la ejecución del plan, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las actuaciones y la rendición de cuentas.
Viviendas protegidas
Los órganos gestores autonómicos deberán emitir certificaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas para recibir financiación pública. Entre ellas figura el mantenimiento indefinido del régimen de protección de las viviendas, sin posibilidad de descalificación, cuando así lo establezca la normativa aplicable.
También deberán garantizar que las adjudicaciones se realizan mediante registros públicos de demandantes o procedimientos objetivos y transparentes.
El sistema permitirá recopilar información detallada sobre el desarrollo de las promociones, desde el inicio de las obras hasta su finalización, así como sobre los beneficiarios de las ayudas, sus ingresos y sus circunstancias personales.