El PP lleva a su programa una revolución en la relación con Hacienda: derecho al error y confiar «en el contribuyente que cumple»

El Partido Popular ultima la inclusión en su programa electoral –que se desvelará este martes– una revolución en la relación del contribuyente con Hacienda.

La formación de Alberto Núñez Feijóo aprobará, si gobierna tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, un Estatuto del Contribuyente que fijará un giro copernicano en la relación del fisco con el ciudadano.

La nueva premisa será que Hacienda «confiará en el contribuyente que cumple». Además, se garantizará que ningún cambio de criterio desfavorable se aplique con efecto retroactivo, y se reconocerá el derecho al error. Actualmente el ciudadano solo evita la sanción si lo comunica al fisco antes de que éste le notifique una discrepancia.

Actualmente, en base a la Ley General Tributaria, la Administración ha de probar la realización del hecho imponible, mientras que el obligado tributario tiene que hacer lo propio cuando existan supuestos de no sujeción, exenciones, bonificaciones o cualquier otra condición que reduzca la deuda tributaria.

La reforma de la relación con Hacienda es de hecho una de las recomendaciones del Libro blanco para la reforma del sistema tributario que elaboró, en 2022, un comité de expertos convocados entonces por María Jesús Montero cuando era ministra del ramo.

Dicho comité consideró «indispensable mejorar la relación de la Administración tributaria con los contribuyentes, evitando trasladar la impresión de culpabilidad y persecución a aquéllos que suelen cumplir sus obligaciones correctamente y que, en alguna ocasión, se retrasaron o se equivocaron en sus relaciones con la Administración». Los fiscalistas consultados entonces pedían mirar a Francia o a Singapur, países que han aligerado las sanciones «en supuestos de fallos o incumplimientos menores».

Eficiencia regulatoria, sin motosierra

Los populares también se comprometerán a acortar los plazos legales de devolución de impuestos, optimizar la diferencia entre retención y recaudación y agilizar el pago de las ayudas reconocidas.

«El Estado será tan diligente para devolver y pagar como para cobrar», es la máxima. Además, se integrarán en un mismo expediente la tramitación de todas las autorizaciones o informes que necesite un proyecto o prestación (estatales, autonómicos y locales) y los que no dependan unos de otros se solicitarán simultáneamente, y se reformarán las reglas de suspensión para que los informes no vinculantes dejen de paralizar los expedientes cuando llegan tarde.

Los populares se suman también a la oleada de eficiencia regulatoria que viene desde Washington, Buenos Aires o Bruselas, y también desde el Gobierno autonómico de Madrid. Sin llegar a la motosierra, el PP promete que para aprobar una nueva norma se eliminarán tres vigentes «innecesarias, obsoletas o duplicadas». Cabe recordar aquí que, según un reciente informe de CEU CEFAS y Juan de Mariana, hasta el 76 % de las leyes aprobadas por los Ejecutivos de Zapatero, Sánchez y Rajoy podrían ser objeto de derogación o reforma.

En paralelo, se incluirá también en el programa la aprobación de un decreto de simplificación «para eliminar la burocracia que hace perder tiempo y dinero a ciudadanos y empresas». El compromiso es que antes de 2029 se reducirán las cargas administrativas generales un 25 % y un 35 % para las pymes.

Otro punto llamativo a este respecto que los populares incluirán en su programa tiene que ver con la fiscalidad del ahorro. Según adelantan, «Hacienda no penalizará ninguna forma de ahorro». Esto se traducirá en que el fisco «dará un trato fiscal equivalente a las distintas formas de ahorro mientras el dinero siga invertido». Y, cuando se rescate un plan de pensiones, se adaptará la fiscalidad «para que tribute de la forma menos gravosa para quien ha ahorrado».