La maniobra de los sindicatos para que la Justicia no tumbe la huelga por motivos políticos
La vista está puesta en la sentencia del Supremo sobre la huelga independentista que sucedió al golpe independentista catalán de 2017
Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante la presentación de la huelga general.
España afronta en las próximas horas una insólita huelga general en precampaña electoral. A apenas dos días de que los partidos activen sus maquinarias, los sindicatos CC.OO. y UGT han tenido que hacer auténticas contorsiones con la mira puesta en el Decreto-ley de 1977, que prohíbe expresamente las convocatorias «cuando se inicien o sostengan por motivos políticos». Otros, como USO o CSIF, directamente han declinado participar.
Si esto bastó para calificar de legal un paro movilizado entonces por un sindicato con apenas representación –Intersindical-CSC, liderado por Carles Sastre, terrorista de Terra Lliure condenado por el asesinato del industrial José María Bultó–, las expectativas de que un tribunal parara ahora la convocatoria eran más bien bajas.
Ello a pesar de que, en su escrito, los sindicatos urgen a paralizar la economía mezclando «la avaricia inmobiliaria» con la inflación, la «precariedad laboral y habitacional» y el «no ser estigmatizados por empresarios carentes de ética», además de la reducción de jornada.
Es decir, toda una ensalada de argumentos para justificar un paro nacido a instancias de un sindicato que ni siquiera es tal, el autodenominado Sindicato de Inquilinas, en medio de una creciente presión que se ha saldado, en las últimas horas, con ataques, agresiones y amenazas a una treintena de oficinas inmobiliarias y organizaciones empresariales.
