El incumplimiento de los servicios mínimos colapsa Madrid y Cataluña: las sanciones pueden llegar al despido

La huelga de maquinistas de este martes ha dejado miles de viajeros afectados, decenas de trenes cancelados y un enfrentamiento entre Renfe y los sindicatos por el cumplimiento de los servicios mínimos. Una situación que amenaza con repetirse este miércoles, coincidiendo con la huelga general del 11 de noviembre. Sin embargo, su incumplimiento puede acarrear sanciones e incluso el despido.

La situación ha sido especialmente complicada en Cataluña. Según los datos de la Generalitat, 73 de los 143 maquinistas que debían prestar servicios mínimos que debían prestar servicios mínimos en Roladies no se presentaron a sus puestos de trabajo. Como consecuencia de las incidencias, hacia las dos de la tarde se habían suprimido 89 de las 215 circulaciones previstas, el 41 % del total. El Ejecutivo catalán, de hecho, ya ha anunciado que exigirá a Renfe la apertura de expedientes para investigar si las ausencias estaban justificadas. En caso de incumplimientos, los trabajadores podrían enfrentarse a sanciones.

Los problemas también se han extendido a Madrid, donde Renfe ha denunciado importantes incumplimientos de los servicios mínimos. La compañía pública asegura que las comunicaciones se realizaron correctamente, mientras que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) atribuye las cancelaciones a fallos de gestión de la operadora y asegura que los servicios mínimos se están respetando.

El derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución española, pero el mismo precepto establece que deben garantizarse servicios esenciales. Esto supone que determinados trabajadores pueden estar obligadas a acudir a sus puestos durante los paros, aunque deseen secundarlos.

La competencia para fijarlo estos servicios mínimos corresponde a los gobiernos, no a las empresas. Estas deben organizar su cumplimiento y designar al personal necesario dentro de los límites establecidos por la resolución correspondiente. Como explica el despacho de abogados Català Reinón, estos servicios mínimos no están concebidos para garantizar el funcionamiento ordinario de una empresa ni para evitar todas las pérdidas económicas derivadas de una huelga, sino para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos.

Sin embargo, la negativa injustificada a prestar un servicio mínimo obligatorio puede tener consecuencias. Dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias concretas, el trabajador puede enfrentarse a una sanción disciplinaria que, en los supuestos más graves, podría llegar al despido.

Investigar cada ausencia

Sin embargo, no todas las ausencias constituyen necesariamente un incumplimiento. Para determinar si existe responsabilidad deben examinarse cuestiones como la correcta designación del trabajador, la notificación de su obligación de prestar servicio y la existencia de posibles causas justificadas para no acudir al puesto.

Tampoco puede atribuirse a los trabajadores la responsabilidad de todos los trenes cancelados. Las incidencias organizativas, los problemas de gestión o las dificultades operativas pueden explicar que determinadas circulaciones no lleguen a realizarse.

Precisamente, esta distinción será determinante en los expedientes anunciados por la Generalitat. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha advertido de que se investigará cada ausencia y que, cuando no exista justificación, podrán iniciarse procedimientos sancionadores.

Servicios mínimos abusivos

Tampoco las administarciones pueden establecer unos servicios mínimos sin restricciones. La jurisprudencia exige que sean proporcionados, estén debidamente motivados y se limiten a las prestaciones indispensables para garantizar unos servicios esenciales. En caso de resultar excesivos, podrían vulnerar el derecho fundamental de huelga si, en la práctica, impide que los trabajadores ejerzan una presión efectiva mediante la suspensión de su actividad.

Por eso, la imposición de unos servicios mínimos del 100 % requiere una justificación muy rigurosa, aunque puede ser admisible en determinadas actividades cuya interrupción comprometa bienes o derechos esenciales. Sindicatos y trabajadores pueden impugnar las resoluciones que consideren abusivas, pero la discrepancia no autoriza al incumplimiento.

Huelga del 11-N

Para la huelga de este miércoles, el Gobierno ha establecido distintos servicios mínimos en distintos sectores. En el transporte ferroviario de ámbito estatal se han fijado en el 75 % en Cercanías durane las horas punta y en el 50 % durante el resto de la jornada. En la alta velocidad y larga distancia alcanzan el 73 %, mientras que en media distancia serán del 65 % y en mercancías del 26 %.

En el transporte aéreo, los porcentajes varían según las rutas y las alternativas. Los vuelos nacionales con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como las conexiones peninsulares declaradas de servicio público, deberán mantener entre el 52 % y el 85 % de su actividad. Para los vuelos internacionales y las rutas peninsulares cuya alternativa en transporte público supere las cinco horas, los mínimos oscilarán entre el 39 % y el 64 %. En los trayectos con alternativas inferiores a cinco horas, se reducirán a una horquilla de entre el 18 % y el 37 %.

Correos deberá garantizar el 50 % de los servicios de distribución y especiales relacionados con la documentación electoral, además del 100 % de los servicios rurales de atención al público vinculados a las elecciones generales. Las oficinas también tendrán que mantener una dotación mínima de personal, que oscilará entre uno y tres trabajadores en función de su tamaño.

Sector energético

En el sector energético, las obligaciones alcanzan tanto a las gasolineras como a las instalaciones de producción y distribución. Deberá permanecer abierto el 20 % de las estaciones de servicio de cada comarca y garantizarse el suministro urgente de combustible a hospitales, ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Las refinerías de Repsol, Petronor, Moeve y BP tendrán que mantener operativas, a carga mínima, las unidades críticas cuya paralización pudiera comprometer la producción más allá de la jornada de huelga. También deberán permanecer disponibles las redes de transporte y distribución de gas natural, las plantas de regasificación y los almacenamientos subterráneos.

En el sector eléctrico, las centrales nucleares, hidráulicas y térmicas deberán mantener su disponibilidad, con dotaciones mínimas de personal establecidas para cada instalación con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del suministro.

Seguridad privada

Respecto a la seguridad privada, los servicios mínimos alcanzarán el 80 % en instalaciones estratégicas, como centrales nucleares, refinerías, instalaciones de suministro de agua, entidades bancarias y centrales de alarma. En los servicios de seguridad del transporte público, el porcentaje se elevará al 90 %.

Por su parte, RTVE deberá garantizar la producción y emisión de informativos y comunicaciones oficiales, con una dotación de personal que no podrá superar el 15 % en Madrid ni el 40 % en los centros territoriales. En los servicios estatales de coordinación contra incendios forestales también se han establecido mínimos de hasta el 100 % para determinadas funciones.

A estas obligaciones se añaden las fijadas por las comunidades autónomas en los servicios de su competencia, como la sanidad, la educación o determinados transportes públicos, cuyos porcentajes pueden diferir de los establecidos por el Gobierno central.