Ana Ercoreca es presidenta de Fedeca
Entrevista | Ana Ercoreca, presidenta de FEDECA
«No puede ser que el Estado pague 10.000 euros menos que la Generalitat, las condiciones son mucho mejores y la gente se va»
La presidenta de la asociación de la Asociación de Funcionarios de Cuerpos Superiores alerta de la pérdida de talento en la administración central, y urge a elevar la protección ante las presiones políticas
Ana Ercoreca (Zaragoza, 1980) preside desde septiembre de 2024 la Asociación de Funcionarios de Cuerpos Superiores del Estado, Fedeca. Atiende a El Debate poco después de la celebración de su primer Congreso, poniendo el foco en las desigualdades entre funcionarios que dependen de distintas administraciones.
Ercoreca considera urgente la equiparación salarial, porque «lo que no puede ser es que haya una Administración General del Estado a una velocidad inferior que las comunidades autónomas». En el caso de los inspectores de trabajo, cuerpo al que pertenece, «si trabajas para la Generalitat, recibes un sueldo superior y encima las guardias entre semana te las pagan. Si estás a treinta kilómetros en otra inspección no te reconocen ese nivel, no te pagan las guardias entre semana y hay una diferencia salarial de unos cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos euros, dependiendo el nivel. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay inspectores y subinspectores que están en inspecciones fronterizas que se están yendo a Cataluña y al País Vasco. Hablamos de una diferencia de complemento salarial de igual diez mil euros».
Para Ercoreca «lo que no puede ser es porque las comunidades autónomas estén ofreciendo mejores condiciones, eso suponga que no retengamos talento, porque es tan importante que accedan los mejores como mantenerlos. Yo, por ejemplo, soy de la inspección de Huesca y ahora se acaba de ir una compañera, porque treinta kilómetros más allá las condiciones son mucho mejores. Y lo mismo le pasa a los Mossos d ' Esquadra con los policías. A igual trabajo debería ser igual salario».
No puede ser es que el político se exima de responsabilidad culpando al funcionario
Se refiere también a las presiones de los funcionarios, tema que ha vuelto al foco tras la filtración de unos audios que señalan a un controlador por el reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo). «Los funcionarios deben actuar simplemente porque existe una ley o porque existe un reglamento o porque existe una instrucción, pero no en base a criterios políticos. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. El político tiene la suya y el funcionario tiene la suya. Pero lo que no puede ser es que el político se exima de responsabilidad culpando al funcionario».
Para la presidenta de Fedeca, «todos aquellos funcionarios que tengan conocimiento de que hay un caso de corrupción dentro de su propio organismo, lo deben poder denunciar y se les debe proteger lo mismo que se protege en el ámbito de la empresa privada. Hay veces que el funcionario se siente presionado de no poder denunciar una práctica ilegal porque considera que su carrera va a llegar ya a su fin. Y eso no puede ser».
Otro asunto que preocupa a los altos funcionarios es la politización de puestos de responsabilidad, un tema «que se debe revertir, porque los políticos pasan, pero la administración permanece», como resalta. «Estamos viendo que hay una politización de determinados puestos que tendrían que ser ocupados por funcionarios, que se está incrementando el uso de la excepcionalidad y que nosotros, desde nuestro gabinete jurídico, estamos recurriendo».
«El funcionario es la garantía de la estabilidad, de la permanencia y de garantizar que el expediente se haga correctamente, de que el trazado de la carretera se haga por donde técnicamente se tiene que hacer y no por donde políticamente conviene que se haga», subraya.
En la misma línea, pone el foco en algunas transferencias que se han aprobado en los últimos años «por criterios políticos», como el traspaso de la habilitación de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local y regional a Cataluña y País Vasco. «Si la misma persona es la que les nombra, les paga, su función puede quedar comprometida. Hay que establecer mecanismos de defensa para que estos funcionarios puedan trabajar con total seguridad, para que puedan decirle al alcalde: ‘Esto, este contrato no se puede hacer o se tiene que hacer con estas, con estos elementos, con este procedimiento’. Porque es dinero público y el dinero público se tiene que controlar, tanto su gasto como su recaudación. Igual que les ocurre a Hacienda, defendemos que no haya una Agencia Tributaria catalana, porque eso no va a redundar a que exista más eficacia, porque la base de datos es común. No se debe ceder esa competencia simplemente por criterios políticos», insiste.
Ercoreca se refiere también a la elevada temporalidad que se mantiene en la Administración pública a pesar de las sentencias judiciales europeas al respecto. «El estatuto básico del empleado público permite la contratación temporal, pero cuando supera un límite, que son los tres años, ese contrato es fraudulento. Es un tema complejo».
«Muface es un derecho de los funcionarios»
Otro asunto que afecta especialmente a los inspectores de trabajo es el retraso a la hora de asignar plaza, que mantiene a cientos de funcionarios en una suerte de stand by con una remuneración muy inferior a la que les correspondería. «No entendemos el por qué del retraso», afirma, al tiempo que alerta de que «hay un problema general de la administración pública, y es que los tiempos de incorporación tienen que ser más reducidos, porque esas personas han aprobado una oposición, han realizado el curso formativo, han realizado las prácticas y tienen derecho y han aprobado, y tenemos la obligación de incorporarles. Muchos de ellos habrán comprado una casa o estarán mirando ya para el nuevo destino. Igual se han alquilado ya un piso en Córdoba. Igual son gente mayor y tiene familia, y tiene hijos, y están ganando tres veces menos. Eso es una precarización también del acceso a la función pública».
En esta línea, reclama al próximo Gobierno, «sea el que sea», que «adopte una política seria en la función pública. Que haya un proyecto de futuro y de Estado y que sean propuestas realistas». Un ejemplo es la subida salarial pactada. «Nosotros éramos críticos con el acuerdo de incremento salarial, porque esa subida no era real si no estaba vinculada con el IPC real. Ya estamos en torno al IPC del cinco por ciento cuando la subida es del 4,5, con lo cual los funcionarios ya estamos perdiendo poder adquisitivo. También reclamamos que se recupere la paga extra que se perdió hace años, y se recupere la pérdida de capacidad adquisitiva desde el año 2010».