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La vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazEuropa Press

Agenda del Gobierno

¿Cuándo entrará en vigor la jornada de 38,5 horas?

El primer elemento que abordará Trabajo con los agentes sociales será la reducción de la jornada laboral máxima a la semana

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó el pasado lunes en el Congreso de los Diputados la agenda legislativa del Gobierno en materia laboral para esta nueva legislatura. En ella, se encontraban las principales materias que pretenden abordar durante los próximos cuatro años, incluyendo la reducción de la jornada a las 37,5 horas semanales, las causas y cuantías indemnizatorias del despido o la reforma del trabajo a tiempo parcial.
La anterior legislatura giró alrededor de la reforma laboral, la ley de teletrabajo o la nueva ley de empleo. Al mismo tiempo, esta que arranca también estará repleta de cambios significativos para los ciudadanos españoles, aunque dependerá en cierta medida del del diálogo social y de la peculiar aritmética parlamentaria que se consiga armar en cada caso.
Asimismo, la cita para abordar la reducción de la jornada laboral máxima a la semana con los diferentes agentes sociales será mañana, jueves 25 de enero, a las 9.30 horas. Además, fue una de las medidas más publicitadas por la líder de Sumar durante la campaña electoral, «incluso los votantes de la derecha y de la extrema derecha están de acuerdo», aclaró.

Llegar a las 37,5 horas al final de la legislatura

El objetivo está marcado, con la rebaja de las actuales 40 horas a las 38,5 horas ya este 2024, se quiere alcanzar la reducción de 37,5 horas para el final de la legislatura. De hecho, Trabajo buscará concretar el cómo, ya que la organización laboral de las empresas es diversa y el horario lo distribuyen anualmente. «Me gustaría llegar a un acuerdo, [...] pero si no puede ser tripartito, será bipartito», alertó Yolanda Díaz a la patronal.
En la agenda legislativa, también buscan apuntalar su reforma del despido. La UGT denunció en mayo de 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CES) las condiciones del despido del actual ordenamiento jurídico español, ya que consideran que no blindan suficientemente a los empleados.
Finalmente, el abanico de prioridades lo completa una reforma de las condiciones del trabajo a tiempo parcial, la modalidad en la que operan 2,6 millones de personas en España (73% de ellos mujeres). «Parte de la precariedad que resta en nuestro país está en la parcialidad. [...] Esta es la clave que debemos cambiar, sobre todo porque tiene un sesgo de género», declaró Díaz.