Estudiantes de Primaria en el aula.
Educación
Jaque de Podemos a la educación concertada: quiere convertir todos los centros en públicos
Este martes, se vota en el Congreso una Proposición de Ley para convertir los centros concertados y privados en públicos
Ya se empiezan a notar los efectos de la Ley Celáa. Bajo la excusa de garantizar el número de plazas, Podemos va a llevar este martes al Congreso una Proposición de Ley para convertir a los centros concertados y privados en públicos.
No se trata de una novedad, ya que Podemos lleva tiempo reclamando una aparentemente inocua «integración voluntaria» de los centros a la red pública para «garantizar la suficiencia de plazas». Pero la votación de este martes puede ser clave para el futuro de la concertada en nuestro país.
El proceso se realizaría, según el texto, «mediante un convenio entre el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de la comunidad autónoma correspondiente, respetando las competencias transferidas de ésta si las tuviere, el ayuntamiento de la localidad y el titular del centro educativo concertado en cuestión».
Respecto a los equipos, la ley garantiza su puesto de trabajo, pero da cinco años de plazo para que participen en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios.
La formación destaca que, en Primaria, el 68 % del alumnado está escolarizado en la escuela pública mientras que el 32 % restante está en la privada o concertada. «Sin embargo, la media de los países de la Europa 21 arroja que el 90 % del alumnado se escolariza en la escuela pública mientras que el 10 % lo hace en la privada o en la privada concertada, esta última prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea».
Cerco a la concertada
La LOMCE, conocida como la Ley Wert, establecía en la programación de la red de colegios el concepto de «demanda social», algo que la Ley Celáa eliminó por la «participación efectiva de los sectores afectados», un término mucho más ambiguo. Además, el artículo relativo a la programación de centros destaca «la oferta existente de centros públicas y la autorizada en los centros privados concertados».
Ese «autorizada» es el que más escama al sector, especialmente porque la LOMLOE introduce un punto en dicho artículo en el que las administraciones públicas deberán promover «un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros titularidad pública».
Jesús Muñoz de Priego, abogado especializado en el sector educativo, advierte a El Debate que, sin vincularlo a las necesidades de escolarización de la zona o la demanda social, este incremento de centros provocará previsiblemente, «la eliminación de más unidades concertadas con demanda».
Financiación por fundaciones
La Ley Celáa también dispone que los centros privados concertados no podrán recibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito, imponer aportaciones a fundaciones ni asociaciones, ni establecer servicios obligatorios «que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos».
También elimina el criterio de distrito único. En la Ley Celáa se indica que, cuando no existan plazas suficientes, «el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro; proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales y la renta per cápita de la unidad familiar».
«Ninguno de estos criterios tendrá carácter excluyente ni podrá suponer más del 30 % del total de la puntuación máxima, salvo la proximidad al domicilio que podrá superar ese límite», señala la LOMLOE.
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