Una profesora da la bienvenida a unos alumnos a su llegada a un centro escolar
Educación
Docentes públicos claman contra la futura ordenanza de traslados por suponer un agravio entre funcionarios
El borrador amplía el recuento de puntos para lograr el traslado de centro a los años trabajados como interino y prácticas que hasta ahora no contaban
Si el real decreto de la Ley 20/2021 que el Gobierno aprobó en diciembre para que los interinos sin plaza pasasen a tenerla por méritos con el objetivo de reducir la temporalidad ya suscitó polémica, a esta se le une una nueva: el cambio de criterio para la obtención de puntos en el concurso de traslados. Una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado procedente que, en adelante, los puntos que los funcionarios han de contarse para pedir el traslado de centros no sean únicamente los que cada funcionario comienza a acumular desde que aprueba la oposición y pasa el año de prácticas, sino que ese año más los que haya estado trabajando como interino (en el caso de que así sea) también cuenten.
Futuros nuevos criterios en la baremación de traslados
La futura nueva normativa todavía está en desarrollo pero ya existe un borrador que no ha gustado nada a los actuales funcionarios de carrera. «Encima de que a muchos interinos les van a regalar una oposición ahora, además, estos también se van a ver beneficiados por esta futura modificación en los traslados y, seguramente, sin haber aprobado, van a pasar a puestos por delante de los funcionarios que sí lo han hecho por el mero hecho de la antigüedad, ya que muchos llevan más de 20 años como interinos», se queja una de los más de 600 profesores que se han unido en un grupo para tratar de frenar la futura modificación de las bases del concurso de traslados. «Desde siempre estos méritos los adquiere el funcionario una vez aprueba y pasa la parte de las prácticas. De esta forma el sistema era justo puesto que era igual para todos. Pero el futuro cambio en la baremación de puntos va a suponer un agravio entre los que han aprobado y los que no ya que muchos de los aprobados, por tener menos años de trabajo acumulados, figurarán por detrás de los que han trabajado durante toda su vida sin aprobar. Es muy injusto y un claro desagravio. Además de que les regalan la plaza les dan la opción de elegir el centro debajo de casa. Estamos indignados», lamentan los funcionarios de carrera.
Más de medio millón de afectados
La polémica no es una cuestión menor. Se trata de una modificación que va a afectar «a más de 540.000 personas de todo el país», resaltan desde el sindicato STEPV. Por ello, los funcionarios están estudiando emprender acciones legales. «Estamos planteándonos recurrir esta última decisión del Gobierno por vía legal», aseguran. Sin embargo, desde los sindicatos indican que, pese a que van a tratar de sentarse con los afectados y buscar soluciones, «al fin y al cabo se trata de una sentencia del Supremo y se tiene que actuar respetando la ley», comenta el responsable de Educación de UGTPV, Francisco Javier González Zurita. Asimismo, el representante sindical comenta que no cree que el cambio afecte a la petición de traslados de este año puesto que la redacción y posterior aprobación de la modificación del actual real decreto de concurso de traslados no va a llegar a tiempo.
A la espera de lo que vaya a ocurrir, el real decreto derivado de la Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público por la que los funcionarios sin plaza pasan a tenerla sin necesidad de aprobar la oposición ya ha suscitado una petición en el Parlamento Europeo en la que se expone que la nueva ley «no cumple supuestamente con la transposición de la Directiva 1999/70/CE al sector público y contradice frontalmente los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia para el acceso a la función pública, dificultando a los ciudadanos el derecho a acceder a un puesto de trabajo en la función pública en condiciones de igualdad respetando los principios constitucionales», reza la petición.
«También vulnera supuestamente los derechos de todos los funcionarios de carrera españoles a competir en condiciones de igualdad en los concursos de traslados o en la promoción interna en sus respectivos puestos de trabajo», continúa. De este modo, consideran que la Ley 20/2021 no soluciona el grave problema de la temporalidad. «Los abusos seguirán existiendo y los porcentajes de interinidad no disminuirán», alegan.
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