La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y el ministro de Universidades, Joan Subirats
Universidades
Subirats se marchó dejando una chapuza: la Losu supondrá un gasto de 844 millones para las universidades
La Ley Orgánica del Sistema Universitario será inaplicable, a no ser que el Estado aumente hasta el 1 % del PIB su financiación a los campus públicos para sufragar los pagos en materia de personal docente e investigador
El exministro de Universidades, Joan Subirats, bajo cuyo mandato se aprobó la Losu (Ley Orgánica del Sistema Universitario), dejó una chapuza: la aplicación de la norma supondrá, solo en materia de personal, un gasto de 844 millones de euros a las universidades públicas.
Según el informe ‘Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario’, realizado por los expertos de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Jaén, José Antonio Pérez y Juan Hernández Armenteros, respectivamente, y que cuenta con la participación de Crue (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), el calendario de aplicación de dicha ley pasa porque los centros hagan frente a los costes en «materia de personal docente e investigador».
Para empezar, en 2024 las universidades públicas deben hacer frente a los costes de las limitaciones horarias de los profesores asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente, por un importe de 225 millones de euros.
Además, para 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para los campus cifrado en 424 millones de euros.
Finalmente, la reposición anual de efectivos por jubilación del 120 % lleva aparejado un pago adicional de 195 millones, en concepto de Seguridad Social, que hasta ahora asumía el Estado porque los profesionales ya jubilados cotizaban a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).
Amenaza de no ponerla en marcha
El cálculo que las universidades públicas han realizado se dispara, por tanto, hasta los 844 millones, un dispendio brutal para sus ya delicadas arcas. Por ello, reclaman al Gobierno que ese dinero salga de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Si no, amenazan con no poner en marcha la reforma universitaria que dejó Subirats.
Para los autores del trabajo, esa cantidad equivaldría «a un 8 % de la financiación pública total que reciben las universidades, que vienen a ser 10.000 millones de euros. Es decir, habría que incrementar un 8 % el presupuesto ya desde los PGE de 2024, para que las universidades lo apliquen a partir del próximo curso», desveló José Antonio Pérez.
El apaño que dejó Universidades durante la etapa de Subirats era que no se concretaba quién iba a pagar. «La memoria de la Losu ni siquiera entra a valorar qué importe monetario supondría el incremento de gasto público», dicen los autores. «Por si fuera poco, ni se consultó con las comunidades autónomas, los consejeros de Hacienda no están enterados de nada. Estamos ante otro ejemplo en el que el Gobierno central legisla y las CCAA pagan?».
La realidad que han tenido que enfrentar los rectores es que «la memoria económica de la Losu» no refleja qué costes se exigen para su aplicación. Aunque se hablaba de un compromiso ambigüo de alcanzar una financiación del 1% del PIB del conjunto del Estado, es tan solo una especie de recomendación.
Esta financiación se sitúa actualmente en el 0,75 % del PIB, lo que implicaría un incremento del 0,25 %, de la cual no hay noticias. Además, para cumplir con el principio de equidad, el documento subraya que para la asignación de recursos se debe «tener en cuenta las desigualdades del PUB regionales».
Por todo ello, el informe alerta de que la Losu será inaplicable.
Esta financiación se sitúa actualmente en el 0,75 % del PIB, lo que implicaría un incremento del 0,25 %, de la cual no hay noticias. Además, para cumplir con el principio de equidad, el documento subraya que para la asignación de recursos se debe «tener en cuenta las desigualdades del PUB regionales».
Por todo ello, el informe alerta de que la Losu será inaplicable.
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