La consejera de Educación, Anna Simó, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
Cataluña
La Generalitat ningunea a la misión que analiza la inmersión lingüística, pero intenta boicotearla
La consejera de Educación, Anna Simó, dice que ha visto «un gran desconocimiento» por parte de los parlamentarios
El separatismo en general y la Generalitat en particular, han tratado con desdén la misión del Parlamento Europeo que analiza los efectos de la inmersión lingüística, y si se discrimina al castellano en las escuelas de Cataluña. Han acusado a los europarlamentarios de «desconocimiento» absoluta de la realidad legislativa, pedagógica o sociolingüística de Cataluña; y de «venir con la tesis hecha de casa». Sin embargo, han tratado de poner todas las trabas al trabajo de los diputados.
De hecho, el gobierno catalán, tal y como adelantó El Debate, envió a dos altos cargos de la consejería de Educación, en concreto al director general de Centros y a la Jefa de Inspección del departamento, para que estuvieran presentes en la visita que los eurodiputados iban a llevar a cabo en dos centros educativos de El Prat (Barcelona). No habían recibido invitación alguna, pero allí estaban estos cargos actuando como comisarios.
Y es que fue el director general de Centros el que se encargó de responder a la mayoría de preguntas que hacían los diputados, aunque estuvieran dirigidas a los directores. Algo que sorprendió, y mucho, a la jefe de la misión, la liberal estonia Yana Toom, que llegó a hacer público su malestar por la presión y el marcaje que se estaba ejerciendo sobre los directores de ambos centros.
Por lo demás, la consejera de Educación, Anna Simó, apenas tuvo tiempo de atender a los diputados. Tres cuartos de hora estuvo con ellos, porque casualidad o no, este martes tenía una cumbre de partidos para tratar los devastadores resultados del último informe PISA, que reflejan un retroceso importante de los alumnos catalanes en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Ya se conocía el programa de la misión desde hacía algún tiempo, pero desde el Govern se decidió convocar esa reunión entre partidos el mismo día que la visita de los europarlamentarios.
El «desconocimiento» de los diputados
La consejera ha explicado que teniendo en cuenta el poco tiempo del que disponía, accedió a que le hicieran las preguntas directamente. Unas preguntas, ha asegurado, que «denotaban un desconocimiento importante de la realidad legislativa, pedagógica y sociolingüística catalana». Según Simó, los parlamentarios querían saber si se prohibía el uso del castellano en los centros; que cómo podía ser que los castellanohablantes supieran tanto castellano como catalán si no se hacían tantas horas de español; o qué margen tienen los centros para ser más efectivos en el aprendizaje de otras lenguas.
Anna Simó ha tenido que aleccionar, porque así se desprendía de sus palabras, de su tono condescendiente, que les había tenido que explicar muy bien la normativa lingüística, y que si no se aplicaba el 25% es porque no hay ninguna ley que así lo contemple, «es una ley derogada». Y les ha hecho ver que lo que ocurre actualmente, es que «en 30 de 70 mil aulas hay cautelares para aplicar una asignatura principal en español, que no está recogido tampoco en ninguna ley». «He intentado compensar este desconocimiento, pero mi certeza es que no ha servido porque ya veían con la tesis muy elaborada de casa», ha apuntado.
También ha reprochado que los parlamentarios le hubieran preguntado por un estudio sobre el informe PISA de 2015 «que usan las organizaciones contrarias a la inmersión, y, por lo tanto, contrarias a la igualdad de oportunidades de nuestros alumnos, que viene a decir que los malos resultados se deben a la inmersión». Pero Simó, una vez más, les ha tenido que aclarar que, según varios expertos, el problema no era el método, la inmersión, sino el «sesgo socioeconómico y cultural de la muestra».
Solo unas horas antes, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja en la misma línea acusaba a la misión de venir «con un discurso manipulado y una idea preestablecida. No quieren conocer el sistema educativo catalán, quieren hacer partidismo de derechas y así lo demuestran con los centros que han escogido visitar». Para Plaja, todo se resume en la «demagogia» y en la «instrumentalización de docentes y niños».
Patricia Plaja, también criticaba a la popular Dolors Montserrat, porque los eurodiputados, instados por el PP y liderados por ella, «no han venido a interesarse por los resultados ni quieren conocer el modelo de escuela catalana, sino que vienen a intentar desacreditar ese modelo». Pero también ha dejado claro que «no se saldrán con la suya».
Y al ninguneo y menosprecio del Govern se han sumado entidades como la ANC; pero también la plataforma Somescola, que aglutina a asociaciones de padres, de escuelas o sindicatos, y que ha denunciado también la «instrumentalización» de las instituciones europeas y el uso «partidista» de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Ha criticado la «falta de parcialidad» de los eurodiputados que forman la misión y critican que se haya excluido «deliberadamente» a las federaciones de familias de la escuela pública y concertada.
Ha hecho, en definitiva, una defensa del modelo de inmersión, como ya hicieran desde el sindicato de profesores USTEC-Ste’s. Su portavoz, Iolanda Segura, llegó a asegurar ante unos sorprendidos eurodiputados, que el cumplimiento de una sentencia no podía estar por encima de lo que pueda pensar una «mayoría» que, según ella, defiende la inmersión.
Este miércoles finaliza la misión. Los parlamentarios se reunirán con la Síndic de Greuges, Ester Salinas. Y a media mañana, Yana Toom, jefa del grupo, ofrecerá una rueda de prensa. Por la tarde, también valorará la misión, la Asamblea por una Escuela Bilingüe y padres que han explicado su testimonio a los eurodiputados.
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