La financiación de las universidades públicas madrileñas

Antes de Navidad se vivieron varias situaciones de tensión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, y los rectores de las universidades públicas de Madrid, a propósito de la cuestión, siempre pendiente, de la financiación. Se ha acusado al gobierno regional madrileño de ser el que menos financia proporcionalmente a sus universidades públicas regionales.

Por fin, el 3 de diciembre de 2024, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con los rectores afectados para abordar la cuestión, y se anunció un incremento del 4,2 % en la aportación económica para 2025, lo que representa 47,3 millones de euros adicionales, en comparación con el año anterior. Se acordó, además, que durante el primer trimestre de 2025 se desarrollaría un modelo de financiación plurianual, con un sistema que incluiría financiación basal, singular y por objetivos.

Estamos pues en pleno alto el fuego, durante el cual cada una de las partes estará velando sus armas para ver cuánto más puede sacar del envite, y sobre todo para ver cuánto pesa lo basal (lo proporcional a datos cuantitativos, alumnos, profesorado, personal de administración, etc.), y cuánto está vinculado a objetivos, proporción, que nos cabe pocas dudas, que querrá aumentar el gobierno de la presidenta Díaz Ayuso.

El reciente informe CYD 2024, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que preside la misma señora que el Banco de Santander, Ana Botín, ha destacado que el problema de financiación de la universidad, no es tanto un problema de cantidad —que también— como de utilización eficiente de los recursos. Dice este documento en el punto 1º de su resumen ejecutivo: «Lo esencial es diseñar una estrategia que permita utilizar los recursos de forma óptima, con una clara vinculación a resultados medibles y objetivos de alto impacto. La discusión no debería centrarse en cuánto se invierte, sino en cómo y dónde se invierte para maximizar el retorno de la inversión para la sociedad y el desarrollo del sistema universitario español». Y aunque el documento reconoce que la proporción de gasto público en educación superior, en relación al gasto público total, en España (2,19 %), es significativamente inferior a la media de los países miembros de la UE (2,44 %), y los de la OCDE (2,72 %), lo más relevante es la ausencia de una estrategia integral de asignación de recursos.

Pero esta historia nos la vienen contado desde hace años, muchos, demasiados, y más que mejorar, las cosas globalmente empeoran. La perentoriedad en la mejora de la financiación de las universidades públicas —según proclaman sus rectores— es tan acuciante, como la falta de capacidad del sistema de reformar el modelo. Las soluciones a las que se llegan en las diversas CC. AA., tras complicadas negociaciones y arduos pactos, parece que no pasan de ser soluciones parciales y provisionales, patadas hacia adelante. La financiación —se quejan las universidades públicas— sigue siendo insuficiente, y la realidad es que las plantillas envejecen, la precariedad, los contratos de los profesores jóvenes es grande, y apenas hay dinero propio para investigar, mantener instalaciones, o renovar equipos. Si a todo esto añadimos la creciente competencia del sector privado, que sigue aumentado sus cuotas, a pesar de la enorme diferencia de precios, y la próxima llegada en 4 o 5 años de las primeras cohortes de alumnos en que el descenso demográfico se va a notar de verdad (según proyecciones del INE, se espera una disminución de entre el 15 % y el 20 % en la población universitaria para 2030), el coctel explosivo ya está servido.

No queda otro remedio en ir pensado de verdad y en serio, en cambios estructurales del sistema actual. En el Reino Unido se cambió a partir del curso 2011-2012 de modo radical el modelo de financiación de la docencia, pasando de financiar a las universidades, a financiar directamente a los alumnos mediante préstamos contingentes a la renta. Préstamos que solo se comienzan a devolver cuando el graduado empieza a trabajar, estando exenta una cantidad mínima de 21.000 libras, y devolviendo a razón del 9 % de las cantidades que superen este umbral exento. Además, la obligación de devolver que se extiende hasta un máximo de 40 años, cesa cuando haya una situación de paro o de incapacidad. Esto es compatible con que los estudiantes con menos recursos perciban ayudas complementarias para manutención y estancia.

Para los que piensen que se trata de una privatización de la enseñanza pública, les haría las siguientes reflexiones:

Se trata de préstamos que solo se devuelven cuando se obtienen ingresos, en los que hay una parte exenta, y se amortizan de modo proporcional a los ingresos obtenidos.

Téngase en cuenta, que el primer beneficiado de la enseñanza universitaria es el propio graduado, que estadísticamente está demostrado, tiene más capacidad de obtener empleo e ingresos, y de que estos sean más altos. Repárese en todos los graduados españoles de universidades públicas, cuyas carreras han sido financiadas con los impuestos de los ciudadanos de su región, que se van —legítimamente— a trabajar fuera de España. Hoy tenemos un drama con la fuga de talento, y en particular en el área de salud.

Lo obtenido con la devolución de los préstamos serviría para conceder préstamos a futuras generaciones, con lo que se constituiría una especie fondo solidario intergeneracional.

Este sistema propiciaría el que las universidades públicas multiplicaran al menos por 10 sus ingresos en concepto de tasas por matrícula, eso sí, entrarían en un juego competitivo importante, porque el alumno decidiría más libremente en qué universidad estudiar, juego competitivo que sería más completo, si los alumnos de las universidades de titularidad privada, también pudieran optar a estos préstamos en las mismas condiciones que los de las públicas.

Fernando Lostao Crespo es doctor en Derecho y profesor de la Universidad CEU San Pablo