La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Sumar maniobra para exterminar la concertada y castigar al catolicismo: «Esta medida es altamente peligrosa»
La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) ha comunicado a El Debate su «rechazo contundente» al nuevo intento de «suprimir la enseñanza concertada e implantar un modelo de educación único, laico y excluyente»
El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para suprimir progresivamente los conciertos educativos mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.
La iniciativa pide al Ejecutivo que celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes «con el fin de establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas».
En la exposición de motivos, la formación liderada por Yolanda Díaz señala que los centros concertados «generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos».
El sector educativo, en contra
La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) ha comunicado a El Debate su «rechazo contundente» al nuevo intento de «suprimir la enseñanza concertada e implantar un modelo de educación único, laico y excluyente». Asimismo, el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en España ha defendido que los centros concertados son «abiertos, y plurales y hacen posible, independientemente del nivel socioeconómico, el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de educación que consideran más conveniente para sus hijos».
Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, argumenta que «lo que deben hacer los responsables políticos no es atacar este tipo de enseñanza, sino aprobar una financiación justa que solvente el déficit actual, garantizando la gratuidad del coste real del puesto escolar y permitiendo que las condiciones de trabajo de sus profesionales docentes y no docentes sean equiparadas a quienes trabajan en centros públicos».
Por otro lado, ha recordado que «la enseñanza concertada no es un problema del sistema educativo, como se pretende hacer ver, sino una parte importante del mismo que contribuye con eficacia y buenos resultados a la formación y educación de cientos de miles de personas».
Raül Adames, responsable de Colegios CEU, ha defendido en conversación con este medio la libertad de enseñanza, contra la que atenta esta nueva medida de Sumar, y ha argumentado que «para que se mantenga esa libertad debe haber múltiples modelos educativos».
«Es mentira que la escuela pública sea neutra. La neutralidad de la educación no puede darse. Tiene que haber distintos modelos para que las familias elijan aquel en el que se sientan más cómodas. El derecho constitucional de la educación con un solo modelo es altamente peligroso para una sociedad democrática», ha apostillado este docente.
Por otro lado, respecto a la guerra abierta de Sumar contra la Iglesia católica, a quien quiere eliminar del panorama educativo público y concertado, Adames ha esgrimido que en los centros concertados de ideario católico, como es el caso de varios centros del CEU, son lugares «donde las familias católicas se sienten llamadas y las no católicas completamente acogidas».
