Las comunidades se rebelan contra el decreto de universidades del Gobierno: «Van a tener que empezar de cero»

El Gobierno de Aragón ha autorizado el ejercicio de acciones judiciales contra el Real Decreto 905/2025 de 7 octubre, por el que se modifica la normativa reguladora de la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

Así, interpondrá ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra las modificaciones del Real Decreto, aprobadas por el Gobierno central, al considerar que genera inseguridad jurídica, invade las competencias de las comunidades autónomas y perjudica a territorios como Aragón, en favor de otros.

De esta forma, el Ejecutivo regional liderado por Jorge Azcón sigue la estela de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, quien recurrió el pasado 19 de noviembre este reglamento ante el Tribunal Supremo al considerarlo «arbitrario» y por «vulnerar» las competencias autonómicas.

El recurso sostiene que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce a las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica. Sin embargo, este Real Decreto, según el Gobierno de Ayuso, supera ese marco básico y deja escaso margen a las regiones para regular por su cuenta.

Por su parte, desde Aragón consideran que el cambio sustancial de los requisitos del Real Decreto nada tienen que ver con la calidad de la enseñanza argumentada por el Gobierno central, sino en constituir límites arbitrarios a la creación y reconocimiento de nuevas universidades. Unas modificaciones que nos dejan en situación de inseguridad jurídica.

En ese sentido, el cambio de los requisitos, como el hecho de superar los 4.500 alumnos, perjudica directamente a Aragón en favor de otros territorios. Además, invade las competencias autonómicas en materia de universidades ya que, por ejemplo, las universidades online pasan a ser de competencia estatal.

Hasta ahora el proceso de autorización de las universidades privadas presenciales y virtuales era competencia de las comunidades autónomas. Y para las universidades presenciales, a pesar de que, como novedad, en el nuevo Real Decreto se va a exigir un informe preceptivo y vinculante de la agencia de calidad universitaria de cada comunidad (en Aragón se acomete esa tarea a través de ACPUA), invaden nuevamente las competencias autonómicas porque imponen desde el Gobierno central a algunos de los miembros de la comisión evaluadora de la agencia autonómica.

La modificación normativa del Gobierno de España cambia el procedimiento sin ofrecer un período transitorio, por lo tanto afecta directamente a estos tres proyectos que estaban interesados en instalarse en Aragón.

Dichos proyectos se enviaron al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto, «pero van a tener que empezar desde cero» con el consiguiente perjuicio porque estaban ya en tramitación en Aragón dentro del ámbito de las competencias autonómicas, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Por eso, ese recurso «trata de apoyarse, además de la inseguridad jurídica y la invasión de competencias autonómicas que se producen y que el ejemplo más claro son estos tres proyectos».