La década perdida en Educación

Existe una percepción generalizada, avalada por datos y la fatiga de los propios docentes, de que la educación española ha atravesado una «década perdida». Años marcados primero por el bloqueo legislativo al que sometió el parlamento la reforma impulsada por el entonces ministro Wert; después, por la búsqueda del llamado Pacto Social y Político por la Educación, que duró exactamente lo que le interesó a Pedro Sánchez.

Cuando en marzo del año 2018 el grupo socialista se levantó de la mesa de negociación, no lo hizo sobre la base de argumentos que evidenciaran posibles discrepancias en el ámbito educativo, sino porque detrás del telón ya se estaba preparando la moción de censura que desalojaría del gobierno al Partido Popular. ¿Por qué los socialistas iban a alcanzar un pacto si meses después tendrían en sus manos la posibilidad de ejecutar lo que siempre han hecho con las reformas educativas del Partido Popular? Impedir por todos los medios su aplicación.

Lo hizo Zapatero con la Ley de Calidad de Pilar del Castillo –LOCE– y lo repitió Pedro Sánchez con la Ley de Mejora de la Calidad de la Educación –Lomce–, y eso que en el caso de esta última el entonces ministro conservó buena parte del texto de la LOE socialista, quizá pensando ingenuamente que de esta forma blindaba su reforma ante un posible y futuro cambio de gobierno. Los hechos demostraron justamente lo contrario.

Desde que el partido socialista impulsó en la década de los 90 la aprobación de la Logse, no ha habido posibilidad alguna de que el sistema educativo se desprendiera de las nefastas medidas que todavía a día de hoy le siguen lastrando. Las sucesivas leyes que han elaborado los socialistas siguen residiendo en principios absolutamente desfasados. Por eso nuestro sistema educativo sigue estancado; por eso la brecha en relación al abandono educativo temprano, en el 13 % todavía a día de hoy cuando Europa marca el objetivo del 9 % para el año 2030, sigue siendo una gran losa para el futuro de nuestros alumnos. Por eso los informes PISA de la última década no muestran una curva ascendente en relación al nivel de conocimientos de nuestros alumnos, sino un profundo estancamiento y, en áreas críticas como la comprensión lectora y las matemáticas, un retroceso.

La izquierda de este país se ha negado sistemáticamente a realizar reformas de calado, aferrada siempre al más profundo inmovilismo. Hacerlo sería reconocer su equivocación durante décadas, porque las evidencias empíricas que arroja cualquier estudio medianamente serio demuestran que los socialistas han impulsado el sistema educativo español en dirección contraria a lo que hace el resto del mundo.

La herencia de la penúltima ministra de educación socialista, Pilar Alegría, queda acreditada en un folio en blanco. La falta de gestión tiene consecuencias, y estas afectan directamente al eslabón más débil de la cadena: los alumnos. Estos siguen soportando un sistema educativo obsoleto y absolutamente opaco. El espejismo digital que vendió la idea de que llenar las aulas de tabletas era sinónimo de innovación olvidó lo fundamental: la formación de quienes debían trasladar el uso de las mismas a los alumnos, los profesores. La pandemia de 2020 arrojó datos absolutamente reveladores sobre esta cuestión. La adquisición de competencias digitales resulta absolutamente imprescindible para los alumnos, pero hacer de las mismas el núcleo de todo el sistema ha sido un profundo error. A día de hoy son muy pocos los que dudan de que la presencia del libro de texto en el aula resulta absolutamente imprescindible.

Es imposible mejorar cualquier sistema cuando la ausencia de evaluaciones constituye uno de los pilares del mismo. La transparencia sigue estando íntimamente vinculada a la calidad. Si se desconoce lo que realmente funciona, difícilmente se podrá impulsar. Si se permanece ajeno a las medidas que lastran la educación en España, resultará imposible corregirlas. El sistema educativo español carece de un sistema de evaluaciones que permita actuar en un corto espacio de tiempo sobre las deficiencias del mismo, impulse la equidad y termine de una vez por todas con esa España de diferentes velocidades que sitúa a unas comunidades autónomas al nivel de los mejores países europeos y a otras en el furgón de cola de la OCDE.

Los profesores, inmersos en tareas burocráticas y acorralados por una interinidad creciente, siguen esperando el prometido Estatuto del Docente. El profesor es la piedra angular sobre la que asentar cualquier mejora del sistema educativo. Sin un cambio en profundidad en su formación inicial, selección y desarrollo de carrera profesional, difícilmente España logrará las cotas de calidad que requiere la educación en nuestro país. Los profesores precisan reconocimiento personal, social y económico conforme a un sistema que les permita diseñar su hoja de ruta profesional. Escribía hace una semana en este medio el profesor López Rupérez un magnífico artículo que invitaba a mirar la medicina como espejo donde ver sus grandes logros y la excelencia que ha convertido nuestro sistema sanitario en uno de los mejores del mundo. La sanidad en España ha centrado sus políticas en los profesionales. Ahí está el resultado. Todavía estamos a tiempo de hacer lo mismo en educación.

La gran asignatura que ha de abordar nuestro país es la educación. Pensar que con pequeñas correcciones el sistema puede ir avanzando constituye un craso error. El estancamiento conduce al retroceso. La brecha social en España crece de forma evidente y la educación es uno de los factores de la misma. El deber de cualquier gobierno es ofrecer una formación de la máxima calidad, ajustada a las necesidades de un mundo cambiante y en constante movimiento. La gran reforma sigue pendiente.