No todas las universidades son iguales

Recuerdo que cuando yo era un niño, en el comienzo democracia, hace ya 50 años, ir la Universidad se consideraba un éxito social entre la clase media emergente. Las familias hablaban con orgullo cuando podía mandar a sus hijos a unas aulas que hasta hace poco está limitadas a unas élites económicas y sociales. A la muerte de Franco había en España unos 300.000 estudiantes universitarios y estar entre ese grupo era, por primera vez, un deseo aspiracional de muchas familias. En mi caso, tanto que mis padres decidieron abandonar su puesto tranquilo en un pueblo de Burgos, donde trazábamos nuestros orígenes, para trasladarse a Madrid, con tal de que mi hermano mayor, y después el resto, ingresamos en la Universidad para poder ser personas de provecho. Mi padre no entendía la diferencia entre la Complutense, las recientemente creadas Autónoma, Alcalá o Politécnica. El caso era que sus hijos pudiesen ir a la Universidad para tener una vida mejor que la que él tenía.

Como creía mi padre, durante décadas, el discurso predominante sobre la universidad pública española ha insistido en su carácter homogéneo. Se asumía que, para un estudiante potencial, elegir entre una u otra institución pública resultaba prácticamente indiferente desde el punto de vista de los resultados laborales esperados. Esta percepción, arraigada tanto en el diseño institucional como en el imaginario colectivo, ha comenzado a resquebrajarse ante la evidencia empírica. Los datos del reciente estudio «Selectividad, acceso y empleabilidad: evidencia de la diferenciación institucional en la universidad pública española» que hemos desarrollado en colaboración con Marta Martínez-Matute, María Teresa Ballestar e Ismael Sanz, revelan una realidad más compleja y matizada: Con 1.500.000 de estudiantes de grado ya no todas las universidades son iguales, y la elección de dónde estudiar importa.

El análisis de la cohorte de estudiantes que ingresó al sistema universitario público en el curso 2015-2016, seguida hasta 2023, muestra con claridad que tanto el «qué se estudia» como el «dónde se estudia» se asocian a diferencias estadísticamente significativas en los resultados laborales de los egresados. Esta diferenciación se manifiesta en dos dimensiones fundamentales: la disciplinar y la institucional. Las áreas de estudio con mejor empleabilidad estructural, como Informática, Ciencias de la Salud o determinadas Ingenierías, exigen notas de acceso significativamente más elevadas que aquellas con menor inserción laboral. Pero más relevante aún es que las universidades se agrupan en segmentos claramente diferenciados según sus perfiles de selectividad en el acceso y sus resultados de empleabilidad.

Nuestro trabajo identifica cinco clústeres institucionales con características distintivas. El primero agrupa universidades que, pese a requerir notas de acceso relativamente bajas, logran tasas de afiliación laboral superiores al 63% en el primer año tras la graduación y salarios medios de 25.075 euros durante los cuatro primeros años de vida profesional. El segundo segmento corresponde a instituciones altamente selectivas, con notas de acceso medias de 8,14, que también obtienen excelentes resultados laborales. En el extremo opuesto encontramos universidades con tasas de afiliación que apenas superan el 42% y salarios medios inferiores a los 22.300 euros.

Estas diferencias no son transitorias ni producto del azar. El análisis longitudinal confirma que persisten durante al menos los cuatro primeros años de vida profesional, configurando trayectorias laborales sistemáticamente distintas. La universidad donde se estudia no solo condiciona las oportunidades inmediatas tras la graduación, sino que genera una ventaja acumulativa que se mantiene en el tiempo. Entre los egresados de los segmentos de mayor eficacia y los de menor rendimiento laboral observamos brechas salariales superiores al 12%, una diferencia que adquiere especial relevancia en un contexto de creciente preocupación por la rentabilidad de la inversión educativa.

¿Qué explica estas diferencias? Los mecanismos son múltiples y complejos. Por una parte, el proceso de selección académica concentra estudiantes con mayor capacidad y motivación en determinadas instituciones y titulaciones. Pero la selectividad no lo explica todo. Instituciones con niveles académicos muy elevados no siempre traducen ese desempeño en mejores resultados laborales, mientras que otras con requisitos de acceso más moderados logran tasas de empleabilidad notablemente superiores. Esto sugiere que el entorno institucional desempeña un papel relevante más allá del perfil individual de los estudiantes, probablemente a través de factores como la calidad de la formación, la orientación profesional, las prácticas en empresas y la conexión con el tejido productivo.

Un hallazgo particularmente revelador es la relación no lineal entre selectividad y heterogeneidad interna del sistema. Las titulaciones con notas de acceso bajas presentan una dispersión muy elevada entre universidades, lo que indica que, cuando el filtro de entrada es menos exigente, las instituciones difieren sustancialmente en sus criterios, recursos y resultados. Por el contrario, en los grados altamente selectivos la dispersión se comprime, sugiriendo una mayor convergencia en estándares y perfiles. Esta estructura estratificada tiene implicaciones importantes para las políticas universitarias: mientras que en el extremo de baja selectividad existe margen para mejoras significativas en calidad y estandarización, en el segmento más competitivo los desafíos se centran en garantizar equidad y acceso.

La diferenciación institucional que documentamos no implica necesariamente una pérdida de calidad del sistema en su conjunto, pero sí plantea interrogantes sobre equidad y movilidad social. Si la elección de universidad condiciona de manera persistente las trayectorias profesionales, resulta fundamental asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a información clara y comparable sobre los resultados laborales esperables de sus decisiones educativas. La publicación de datos oficiales desde 2014 constituyó un avance en esta dirección, pero queda camino por recorrer en materia de orientación y apoyo a la toma de decisiones.

La evidencia desmonta el mito de la homogeneidad del sistema universitario público español. No todas las universidades son iguales, ni en términos de selectividad ni en términos de resultados laborales. Esta diferenciación no debe interpretarse necesariamente como un problema, sino como una característica estructural que requiere ser reconocida, analizada y gestionada adecuadamente. Solo mediante políticas informadas que atiendan a esta diversidad institucional podremos garantizar que el sistema universitario cumpla efectivamente su función como motor de promoción social y desarrollo económico.