El PP busca tumbar el decreto universitario del Gobierno por distintas vías

El Partido Popular está tratando de derogar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades a través de distintas vías, como recursos de algunas de sus comunidades autónomas en el Tribunal Supremo o iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados (una proposición de ley o una enmienda a una ley socialista).

El concreto, la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja recurrieron el conocido como decreto 'antichiringuitos' universitarios ante el Tribunal Supremo, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

También presentaron recursos ante este tribunal instituciones académicas como el CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín.

El Gobierno aprobó a mediados del pasado mes de octubre esta norma con el objetivo de que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumplan con unos estándares de calidad.

La Comunidad de Madrid interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto al considerarlo «arbitrario» y por «vulnerar» las competencias autonómicas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que esta norma «limita injustificadamente» la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española; que va contra la seguridad jurídica; y que ha sido elaborado «sin ningún tipo de negociación o consenso».

Para el Ejecutivo madrileño este real decreto es «puramente ideología» y no responde a la búsqueda de la «verdadera calidad» de los centros. El recurso presentado sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado «solo debe fijar la normativa básica».

«Sin embargo, este real decreto supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta. La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas», apuntan desde la Comunidad de Madrid, que considera también que el proyecto ha sido tramitado «con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas».

Desde la Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear, indican a Europa Press que la Abogacía de la comunidad autónoma presentó el recurso al estar en desacuerdo con el requisito del mínimo de 4.500 estudiantes y un mínimo del 10% de plazas de residencias para los estudiantes.

El Govern balear presentó este recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que estos requisitos son «discriminatorios» para Baleares frente a otras comunidades autónomas.

Por su parte, Extremadura presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto «convencida» de que va a prosperar.

Esta comunidad autónoma considera que la norma aprobada por el Gobierno nacional introduce «cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias» de las administraciones autonómicas.

También critica que dicho decreto se haya aprobado por el trámite de urgencia «sin necesidad alguna de llevarlo a efecto» y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que «son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria».

En el recurso, Extremadura solicita, entre otros aspectos, la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación y adquisición de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades autónomas.