El Gobierno sigue ignorando a las comunidades y continúa con el trámite de la ley del docente

El anteproyecto de ley que bajará las ratios en las aulas y reducirá la jornada docente continúa su trámite y la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, en la que participan los sindicatos, se reúne este jueves con el Ministerio de Educación.

Los dirigentes sindicales de la enseñanza pública no universitaria volverán a analizar el último borrador de esta norma, que contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Infantil y Primaria y de hasta 25 en Secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente, que marca la ley actual.

El anteproyecto también señala que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) cuente como doble plaza, pero tanto los sindicatos como el Consejo Escolar del Estado (CEE) abogan porque cualquier estudiante con necesidad o vulnerabilidad cuente doble.

Así lo señalaba la ponencia elaborada por la Comisión permanente del CEE que además proponía que la rebaja de la jornada lectiva del profesorado -hasta un máximo de 23 horas semanales en Primaria y de 18 horas en Secundaria- se extienda a la enseñanza concertada.

Educación se compromete a elaborar un índice de vulnerabilidad socioeconómica que sirva para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presenten una situación de especial complejidad.

Lo cierto es que el sexto borrador que hoy será presentado a los sindicatos no ha incluido ninguna de estas peticiones, aunque la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha mostrado abierta a los cambios que puedan introducirse durante la tramitación de la ley en el Congreso.

«Seremos flexibles en lo que se puede aportar en la tramitación parlamentaria pero seguirá como lo teníamos planificado», dijo Tolón el día que el anteproyecto era presentado en la Conferencia Sectorial de Educación a las Comunidades Autónomas.

La ministra se mostró dispuesta a que se abriera un grupo de trabajo con las consejerías de Educación para recibir aportaciones pese a que dejó claro que la ley continuaría su trámite.

La autonomías gobernadas por el PP, y alguna otra como la del País Vasco, mostraron su preocupación ante la ausencia de una memoria económica, sobre todo porque la reducción de la jornada docente será costosa y según el anteproyecto entraría en vigor el próximo curso 2026-2027.

Sin embargo, Tolón ha matizado que la ley contempla fórmulas flexibles, como la codocencia o los apoyos en aula, que no exigen necesariamente desdobles estructurales.

«La reducción de la jornada lectiva permitirá al profesorado planificar y coordinar actuaciones centradas en la atención individualizada del alumnado y de la educación inclusiva y de calidad, así como fomentar el trabajo colaborativo», puntualizó.