Ninguna universidad entre las 100 mejores: pero Morant ya tiene al culpable

Hay gobiernos que, cuando detectan un problema, intentan resolverlo. Otros prefieren encontrar un culpable y eximir la responsabilidad de resolver el problema. En materia universitaria, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber optado por la segunda alternativa. Y Diana Morant ya ha identificado al sospechoso: la universidad privada.

Recientemente, la ministra ha anunciado nuevas medidas contra lo que ella misma denomina la «privatización salvaje» de la universidad española. Salvaje. No mediocre, deficiente o carente de calidad. El lenguaje no es inocente porque revela una concepción que impregna buena parte de la política universitaria del Gobierno: dividir las universidades no entre buenas y malas, sino entre públicas y privadas, otorgando a las primeras una presunción de virtud y a las segundas certeza de devaluación.

El argumento ministerial es conocido. Durante los últimos veinticinco años apenas se han creado universidades públicas mientras han nacido numerosas privadas. Pero hay una pregunta elemental: si faltan plazas en las universidades públicas, ¿por qué no las crean? Y otra todavía más incómoda: ¿para qué queremos más universidades públicas que funcionen exactamente igual que las actuales cuando el propio sistema reconoce que no dispone de recursos suficientes para financiar adecuadamente las existentes?

No es una opinión. La CRUE acaba de trasladar al presidente del Gobierno la «infrafinanciación crónica» del sistema universitario público y reclama alcanzar el objetivo de inversión pública de al menos el 1 % del PIB previsto por la LOSU.

La paradoja es formidable: el Gobierno aprueba una ley que reconoce las necesidades financieras de la universidad pública; los rectores reclaman al Gobierno los recursos comprometidos por esa misma ley; y la respuesta del Ministerio es alertarnos del peligro que supone que crezcan las universidades privadas.

Curiosa manera de gestionar los problemas: cuando no se sabe arreglar la casa propia, se criminaliza con especial entusiasmo al vecino.

Buscando al culpable

Esta obsesión quedó plasmada en el Real Decreto 905/2025 que, además, se usa como cortina de humo para disimular los errores de cálculo en la financiación universitaria presentes en la LOSU.

El preámbulo de dicho Real Decreto debería explicar con total asepsia jurídica las razones que justifican una norma. Sin embargo, leyéndolo, uno tiene la sensación de que el legislador no está justificando una regulación, sino redactando la instrucción de una investigación criminal cuya querella va dirigida contra la universidad privada.

Alfonso Bullón de Mendoza denunció reiteradamente el fondo de esta concepción. Y su argumento resulta difícil de ignorar: ¿por qué debe convertirse la universidad pública española en el patrón al que han de asemejarse todos los demás modelos universitarios en España?

Una cosa es exigir calidad y otra utilizar la regulación para imponer un modelo único de universidad, convirtiendo las características de la pública en el patrón con el que medir a todas las demás. Exijamos buenos profesores, investigación, transferencia y solvencia académica, con idéntico rigor para públicas y privadas, criterios internacionales y evaluadores realmente independientes.

Hoy, nuestras normas no nos acercan a la élite internacional y los evaluadores, procedentes mayoritariamente de universidades públicas, pueden ser competencia directa o indirecta de aquellas a las que juzgan. No existe independencia cuando competidor y evaluador comparten la misma camiseta.

Convendría mirar el mundo

Para comprobar si la evaluación de la calidad y la excelencia universitaria pertenece a un determinado modelo de titularidad basta con abandonar durante unos minutos el BOE y observar qué ocurre fuera de España.

Tomemos los tres rankings universitarios de mayor reconocimiento internacional.

Tres metodologías diferentes. Veamos entonces quién ocupa sus diez primeras posiciones:

Conviene precisar algunos datos. Oxford, Cambridge, Imperial College, o University College of London no son universidades privadas tipo estadounidense. Son instituciones autónomas británicas con modelos propios de gobierno (gestión privada) y financiación pública significativa. Por tanto, queda demostrado que la excelencia universitaria no responde a un único modelo de propiedad, financiación o gobernanza.

Y entre las inequívocamente privadas encontramos nombres tan modestos como Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Yale, Columbia, Chicago o Caltech. El MIT encabeza QS. THE coloca entre las diez primeras al MIT, Princeton, Harvard, Stanford, Caltech y Yale. Y Shanghái, coloca primera a Harvard, segunda a Stanford y tercera al MIT.

España está entre las quince mayores economías del mundo, pero su mejor universidad no figura entre las cien primeras en ninguno de los tres grandes rankings internacionales. La Universidad de Barcelona ocupa el puesto 145 en Times Higher Education, el 165 en QS y entre el 151 y el 200 en Shanghái. No parece precisamente el expediente académico de un modelo que merezca convertirse en obligatorio para todo el sistema universitario español.

Pero el Ministerio ha encontrado una solución imaginativa: si el modelo no alcanza la excelencia, no lo reformemos; obliguemos a todos a parecerse a él. Y, de paso, busquemos un culpable. La universidad privada resulta perfecta para ese papel: mientras discutimos sobre sus propietarios, su crecimiento o la temible «privatización salvaje», evitamos preguntarnos por qué décadas de leyes, agencias, verificaciones, acreditaciones e intervencionismo no han colocado una sola universidad española entre las cien mejores.

La paradoja es que precisamente las privadas, por su mayor autonomía y agilidad de gestión, podrían experimentar, atraer talento, relacionarse con la empresa y adaptarse más rápidamente. Si aciertan, aprendamos; si fracasan, asumirán las consecuencias sin cargar la factura al contribuyente. Se llama competencia.

Pero aquí preferimos otra fórmula para evitar la competencia: como nuestro mejor corredor no llega a la final, en lugar de entrenarlo mejor, ponemos una bola de acero en los tobillos de quienes podrían correr más deprisa. Y después culpamos a estos de que el equipo pierda.

Quizá la «privatización salvaje» sea una magnífica cortina de humo. Porque la pregunta incómoda sigue esperando respuesta: ¿por qué una de las mayores economías del planeta no tiene una sola universidad entre las cien mejores del mundo?

Ministra, deje de buscar culpables y encuentre soluciones. La cruda realidad es que ninguna universidad española está entre las cien mejores del mundo y el problema no es que fuera corran demasiado: es que en España llevamos demasiado tiempo intentando correr con el freno de mano echado.