Después del chantaje de Morant, el banquete continúa

El 4 de septiembre, el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria se constituyó por fin. Todas las comunidades autónomas participaron. Sobre la mesa seguían los mismos 149,67 millones de euros de la anualidad 2026 del programa María Goyri. El acuerdo salió adelante sólo con el voto en contra de Islas Baleares. La ministra Diana Morant celebró en redes que «el bloqueo queda atrás». La CRUE habló de «desbloqueo». El relato oficial quedó cerrado: el Partido Popular había impedido en julio el refuerzo de la universidad pública; ahora, por fin, se hacía justicia.

La frase es impecable en su economía política. Convierte una ausencia justificada por la emergencia de los incendios, la misma razón por la que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se aplazó aquella semana, en un «bloqueo» deliberado. Convierte una reunión telemática de treinta minutos, con un acuerdo ya cocinado en comisión delegada, en el momento fundacional de la lealtad institucional. Y convierte la firma de un convenio de cofinanciación insuficiente en prueba de que se defiende la universidad pública.

Nada de eso altera el fondo del asunto que ya inició el 29 de julio. El Ministerio ha convertido el consenso en trámite y el trámite en chantaje. Y el chantaje ha funcionado.

Después de ver la Odisea de Christopher Nolan, el paralelismo con Ítaca es innegable. Los pretendientes no conquistaron el palacio por la fuerza. Entraron amparados en una propuesta formalmente impecable: casarse con Penélope. Bajo el paraguas de esa oferta se instalaron, impusieron su presencia y empezaron a disponer de un patrimonio que no era suyo. El Ministerio ha hecho algo análogo con la LOSU. Ha entrado en un ámbito competencial que pertenece a las comunidades autónomas desde hace décadas y ha impuesto desde ahí un nuevo orden de plantillas, un catálogo de figuras contractuales y un gasto obligatorio y creciente. La ley la escribe una administración. La factura la paga otra.

Telémaco y Penélope siguen siendo las comunidades y las universidades. Observan cómo una fuerza externa toma decisiones financieras y de gestión dentro de su propia casa. La diferencia es que ahora el banquete se ha servido. Los 149,67 millones se repartirán: 34,8 para Cataluña, 28,3 para Madrid, 21 para Andalucía, 17,8 para la Comunitat Valenciana, y así sucesivamente. El Estado aporta el aperitivo de seis años de cofinanciación parcial. El capítulo I permanente (las 5.636 plazas que deberán estabilizarse cuando la ayuda termine) lo asumen las comunidades y las universidades con cargo a presupuestos que nadie ha ampliado de manera estructural.

Los datos de ejecución previos al pleno de septiembre ya mostraban la asimetría. En mayo estaba cubierta la totalidad de las plazas financiadas por el Estado. De las 2.236 que corresponden a las comunidades, apenas un 14,5 %. Lo que se ejecuta con dinero ajeno avanza deprisa. Lo que hipoteca diez ejercicios propios, no. El mandato de la propia LOSU, el 1 % del PIB al sistema universitario público en 2030, sigue siendo una cifra que se legisla en el BOE y se paga en las consejerías. Nadie ha explicado todavía de dónde sale.

Diana Morant es secretaria general del PSPV y su agenda pública se ha concentrado durante meses en la Comunidad Valenciana, donde se da por hecha su candidatura a la Generalitat. Compatibilizar el cargo con la política de partido es legítimo y frecuente. También tiene un coste: un ministerio que sustituye la construcción lenta de acuerdos por la gestión del conflicto, mucho más rentable en titulares. Convocar en plena emergencia, negarse a aplazar, acusar de boicot antes del mediodía y, dos meses después, celebrar el «fin del bloqueo» no es política universitaria. Es campaña.

El pleno de septiembre lo presidió de nuevo el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa. La ministra no necesitaba estar. El trabajo sucio de imponer el marco ya estaba hecho. Disponer del dinero del presupuesto no equivale a orientarlo al bienestar del sistema universitario. Lo primero se resuelve con aritmética de quórum y con la presión mediática del «bloqueo». Lo segundo exige una conversación que este ministerio ha decidido no mantener.

Mientras tanto, la legitimidad pública de la ciencia y de las universidades sigue siendo, en muchos países, un activo relativamente resistente. En el Reino Unido, un estudio reciente de la Campaign for Science and Engineering muestra que, pese al desplome de la confianza en instituciones como el Gobierno, la BBC o el propio NHS, los científicos y el sistema de I+D conservan un apoyo transversal: el 69 % de los encuestados considera importante invertir en investigación y el 63 % atribuye un impacto positivo a las universidades. Ese apoyo, sin embargo, se describe como «superficial» y no ha sido sometido aún a un relato político hostil sostenido. El riesgo de que los debates sobre el valor de los títulos o sobre la financiación se conviertan en trincheras partidistas es real.

España no es ajena a esa tensión. La confianza ciudadana en la universidad pública aún no se ha desplomado, pero cada episodio en el que el Estado legisla y las comunidades pagan, cada programa de plazas temporales que se convierte en gasto estructural sin financiación suficiente, y cada conferencia sectorial convertida en escenario de acusaciones de boicot, erosiona el capital simbólico del sistema. Los 3.400 jóvenes doctores con contrato de seis años y ninguna certeza sobre el séptimo, y las universidades que planifican plantillas sobre transferencias condicionadas a la aritmética de un pleno, son los primeros perjudicados. No el Ministerio ni las consejerías.

En Homero el relato tiene desenlace. Odiseo regresa, tensa el arco y limpia el palacio. Aquí no hay regreso. El Estado legisla, las comunidades firman y pagan, y las universidades siguen planificando sobre transferencias que dependen de que una videoconferencia alcance quórum. El 4 de septiembre se sirvió el siguiente plato del banquete. Los pretendientes, entretanto, siguen comiendo.